Política
Privilegia la negociación con manifestantes y no prohíbe los cortes, pero exige liberar la mitad de la vía; amnistía para acusados por protestas sociales
Por Gabriel Sued | LA NACION
A la espera de instrucciones de la Casa Rosada, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados acaba de terminar el borrador de un proyecto de consenso para avanzar en la regulación de la protesta social.
Elaborado a partir de las cuatro iniciativas presentadas en los últimos meses por legisladores kirchneristas, el texto al que accedió LA NACION es contemplativo con los piquetes: privilegia la negociación con los manifestantes antes quela represión e intenta articular el derecho a la protesta con el de la libre circulación. Pero también fija límites: exige que en todo piquete se deje libre la mitad de la calle o ruta cortada.
El borrador se conoce después de una semana en la que el Gobierno reprimió dos piquetes en la General Paz y en la Panamericana, y en la que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, reclamó al Congreso que avance en la sanción de una ley para controlar las protestas.
Luego del receso parlamentario de invierno, el proyecto se pondrá a consideración de la oposición, con la que el kirchnerismo pretende alcanzar un acuerdo antes de dar el debate en el recinto. "La idea es lograr un consenso lo más mayoritario posible", dijo a LA NACION Diana Conti, autora de una de las iniciativas del oficialismo y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se redactó el borrador.
Los opositores presentaron otros siete proyectos de ley. El primero fue el de Darío Giustozzi, jefe de la bancada del Frente Renovador, que reconoce el derecho de peticionar, pero en espacios públicos determinados y dotados de recursos tecnológicos para que la protesta sea difundida a la opinión pública. El debate se abrió el 1º de marzo, cuando la Presidenta criticó los piquetes y reclamó ante la Asamblea Legislativa la sanción de una norma de "convivencia ciudadana".
A diferencia de la primera iniciativa del kirchnerismo, presentada por el chaqueño Juan Pedrini, la propuesta de consenso no distingue entre protestas "legítimas" e "ilegítimas", una categorización que había generado un fuerte rechazo, incluso en la bancada del Frente para la Victoria. Destaca, en cambio, que un corte de calle o ruta "no constituye delito, en la medida en que no exista una intimación judicial fehaciente".
En esa misma línea, se propone declarar la amnistía de todas las personas procesadas o acusadas por haber participado en protestas sociales. Esta idea tiene el respaldo del sector más progresista de la oposición, como el Frente de Izquierda (FIT) y buena parte del Frente Amplio UNEN (FAU), pero genera rechazo en Pro y el massismo.
En la búsqueda del equilibrio, el proyecto dice en su artículo 1º que el objeto de la ley es "la protección del derecho a la protesta o manifestación social pacífica, entendido como esencial para el buen funcionamiento del sistema democrático", y en su artículo 2º señala que se debe respetar el funcionamiento de los servicios públicos y la libre circulación de personas y vehículos.
Un elemento central de la propuesta kirchnerista es la creación de una comisión de mediación, en la órbita del Ministerio de Justicia, que se encargará de llevar adelante todas las negociaciones con los manifestantes. Otra diferencia importante con el proyecto de Pedrini es que no se ponen plazos para las negociaciones y se establece que no es obligatorio avisar antes de la realización de una protesta.
Para garantizar la difusión del reclamo, el Estado se compromete además, según dice el artículo 4º del borrador, a que los medios públicos den cobertura al conflicto.
Otro capítulo importante es el referido a la actuación de las fuerzas de seguridad. En el artículo 10º del texto se establece que la intervención policial será "progresiva, respetando especialmente las instancias de diálogo". Se estipula que el uso de la fuerza será limitado a su "mínima expresión" y que se aplicará como "último recurso" para restituir derechos y para la protección de personas, así como la integridad física del personal de las fuerzas de seguridad.
Además, los policías que estén en contacto directo con los manifestantes no podrán portar armas de fuego. Sólo para defenderse de un "peligro inminente", los efectivos podrán disparar balas de goma, pero nunca como medio para dispersar una manifestación. El borrador aclara que para que la ley sea operativa en todo el país deberán adherir todas las legislaturas provinciales. Derecho a la protesta y a la libre circulación
El proyecto de ley que consensuó el kirchnerismo para controlar los piquetes privilegia la negociación con los manifestantes antes que la represión.
La iniciativa intenta articular el derecho a la protesta con el de la libre circulación. Pero también fija límites: exige que en todo piquete se deje libre la mitad de la calle o de las rutas cortadas.
La propuesta kirchnerista no distingue entre protestas "legítimas" e "ilegítimas", una categorización que había generado un fuerte rechazo, incluso en la bancada del Frente para la Victoria.
Destaca en uno de sus puntos que un corte de calle o ruta "no constituye delito en la medida en que no exista una intimación judicial fehaciente".
Nuevas críticas hacia Berni
La represión del Gobierno a los manifestantes que la semana pasada cortaron las avenidas General Paz y Panamericana generó nuevas críticas dentro del oficialismo. Tras los cuestionamientos del diputado Leonardo Grosso (Movimiento Evita) al secretario de Seguridad, Sergio Berni, ayer se sumó la condena del Movimiento Octubres, liderado por el diputado Gastón Harispe. "Nosotros, que somos parte, y legítimos hijos de los cortes de ruta y de la lucha del movimiento obrero que enfrentó la ofensiva neoliberal de los 90, repudiamos las represiones en torno a los conflictos sindicales recientes", dice el comunicado de la JP Octubres, difundido por la Agencia Paco Urondo.
