Nota
La magnitud del crecimiento del empleo estatal a partir de 2003 no registra antecedentes en la historia de nuestro país. Tampoco encuentra justificación. Sobre todo cuando se constata que el ritmo de aumento ha cuadruplicado el de la población y ha duplicado el del empleo privado.
Si se toma el sector público en su conjunto -gobierno nacional, provincias y municipios-, en estos últimos diez años el aumento del número de empleados ha sido cercano al 50 por ciento. Esto implica una tasa acumulativa anual del 4,1 por ciento, que comprende una más alta en municipios (6,1%) que en los gobiernos provinciales (3,9%) y el gobierno nacional (2,8%).
Estas cifras se refieren a personas que desarrollan tareas laborales y remuneradas dentro del Estado. No abarcan a quienes reciben planes sociales ni tampoco a pensionados y jubilados.
A fines de 2013 había una tasa de 3,2 millones de empleados públicos, pero son alrededor de 15 millones los que sin trabajar reciben mensualmente un cheque del Estado. Esta categoría ha crecido proporcionalmente más que la de los trabajadores estatales.
Ambos fenómenos explican dos tercios del aumento del gasto público, que evolucionó desde un 32% del producto bruto interno en 2002 a un 45% en 2013. El tercio restante del aumento se debe a los subsidios.
El empleo público ha sido siempre el botín de guerra de los partidos políticos y todos los gobiernos han justificado el aumento de la planta estatal como una política deseable para reducir el desempleo.
La elevada tasa de desocupación de fines de 2002 parecía justificar esta posición, por lo menos como una política de corto plazo. La cuestión es si esto debió escalar en la magnitud en que lo ha hecho, tan sostenidamente y durante tantos años o si se lo ha utilizado como moneda de cambio para sumar votos a la hora de las elecciones.
Las provincias en las que el aumento del personal estatal más ha crecido han sido Misiones, Tucumán, Corrientes, Chaco, Catamarca, Neuquén y Salta.
Recientes estudios pusieron de relieve datos que se relevaron en cada provincia y a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, de los que se desprende que el Chaco encabezó las estadísticas nacionales en materia de creación de empleo público durante los últimos cinco años, tanto en los tres poderes como en organismos oficiales.
De acuerdo al relevamiento creció un 43% en la última década y 2013 cerró con una planta de 1.980.000 empleados administrativos. Desde 2003 se incorporaron 592.000 agentes, sin contar los empleados nacionales y municipales
Este crecimiento del sector público se ha producido simultáneamente con el deterioro en calidad y cantidad de los servicios propios del Estado. Tal vez haya más policías, pero la seguridad se ha deteriorado. Lo mismo ocurre con la educación, la salud, la justicia, la defensa, la limpieza y tantas otras prestaciones estatales.
En cambio la burocracia administrativa, hacia donde se ha canalizado el grueso del empleo adicional, muestra signos de claro robustecimiento transformando el Estado en un gigante obsoleto e ineficiente, desbordado por la corrupción.
Se deduce claramente que el incremento desmesurado del empleo público ha respondido en general a un enfoque populista y electoralista de gobierno, sin reglas ni limitaciones o controles.
Sin entrar en el tema de los planes sociales, cuya connotación es distinta a la del empleo público y merece un análisis más profundo, podemos sólo decir aquí que varios de esos planes afectan también la cultura del trabajo.
Esa enorme masa laboral que implica en el Chaco 63.000 trabajadores en blanco muestra que habrá enormes dificultades cuando llegue el momento de la discusión en las paritarias, teniendo en cuenta lo acotado de los ingresos y más, si se considera que está en vigencia una ley de pase a planta que tiene pasos concretos y que irremisiblemente aumentará el número de los empleados en blanco.
Este panorama pronostica un año traumático en cuanto a los aumentos salariales que deberán negociarse con los gremios, teniendo en cuenta el proceso inflacionario por el que se atraviesa a todo nivel, más si se considera que los ingresos han mermado y que la planta, al parecer, no deja de crecer. Habrá entonces que ser muy prudentes tanto en las exigencias gremiales como en la admisión de nuevos empleados.
Lo que está claro es que el populismo y el clientelismo político han sido determinantes de un desborde del empleo estatal, que será difícilmente reversible y que es claramente atentatorio de la modernidad, eficiencia y desarrollo que tanto necesitamos.
