Economía - Pag. 5
Por: Mariano Martín
El Gobierno obrará el milagro de unir las versiones oficialista y opositora de la CGT. Sucederá por un fantasma que amenaza por igual a sindicalistas de todo extracto político: una resolución oficial que les impone a las obras sociales consensuar con un organismo sus contrataciones de prestadores. La resolución será impugnada esta semana por la CGT de Antonio Caló y, en días subsiguientes, por las vertientes de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo.
Tal es la preocupación que causó la Resolución 601/2014 de la Superintendencia de Servicios Salud (SSS) que durante la semana pasada se activaron contactos que permanecían oxidados entre las dos orillas. Como consecuencia de las charlas entre dirigentes, abogados y especialistas de cada central acordaron presentar objeciones similares, aunque en tiempos distintos.
Desde la CGT del camionero aclararon que lo harán después que los gremios que rodean al metalúrgico: se trata de poner en evidencia que a pesar de ser aliados del Ejecutivo, los de la central oficialista recibieron un cachetazo. Cerca de Caló dijeron que entre mañana y el viernes se presentarán en cadena recursos de reconsideración ante la Superintendencia, como paso previo a iniciar juicios contra la resolución.
Moyano, que ya había demandado al organismo basado en la falta de desembolso de un fondo estimado en 20 mil millones de pesos (plata recaudada entre las obras sociales y que el Ejecutivo no termina de repartir entre esas organizaciones), vio con satisfacción el enojo de sus colegas oficialistas. La estrategia a seguir terminará de definirla junto con Barrionuevo en un plenario que ambas CGT opositoras concretarán mañana en la sede de Azopardo 802.
Ese encuentro había sido convocado originalmente para avanzar en la organización de la marcha que las dos centrales harán el miércoles 14 del mes próximo a la Plaza de Mayo. Entre otros temas se debatirá una eventual modificación de la fecha para incorporar a Pablo Micheli, de la CTA opositora, que decidió no participar el día convocado por no haber sido invitado a discutir con Moyano y Barrionuevo la modalidad de la protesta. De hecho, Micheli llamó a una marcha por separado para el 8 de mayo.
Pero más allá de esos tironeos, el plenario de mañana terminará por girar hacia los efectos de la Resolución 601. En todas las orillas del sindicalismo coincidieron con el diagnóstico: se trata de un avance inaceptable del Gobierno, que en ese razonamiento consagraría una virtual intervención de las obras sociales sindicales.
