Mata y Díaz Ferrán están acusados por presunta maniobra fraudulenta
Seguirán investigando a cuatro ex directivos de AA bajo gestión privada.
Seguirán investigando a cuatro ex directivos de AA bajo gestión privada.
La justicia revocó los sobreseimientos de cuatro imputados por una presunta maniobra fraudulenta en perjuicio de Aerolíneas Argentinas (AA) cuando estaba gestionada por empresas españolas, consistente en el desvío de unos 758 y 1238 millones de dólares aportados por el Estado español para sanear deudas. Ese dinero, en rigor, habría sido capitalizado por una accionista privada que controlaba a la empresa aerocomercial hoy recuperada por el Estado. Se trata del expediente en el que están bajo investigación los empresarios españoles Antonio Mata Ramayo y Gerardo Díaz Ferrán, imputados por "haber desviado los fondos que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España (SEPI, corporación constituida en España siendo propietario el Estado español, que hasta octubre de 2001 resultaba accionista mayoritario y controlante total de la firma Interinvest SA) entregara a Air Comet SA para ser destinados a sanear el pasivo de AA, al desarrollo de un plan industrial y a la renovación de la flota de la aerolínea, entre otras cosas, en el marco de un convenio de transferencia".
La causa pasó en 2009 a tramitar ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Pero una parte del expediente quedó ante el juez de instrucción porteño Alberto Baños, quien dictó la "falta de mérito" para un grupo de imputados y sobreseyó a otros: María Cristina Tapia Sasot (síndico de Aerolíneas y de Interinvest), Héctor Gustavo Alonso (integrante de la Comisión Fiscalizadora), Diego Fargosi (ex director de Aerolíneas) y Carlos Mateu (director suplente).
Lo que está bajo investigación es la aprobación del balance de AA en 2001, cuando atravesó el proceso que la puso al borde de la desaparición, en el gobierno de la Alianza. El juez Martínez de Giorgi investigaba hasta ahora a Pedro Fargosi (al igual que Diego, familiares de un actual consejero de la Magistratura), Luis Conrado Lupori, Gonzalo Pascual Arias, Díaz Ferrán, Gustavo Miguel Uturbey, Nilo Eduardo Díaz, Armando Nicolás Bergalli, Nina Lupori y Rubén Segal. Con una compleja maniobra presuntamente disimulada en asientos contables, la asamblea de accionistas que aprobó el 18 de octubre de 2002 el balance del ejercicio del año anterior "despojó al Estado nacional de su participación activa en la aerolínea de bandera". Eso constituyó, según la acusación, el delito de "defraudación contra la administración pública". Y el perjuicio lo sufrió directamente el Estado. "Mata Ramayo, como presidente de Air Comet, con el dinero adelantado por la SEPI habría abonado U$S 195 millones en España a distintos bancos acreedores de Aerolíneas y se subrogó en el crédito". Dicho de otro modo: en lugar de quitarle la deuda a Aerolíneas, le compró la deuda a varios acreedores y pasó a ser él mismo acreedor, mientras la deuda de la empresa aerocomercial persistía y su asfixia económica la ponía al borde del abismo.
Los fiscales Cristina Camaño y Sandro Abraldes entendieron que "no resulta oportuno a esta altura del proceso desvincular a los imputados" que fueron sobreseídos por Baños. En realidad, como el expediente es investigado por otro juez, debía ser él el que resolviera si Tapia Sasot, Alonso, Diego Fargosi y Mateu quedan desvinculados. Y la Sala 6 de la Cámara del Crimen les dio la razón: "No parece razonable que el juez de la instancia anterior haya decretado la falta de mérito para procesar o sobreseer a Horacio Pedro Fargosi, Mata Ramayo, Díaz Ferrán, Lúpori, Díaz y Uturbey porque entendía que era el magistrado federal el que debía evaluar (...) la vinculación que tenían con los funcionarios públicos y, por ende, el alcance de sus participaciones, y por el resto, dicte un temperamento desvinculatorio." A los sobreseídos, dijo la Cámara, "les caben las mismas consideraciones" que a quienes tuvieron falta de mérito.
Por: N. O. E.
