Opinión - Pag. 24
Editorial
Los 30 millones de pesos injustificados que el Estado pagó en un mes a empresas de colectivos permiten sospechar una gigantesca estafa
La desaforada política de subsidios al transporte público del kirchnerismo tiene por lo menos dos caras. Por un lado, el despilfarro de fondos públicos con fines proselitistas mediante el mantenimiento de tarifas bajas e irreales, como ha ocurrido durante años con las de los trenes y colectivos. Por el otro, los presuntos negociados que se habrían realizado junto con la entrega de subsidios de miles de millones de pesos que habrían beneficiado no sólo a empresarios del transporte y a concesionarios sino, muy probablemente, también a algunos funcionarios.
Una prueba de la solidez de esta presunción son los cuatro procesamientos y la condena que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, acumula en veinte causas mientras es juzgado por la criminal tragedia de la estación Once.
Otra prueba la brindó días atrás al revelar que sólo en el área metropolitana se pagaban por compensaciones al combustible 30 millones de pesos de más por mes a las empresas de colectivos. En un año, y sólo en los servicios que tienen el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), sumarían unos 350 millones que se habrían pagado de más, expresó una fuente del Ministerio del Interior y Transporte, aunque se sospecha que la cifra podría ser mayor.
Es preciso destacar que el descubrimiento lo realizó el propio ministerio a cargo de Florencio Randazzo, al cruzar, el corriente mes, los datos satelitales que surgen de las máquinas del SUBE con las cifras que las empresas de colectivos denunciaban mensualmente para luego cobrar las compensaciones. La disparidad en las cifras comprometería a varios grupos transportistas. Algunos empresarios adujeron errores en los cálculos del ministerio o en las máquinas del SUBE.
Este procedimiento de control podría probar las crecientes y fundadas sospechas de corrupción en los diez años del sistema de subsidios al transporte. Si las empresas incrementaron en los papeles las cifras de sus gastos para cobrar en exceso ha sido porque hubo funcionarios que lo consintieron. Es más: no habría existido, por lo visto, ningún tipo de control por parte de las autoridades, que daban por ciertas y sin chequeos las declaraciones juradas de las empresas.
Como informó este diario, el sistema actual compensa a los colectiveros con un subsidio tarifario y también con un cupo de litros de gasoil a precio subsidiado. Por cada litro de gasoil del cupo, la empresa paga tres pesos, mientras que el Gobierno le paga a la petrolera que le vende el combustible los restantes 4,73 pesos. Hasta ahora, los dos subsidios se basaban pura y exclusivamente en la declaración jurada que presentaban los transportistas.
En el caso del transporte ferroviario, la espantosa tragedia de Once, con su caudal de 51 muertos, además de los heridos, sirvió para echar luz en el tenebroso negocio de empresas concesionarias que habrían cobrado subsidios sin que esos fondos se hayan aplicado siempre a una mejor prestación del servicio ferroviario. Al contrario, los testimonios que se oyen en el juicio oral en el que se juzga a Jaime, al también ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y a autoridades de la firma concesionaria de la línea Sarmiento, describen en términos desgarradores cómo padecieron sus usuarios la degradación de ese servicio hasta que uno de sus trenes no pudo frenar en la terminal de Once el 22 de febrero de 2012.
Los fondos del Estado empleados tanto para obras públicas como para servicios públicos de transporte han sido un filón para el kirchnerismo y una fuente de constantes escándalos de presunta corrupción. Nadie puede afirmar con certeza si el presupuesto de las obras es el real o luego será incrementado con la complicidad de las autoridades. En lo que hace al transporte, se ve ahora el posible negociado escondido en las cifras infladas por algunas empresas de colectivos. En el caso de Aerolíneas Argentinas, ninguno de sus aviones podría despegar sin el subsidio diario de 1,3 millones de dólares, pese al cual sus tarifas son excesivas en aquellas rutas en las que carece de competencia.
La contracara de este derroche a costa de los fondos estatales es la degradación del transporte público a costa de la seguridad y la vida de los pasajeros y, por lo visto, también la degradación de la moral de algunos empresarios y funcionarios.
