Política - Pag. 20
El dinero se usó para saldar parte de la deuda con trabajadores de Emfer y Tatsa
Por Lucrecia Bullrich
LA NACION
El líder de la CGT alineada con el Gobierno y jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, aportó medio millón de pesos de las arcas de su gremio para adelantar parte de los sueldos adeudados a los trabajadores de Emprendimientos Ferroviarios (Emfer) y Tecnología Avanzada de Transporte (Tatsa). A comienzos de esta semana, ambas organizaciones habían cortado la avenida General Paz para reclamar el pago de la última quincena de junio y del aguinaldo.
La protesta de los empleados de Emfer, dedicada a la fabricación y reparación de vagones, y de Tatsa, especializada en carrocerías de ómnibus y camiones, reavivó la preocupación gremial por las dificultades que desde hace meses azotan a una parte de la industria, sobre todo, la metalmecánica y la de las autopartes.
Según el propio Caló, en el primer semestre del año, hubo 2000 despidos y 10.000 suspensiones en el sector industrial.
El conflicto en Emfer y Tatsa empezó a desanudarse anteayer, en una reunión en el Ministerio de Trabajo, en la que estuvieron el jefe de gabinete de Carlos Tomada, Norberto Ciaravino, enviados de la Secretaría de Transporte, delegados de las empresas y Caló.
Tras analizar los números, los representantes del Gobierno se comprometieron a liberar los fondos necesarios para saldar la deuda: un promedio de $ 14.000 per cápita (entre quincena y aguinaldo) para unos 500 trabajadores: $ 7 millones en total. El dinero se acreditará el miércoles próximo.
La reacción de los delegados fue inmediata. "Ya no tenemos un peso. No podemos aguantar hasta el miércoles", dijeron. Caló propuso entonces aportar $ 500.000 de la UOM para adelantar $ 1000 a cada trabajador. Hubo acuerdo y la suma se pagó ayer. El monto se le devolverá al gremio, una vez que el pago se complete, la semana que viene. Por otra parte, el Gobierno se comprometió a mantener los puestos de trabajo en ambas empresas. Según precisaron a LA NACION fuentes oficiales, será a través de un Programa de Recuperación Productiva (Repro), el subsidio para pagar salarios que otorga el Ministerio de Trabajo.
La crisis en Emfer y Tatsa, ambas vinculadas al Grupo Cirigliano, cuyos directivos están siendo juzgados por la tragedia de Once, cobró visibilidad el lunes pasado, cuando un grupo de trabajadores intentó cortar la avenida General Paz, en el partido de San Martín.
Con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, a la cabeza, la protesta fue duramente reprimida por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos, y terminó con varias personas heridas.
Sellado el acuerdo, los trabajadores decidieron "no volver a bajar a la General Paz", a la espera de que el miércoles se normalicen los pagos, aunque mantendrán la toma de la fábrica en la que funcionan las dos firmas, que está parada desde el lunes pasado.
El conflicto en Emfer y Tatsa reavivó, además, el debate por la ley antipiquetes y el giro del Gobierno en su política de represión de las manifestaciones con cortes de calles y rutas, las mismas que permitió y alentó durante la última década.
