Economía
El empleo en la Argentina se enfrenta actualmente a una serie de limitaciones resultado de no haber promovido durante la fase de crecimiento de los últimos diez años las transformaciones de carácter estructural para conformar un orden social verdaderamente inclusivo. Por esta razón, agotadas las condiciones que permitían el crecimiento económico acelerado y la recomposición del cuadro social luego de la hecatombe económica que produjo la salida la Convertibilidad se inicia una fase caracterizada por cuellos de botella en los distintos planos del modelo en el cual el mercado laboral se constituye como uno de los más urgentes siendo que impacta directamente en la determinación del bienestar de los trabajadores y sus familias. Sucintamente podemos observar que son tres los aspectos que a grandes rasgos encienden la luz de alerta sobre el funcionamiento del mercado laboral actual:
Hace más de siete años que la generación de empleo está estancada. Este aspecto es de singular importancia puesto que el empleo ha sido y continúa siendo la principal vía de inclusión social para este gobierno que avanzó tan sólo tibiamente en construir caminos alternativos siendo que la medida de mayor alcance en este sentido, la Asignación Universal por Hijo, comienza a esterilizar su efecto inclusivo frente a la desactualización real de los montos transferidos. En concreto, la tasa de empleo habida a fines del año 2006 es prácticamente similar a la registrada a fines del año 2013 (42,1% vs. 42,7%). En términos de generación de puestos de trabajo, desde el año 2003 hasta la actualidad se crearon 4,4 millones de empleo de los cuales el 68% se generó en los primeros cuatro años (2003-2007) mientras que los posteriores siete años que van desde el año 2007 inclusive al 2013 sólo aportan el 32%. Tal desaceleración queda plasmada al constatar que el promedio anual de generación de empleo pasa de 747 mil en el período 2003-2007 a 198 mil puestos de trabajo creados en la siguiente. Incluso los últimos dos años dan cuenta del agravamiento de estos indicadores. Durante el año 2012, se experimentó un aumento de la tasa de desocupación, de la subocupación y la subutilización laboral al tiempo que se experimentó una destrucción de 7.500 puestos de trabajo del segmento formal de los asalariados privados. Durante el año 2013, la situación lejos de mejorar empeoró siendo que la desocupación cayó un 7,2% pasando de una tasa del 6,9% a una del 6,4% como resultado nuevamente del efecto desaliento. La actividad en este período cayó en un 1,5% en el marco de una caída de la tasa de empleo que descendió del 43,1% al 42,7% implicando un nivel de empleo inferior en 16.630 puestos de trabajo. El trasfondo de la baja creación de empleo no es más que el déficit de inversión verificado durante la primera etapa de crecimiento de la actividad económica conforme a que el modelo de acumulación se basó principalmente en el uso de la capacidad instalada (en materia energética, industrial, de transporte, etc.). Déficit de inversión que no sólo se expresa en términos cuantitativos, sino que también atañe a la cuestión del destino siendo que más del 70% de la misma se destinó a la actividad de la construcción y la compra de material de transporte.
Los niveles de precarización de la fuerza laboral continúan siendo altos: uno de los indicadores que necesariamente implican condiciones precarias en los términos de contratación laboral es la informalidad en el segmento de los asalariados, aunque cabe aclarar que no es la única modalidad precaria de contratación. Durante el año 2002, período previo a la posterior recuperación económica, la tasa de informalidad laboral se ubicaba en el 43,7% como producto de la existencia de casi 3,8 millones de trabajadores asalariados informales. Sin embargo, luego del primer año de crecimiento y al tiempo que se sentaban las bases de la recuperación del cuadro social se profundizó la incidencia de esta figura laboral situándose en el 49,1%. Si bien a partir de este salto abrupto se sucedió un período hasta el año 2006 de acelerada generación de empleo en el cual se verificó una caída lenta en los niveles de informalidad, la tasa de empleo asalariados no registrados continuó en niveles elevados. La segunda fase económica del modelo posconvertible es testigo de dos tendencias opuestas: por un lado, el lapso 2007-2010 en el que al tiempo que se abría un período de baja generación de empleo se efectuaba un proceso de formalización del empleo generado, lo cual hizo caer la incidencia de la informalidad, y por otro lado, una tendencia de estancamiento e incluso con leves incrementos de la tasa de informalidad: durante el año 2011, la tasa de informalidad aumentó explicando nada menos que el 46,1% del empleo asalariado generado durante ese año mientras en el año 2012 nada menos que el 68,7% del empleo asalariado generado fue informal. La caída experimentada durante el año 2013 se da en el marco de un contexto de destrucción de empleo. Sin embargo, las modalidades precarias en el uso de la fuerza laboral trascienden la informalidad directa, sino que se expresa en otras variantes como la subcontratación, la terciarización laboral y demás inserciones de menor calidad que han proliferado durante estos últimos años, de las cuales también el propio Gobierno Nacional hace uso extendido de las mismas. Particularmente, desde una perspectiva más amplia a la tasa de informalidad se observa que la mitad de la fuerza laboral (50,1%) atraviesa alguna modalidad precaria en su inserción laboral, es decir, casi 8,5 millones de trabajadores. El Sector Público Nacional, por su parte, como estimación de mínima tiene al 16,4% de su planta de ocupados con contratos que encubren relaciones laborales de dependencia evadiendo la normativa laboral, con situaciones alarmantes y paradójicas como la administración central del Ministerio de Trabajo, en la cual el 71% de ocupados son contratados, entre los cuales se encuentran los inspectores que deben realizar las tareas de fiscalización del trabajo en los establecimientos privados.
Los ingresos que provienen del trabajo son insuficientes para resolver sus necesidades. En este marco de uso predominantemente precario de la fuerza laboral que se sostiene incluso en las fases ascendentes del ciclo económico se trasluce la tendencia general del sistema económico que tiende, por diversos caminos, a reducir el costo laboral. Nuestro país reproduce un cuadro laboral deteriorado en materia de ingresos que se traduce en hechos concretos: 5,4 millones de trabajadores tienen ingresos laborales inferiores al salario mínimo, 7 de cada 10 ocupados ganan por debajo de los $6.000, uno de cada cuatro ocupados son pobres y la expresión más grave radica en que un millón de los trabajadores empleados no logra satisfacer siquiera sus necesidades alimentarias y que constituyen el 6,7% del total de ocupados.
Sin lugar a dudas, el panorama laboral actual exige hoy una seria revisión del empleo y del modelo productivo que permita superar la visión atrofiada oficial, que intenta acotar esta solución sólo a una estrategia de reducción del costo laboral a partir de la reducción de los aportes patronales a costa del Estado, cuando la experiencia indica que esta situación a pesar de tener plena vigencia en el mercado laboral argentino no permite superar las principales limitaciones.
