INFORME DE IDESA
CIUDAD DE BUENOS AIRES ( Idesa ). La importante devaluación del tipo de cambio oficial, la elevación de las tasas de interés por parte del Banco Central más la imposición a los bancos de liquidar posiciones en divisas trajo aparejada cierta calma en el mercado cambiario. Se trata de un sosiego transitorio que podrá convertirse progresivamente en permanente en la medida que se activen medidas tendientes a recuperar equilibrios estructurales. En este sentido, en la estrategia de las autoridades subyace la idea de reeditar el modelo iniciado a partir del año 2003.
Los pilares del modelo fueron los superávit gemelos. Es decir, el superávit externo y el superávit fiscal. Esto se logró gracias a la fuerte licuación de salarios reales que produjo la mega-devaluación del año 2002. El modelo tuvo impulso, con crecimiento de la producción y el empleo, mientras los salarios reales se ubicaron por debajo de los niveles previos a la crisis.
Pero cuando las remuneraciones se recuperaron los superávits desaparecieron y comenzó la etapa del estancamiento, inflación e inestabilidad cambiaria.
El análisis de los salarios en los últimos años permite identificar bajo qué condiciones sería factible reeditar el modelo del 2003. Según datos oficiales del Ministerio de Economía: > A finales del año 2000, el salario privado formal era de U$S 960 que, medido en pesos al nivel de precios actuales, representaban unos $7.600 mensuales.
> A finales del año 2002, la mega-devaluación había reducido el salario a U$S 300 que, medido en pesos a precios actuales, equivalían a aproximadamente $6.000.
> A finales del año 2013, se estima que el salario privado formal llegó a $10.300 que, en términos de dólares a la cotización oficial, equivalen a US$ 1.600.
Los datos muestran que el modelo arrancó en el año 2003 con un nivel de salario real extremadamente deprimido. Este fue el pilar que sustentó la expansión de las exportaciones y la reducción de importaciones que produjo el superávit externo.
También fue clave para licuar gasto público, compuesto básicamente por salarios y jubilaciones.
La decisión de entonce de no permitir una inmediata recuperación de las remuneraciones reales al nivel previo a la crisis, junto con el contexto internacional inéditamente favorable, explican el periodo de alto crecimiento económico y del empleo que se extendió hasta el año 2008. Pero con la recuperación de los salarios reales, las cuentas públicas y el sector externo se fueron deteriorando. El modelo se fue desvirtuando y emergió el actual proceso de estancamiento, inflación y volatilidad cambiaria.
La intención ahora sería reeditar el modelo.
Entre diciembre y enero el dólar oficial subió un 30% y se anuncia enfáticamente la necesidad de que prevalezca moderación en las paritarias. Esto último implica que el Ministerio de Trabajo tiene que lograr que, más allá de los discursos contradictorios y ambivalentes, los salarios crezcan menos que los precios y que el dólar. Se trata de una operación políticamente compleja.
Mientras que en el año 2003 la licuación de salarios fue heredada y, por lo tanto, no se asumieron los costos políticos de aplicar el ajuste (sino apenas hubo que limitarse a demorar que las remuneraciones reales recuperaran el nivel previo a la crisis), en las actuales circunstancias es el propio gobierno el que enfrenta el desafío de imponer en las paritarias aumentos sensiblemente inferiores al crecimiento de los precios y del dólar.
Existen caminos alternativos socialmente menos costosos. Se trata de construir, como lo vienen haciendo otros país de la región, mejores instituciones económicas, políticas y sociales. Esto también requiere una importante inversión política ya que implica atacar privilegios, intereses creados y revertir ideas obsoletas fuertemente arraigadas en la sociedad y en gran parte del sistema político.
La gran diferencia es que mientras para reeditar el modelo se demanda inversión de capital político imponiendo un ajuste, para avanzar en la modernización institucional la inversión política se destina a eliminar las trabas que impiden el ingreso a una senda de progreso social sostenido.
