Economía - Pag. 11
Cautelar
Por Adrián Ventura | LA NACION
La Justicia volvió a prohibirle al Estado nacional que desplace a las empresas de taxis aéreos Macair Jet y Tango Jet de los hangares que ocupan en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.
A pedido de las empresas, que cuentan con el patrocinio de Ezequiel Cassagne, la Justicia prorrogó la cautelar que había dictado en agosto último, por lo cual la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Organismo Regulador del Servicio Nacional Aeroportuario (Orsna) no pueden avanzar contra esas compañías durante, por lo menos, los próximos seis meses. El conflicto se desató el año último, cuando el ahora ministro de Economía, Axel Kicillof, y esos organismos quisieron desalojar de sus hangares a esas firmas y a LAN.
El caso de LAN cobró fuerte notoriedad por el volumen de la operatoria de la chilena, a la que Aerolíneas Argentinas quiera sacar del mercado. Pero tanto un juez de primera instancia como la Cámara Federal Civil y Comercial frenaron el desalojo de ese hangar, sin el cual LAN no podría hacer el mantenimiento de sus aviones.
Luego de esos fallos y de varias reuniones entre Kicillof y las autoridades de LAN, todo parecía haberse tranquilizado. Pero el 23 de diciembre último, en forma sorpresiva, el Gobierno también prohibió en forma intempestiva que pudiera hacer despegar más de una docena de vuelos chárter que, con la previa autorización del Gobierno, ya había vendido para todo el verano. El juez Francisco de Asis Soto, sin embargo, suspendió esa decisión oficial que hubiera perjudicado a varios miles de pasajeros.
En ese contexto, Macair y Tango, que son empresas de menor porte, también están alcanzadas por el mismo conflicto y sus casos siempre marcharon en forma paralela a los de LAN, porque todas las empresas están alcanzadas por resoluciones similares -aunque no idénticas, por la diferencia de porte de las naves-.
En agosto último, el juez federal civil y comercial Carlos Álvarez suspendió las resoluciones 810 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y 123 del Organismo Regulador del Servicio Nacional de Aeropuertos (Orsna), porque el Estado no había previsto ninguna alternativa para que las firmas de taxis aéreos pudieran seguir operando desde otro aeropuerto.
