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El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) puso en duda los beneficios del programa Progresar, lanzado la semana pasada por la Presidenta de la Nación, y que aspira a promover el estudio de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad que no trabajen.
"El Progresar, más que estimular el avance en los estudios, agregará incentivos a no buscar un empleo formal, convirtiéndose en un factor de promoción de la dependencia a perpetuidad del asistencialismo estatal", cuestionó el centro de estudios y de análisis, que agrupa a economistas independientes.
Idesa también criticó el lanzamiento de este programa en medio del drenaje de reservas y de una nueva política cambiaria. Para el instituto, "se sigue sin tomar conciencia de que la escapada del dólar refleja el exceso de gasto público muy mal administrado y que, por lo tanto, no habrá solución sin una profunda transformación del sector público. Pero más grave aún es inducir a miles de jóvenes, en el inicio de su vida productiva, a la dependencia del asistencialismo".
El Progresar aspira a promover el estudio de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad que no trabajen, o que lo hagan con remuneraciones inferiores al salario mínimo legal (3.600 pesos), a través de un estipendio promedio mensual de 600 pesos.
Para ello, deberán demostrar que cursan estudios en una institución reconocida por el Ministerio de Educación o por el Ministerio de Trabajo. Se focalizará en los hogares pobres al establecerse que los ingresos de los padres tampoco superen los 3.600 pesos mensuales.
Vulnerables
El informe menciona que, según las encuestas de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el país hay aproximadamente 4,5 millones de jóvenes urbanos que tienen entre 18 y 24 años de edad. Sus principales características son las siguientes:
El 15 por ciento tiene empleo asalariado registrado, con un salario bruto estimado en 6.200 pesos.
El 30 por ciento tiene un trabajo precario (asalariado "en negro", cuentapropista, servicio doméstico o familiar sin salario), con remuneraciones en el orden de los 1.850 pesos.
El 55 por ciento no trabaja, de los cuales un 23 por ciento tampoco estudia y un 32 por ciento sigue estudiando.
"Estos datos oficiales muestran que aproximadamente la mitad de los jóvenes se encuentra en situación de vulnerabilidad, ya sea porque tienen un empleo de baja calidad o porque declaran no trabajar ni estudiar. En contraposición, menos de uno de cada seis jóvenes tiene un empleo asalariado formal. Bajo estas condiciones, tan o más importante y urgente que inducir el retorno a los estudios es promover la generación de oportunidades de empleo de calidad para los jóvenes de entre 18 y 24 años", opina Idesa.
Según el instituto, en lugar de la riesgosa masificación del asistencialismo, el esfuerzo del Estado debería centrarse en reducir las trabas burocráticas y los costos impositivos que desalientan la contratación de jóvenes. De esta forma, se puede lograr un mercado laboral juvenil más dinámico, que potenciará la efectividad de las acciones de formación para el trabajo. Finalmente, opinó que si oficialismo y oposición coinciden con medidas clientelistas "es mucho más preocupante que las improvisaciones de las autoridades en sus intentos por controlar la escapada del dólar".
A favor
Inclusión. María Luz Alonso, diputada de La Cámpora, opinó que el programa Progresar completa "el círculo de inclusión social" iniciado con las moratorias previsionales, la movilidad jubilatoria, la recuperación de los fondos de AFJP, las asignaciones por hijo y por embarazo, el Conectar Igualdad y el Procrear.
