Cristina da marcha atrás con un decreto que firmó en 2012
Apuran el proyecto en el Senado. Limitarán el derecho de huelga.
Luis Ceriotto lceriotto@clarin.com “Lo que buscamos con este proyecto es conseguir una salida a la situación indefinida del tránsito aéreo”. Manuel Baladrón, subsecretario de Transporte Aerocomercial, luce barba de dos días y calza un traje de última moda. El miércoles, apenas una hora antes de que la oposición en bloque le hiciera el desplante a Amado Boudou en el Senado, había estado en el salón Eva Perón de la Cámara Alta para defender un proyecto que pretende arreglar un desaguisado del Gobierno: devolver a la órbita civil a los controladores del tráfico aéreo, quienes tras un arranque de furia de la Presidenta fueron traspasados por decreto, hace casi tres años, a la órbita militar.
Lo llamativo es que Baladrón no quiere limitar la reparación a un simple cambio de jurisdicción de los “torreros” (los que cumplen tarea en la torre de control de los aeropuertos), sino transformar esta actividad en una nueva empresa pública, EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), la cual debería contener en principio a los 1.600 controladores aéreos, auxiliares y supervisores que desde noviembre de 2012 dependen de la Dirección General de Control Aéreo de la Fuerza Aérea.
La decisión de que los controladores aéreos tengan una autoridad civil es una exigencia de la OACI, el organismo internacional que regula la actividad aerocomercial.
De hecho, Néstor Kirchner lo había hecho al final de su mandato, cuando pasó a los “torreros” a la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC). Pero una serie de medidas de fuerza encubiertas, cuya autoría el Gobierno atribuyó al sindicalista Ricardo Cirielli (APTA), derivó en un giro de 180 grados: en noviembre de 2011, en su residencia de El Calafate, la Presidente firmó el decreto 1.840 que disponía que la Fuerza Aérea volvía a hacerse cargo del control aéreo, apenas cuatro años después de haber pasado a manos civiles.
Aquella misma semana, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, presentó ante la Justicia un pedido para quitar la personería gremial a APTA, un reclamo que hasta el momento no prosperó.
Los senadores de la Comisión de Infraestructura y Transporte que se hicieron presentes el miércoles no objetaron la creación de una nueva empresa del Estado, sino cuestiones formales. La puntana Liliana Negre de Alonso (Compromiso Federal) reclamó que los trabajadores que acepten ser traspasados a la nueva agencia estatal cuenten con la misma inmunidad contra despidos de la cual gozan los empleados encuadrados en el Estatuto del Empleado Público.
“Habrá que estudiar el traspaso, pero con la prohibición del despido directo”, planteó. El titular de la comisión, Adolfo Bermejo (FPVMendoza) se limitó a abrir y cerrar la exposición.
- ¿Por qué hace falta crear una empresa y no pasan a los controladores de vuelta a la ANAC ?, preguntó Clarín a Baladrón.
-Porque la ANAC es el organismo controlador y no puede ser juez y parte. Es como si el ORSNA (Órgano Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) fuera el que maneja los aeropuertos.
Un detalle es que el proyecto declara “servicio público esencial” al control aéreo. Pese a que significa limitar el derecho de huelga, Cirielli, dirigente aeronáutico enrolado en la opositora CGT Azul y Blanca, apoya la iniciativa. “Para nosotros eso está bien, en tanto sea aplicado con el mismo criterio de las guardias mínimas de los hospitales”, dijo a este diario.
