Gobierno y justicia / Otra denuncia contra un funcionario
Se transformó así en el primer ministro en funciones en esa situación; el juez Martínez de Giorgi le imputa autorizar pagos a la empresa española Marsans, cuando sus ejecutivos vaciaban la empresa
Por Hernán Cappiello
| LA NACION
La guerra entre el Gobierno y la Justicia se libra día a día, golpe a golpe. Ayer le tocó recibir al Gobierno. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó a prestar declaración indagatoria, como sospechoso del delito de incumplimiento de sus funciones, al ministro de Justicia, Julio Alak, por su gestión cuando era director de Aerolíneas Argentinas en 2008. Así lo transformó en el primer ministro en funciones del kirchnerismo en ser citado a indagatoria.
El juez le imputa haber autorizado pagos de dinero a la firma, a pesar de que la compañía, que estaba en manos de socios españoles -hoy presos por fraude en España-, estaba siendo vaciada. Martínez de Giorgi decidió, además, citar a indagatoria a Vilma Castillo, actual auditora de la Auditoría General de la Nación, para el 18 de diciembre.
Alak fue citado a declarar para el 17 de diciembre. El ministro les confió a sus allegados que está ansioso por concurrir a declarar porque está orgulloso de su gestión en Aerolíneas Argentinas y de cómo incidió para que no terminarán por desguazarla.
Esta citación a Alak le siguió a la decisión del Consejo de la Magistratura de anteayer de sancionar con una multa equivalente al 30% de su sueldo al juez federal Claudio Bonadio, que investiga por defraudación e irregularidades registrales a Hotesur, una de las empresas hoteleras de la presidenta Cristina Kirchner.
La denuncia por la que el ministro fue citado la presentó el abogado Ricardo Monner Sans, en 2008, e interviene en el caso el fiscal Jorge Di Lello. En esta causa ya fue indagado el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y al juez le resta decidir si lo procesa o no.
Esta investigación se remonta a 2008, cuando Aerolíneas Argentinas pertenecía en un 95% a los españoles de la firma Marsans (en realidad Inter Invest) y el Estado tenía el 5% de las acciones restantes. La empresa estaba concursada, y Alak y Castillo integraban el directorio en representación del Estado.
En esa circunstancia la denuncia los señala por haber enviado al entonces secretario Jaime una nota en la que le advertían que la situación de la firma era de una gravedad absoluta, caótica, y le reclamaban una decisión política para salvar a la compañía, dijeron a LA NACION fuentes con acceso a la causa. Jaime les respondió que como directores de Aerolíneas Argentinas tenían el camino libre para pedir la intervención judicial de la empresa.
Pero la acusación les reprocha que en lo inmediato no hicieron eso, y que por el contrario se autorizó un envío de dinero a la empresa, que ya se sabía que era a todas luces deficitaria. Éste es el corazón de la acusación contra Alak.
Los asesores del ministro negaron estas afirmaciones. Por el contrario, allegados al funcionario dijeron que el 14 de julio de 2008, cuatro días después de que le mandaron esa extensa nota a Jaime, le pidieron al juez del concurso que designe un interventor judicial o un coadministrador. El 21 de julio Alak firmó con Marsans un acuerdo para que el Estado asuma el control de la firma.
"Impedimos que continuara el vaciamiento de nuestra aerolínea de bandera por parte de los accionistas españoles, quienes en la actualidad se encuentran presos en su país; denunciamos el sobreendeudamiento posconcursal; solicitamos la intervención judicial de la empresa", dijo ayer Alak en un comunicado oficial en el que recordó que promovieron la estatización de la firma.
El ministro negó conocer los detalles de la causa, pero mencionó que le resulta "llamativo" que sea de 2008 y que se lo cite ahora. "Como ex director por el Estado en Aerolíneas Argentinas, he defendido con honestidad y transparencia los intereses de la empresa y el patrimonio del Estado nacional", dijo.
Alak se defiende al asegurar que con Castillo advirtieron que los españoles estaban vaciando la empresa, que acreditaron una deuda de 900 millones de dólares y que si se realizaban giros de dinero, los hacía el Estado, a través del Ministerio de Planificación, a cuenta de futuras sesiones de acciones, para el pago de salarios de los pilotos y el funcionamiento de la firma, que presta un servicio público que no podía ser interrumpido.
El español Gonzalo Pascual, fallecido el año pasado e íntimo del rey emérito Juan Carlos, gestionaba la empresa aquí. De hecho, esas relaciones le proporcionaron el dinero para adquirir Aerolíneas Argentinas y quedarse con plata para formar dos empresas en España, por lo que sus socios están hoy detenidos.
Curiosa fue la ocasión en la que Pascual habló telefónicamente un fin de semana con Alak. El entonces director de Aerolíneas le advirtió que los pilotos iban a copar la Plaza de Mayo si no les pagaba los sueldos. El español estaba en un yate en Grecia, con su esposa y Felipe de Borbón, hoy rey de España. Le exigió más dinero. Alak se negó, a la postre negociaron y los directores del Estado accedieron a las cuentas de la empresa y comprobaron la deuda de 900 millones de dólares.
Un convenio polémico que abrió paso a la estatización
El 21 de julio de 2008, cuando Julio Alak era gerente general de Aerolíneas Argentinas, el gobierno nacional firmó un acuerdo con la empresa española Marsans para que el Estado asuma el control de la compañía (en la foto se lo ve tras la rúbrica del documento). Seis años después, ese aval le cuesta a Alak el llamado a indagatoria de la Justicia, pese a que en los últimos años ejerció como ministro de Justicia, lejos de las funciones en la línea aérea.
Causas sensibles y bajo perfil
Marcelo Martínez de Giorgi
Juez Federal
Ex secretario de la Sala II de la Cámara Federal, Martínez de Giorgi cultivó toda su carrera un bajo perfil que lo hizo pasar casi inadvertido. Pero su carrera judicial y experiencia en el tribunal lo dejaron bien posicionado cuando se hizo un hueco en el fuero Fue de los primeros secretarios designados como jueces subrogantes hasta que se destrabó el demorado concurso 140, y fue designado en el juzgado que ocupaba Jorge Urso En el cargo, Martínez de Giorgi apena asumió le cerró a Ricardo Echegaray el caso en el que se lo investigaba por otorgar subsidios a feedlots supuestamente ligados a su familia y a empresas fantasma. Antes de eso había sobreseído a la familia presidencial por negociaciones incompatibles con su función por su consultora El Chapel Como juez se sumó a la cruzada contra la procuradora Gils Carbó, indagó al fiscal antilavado Carlos Gonella por no investigar a Lázaro Báez, investiga a la plana mayor de Planificación por los subsidios para las viviendas de Las Madres, investiga a Boudou, Randazzo y Bossio por irregularidades en la Anses, y cerró el caso contra Scoccimarro y Abal Medina por emitir en Fútbol para Todos un aviso contra Macri.
