Economía
Por Martín Kanenguiser | LA NACION
Inequitativo, confiscatorio, desproporcionado e ilegal. Con estos duros conceptos, los contadores calificaron ante el Gobierno la actual situación del impuesto a las ganancias , luego de los parches realizados en 2013. En una nota elevada al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires pidió que se corrijan estas distorsiones, al considerar que "vulneran principios constitucionales".
Las quejas se basan en los tres cambios realizados por el Gobierno el año pasado en Ganancias, ya que una persona que antes de agosto pasado ganaba menos de $ 15.000, ahora no paga el impuesto, aunque le hayan incrementado el salario a $ 25.000; en cambio, quien ganaba $ 15.001 hasta ese mes y ahora también recibe $ 25.000, sí paga.
En la nota indicaron que "las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo a las deducciones personales a través de los decretos Nº 244/2013 [en vigor desde el 1/3/2013] y Nº 1242/2013 [desde el 1/9/2013], han provocado serias distorsiones en el impuesto a las ganancias que recae sobre los sueldos que obtienen los trabajadores dependientes, así como también sobre las jubilaciones y pensiones".
Las mencionadas distorsiones "continúan manifestándose en el actual período fiscal 2014, motivo por el cual se requiere una urgente revisión del tema por parte de las autoridades" nacionales.
El Consejo -en una opinión compartida a nivel individual por varios tributaristas- afirmó que "al no considerarse para el impuesto a las ganancias los aumentos o las disminuciones de los sueldos posteriores a septiembre de 2013, mientras no se altere el esquema vigente se producen inequidades entre sujetos que actualmente obtienen el mismo ingreso mensual".
Hasta ahora, el Consejo no recibió respuesta del oficialismo, mientras que la oposición intentó tres veces generar una sesión en el Congreso para actualizar los valores de este tributo, pero fue boicoteado por el oficialismo. El Gobierno intenta minimizar el reclamo diciendo que afecta a menos del 10% de los trabajadores, aunque, a la vez, en algunos despachos oficiales se estudia el impacto de una posible actualización. Mientras tanto la inflación del 35% anual lleva a que, pese a las alzas por paritarias dispuestas en algunos sectores, los salarios se vean perjudicados por esta falta de indexación de Ganancias.
Las reformas llevadas a cabo por el Ejecutivo en tres oportunidades el año pasado, según el Consejo, llevan a la violación de los principios constitucionales de igualdad, no confiscatoriedad, equidad y proporcionalidad.
En el primero, afirmaron, "no se respeta al haber sido el Poder Ejecutivo quien ha dictado la norma [un decreto], basado en la delegación conferida por la ley 26.731, entendiéndose que las modificaciones de este decreto exceden las atribuciones conferidas" para modificar alícuotas de un impuesto.
El de igualdad "se ve afectado, porque el decreto se aleja del precepto que la misma es la base del impuesto y de las cargas públicas, ya que dos sujetos con la misma renta anual tributarán diferente en virtud de cómo se ha distribuido la misma a lo largo del año fiscal". El de no confiscatoriedad, por "la vulneración del principio de legalidad, y al verse afectado el derecho de propiedad" con tasas reales muy altas. En este sentido, el Consejo recordó que desde 2000 no se modifican las escalas del impuesto, pese a la fuerte inflación registrada desde la salida de la convertibilidad, lo que lleva a que rápidamente una persona pase a tributar las alícuotas más altas (la mayor es del 35%).
El tributarista César Litvin, socio del estudio que lleva su nombre, dijo: "Los mínimos no imponibles deben ajustarse automáticamente por ocho sueldos mínimos, vitales y móviles, por una cifra cercana a los $ 30.0000, y hay que reconfigurar toda la tabla para que la alícuota mayor sólo alcance a las altas rentas".
Inconstitucionalidad
El socio de impuestos de PWC Andrés Edelstein dijo que esta situación "se debería corregir mediante un decreto que vuelva las cosas a la normalidad, eliminando esa disposición transitoria y ajustando los montos de deducciones y las escalas". El momento en que se tome la decisión no es neutral, porque la AFIP, pese a que el impuesto es de carácter anual, no ajusta retroactivamente a enero el aumento del mínimo no imponible.
Jorge Gebhardt, socio del estudio Aguirre, Saravia, dijo: "El Gobierno va a actualizar el mínimo, pero no más de 20 o 25 por ciento; de no hacerlo, empeoraría el clima social, dado que la suba es bandera de todos los gremios".
En tanto, el especialista Marcos Torassa opinó: "Seguirán con los parches, pero, de todos modos, antes de fin de año alguna adecuación harán porque la presión social es muy grande".
