Córdoba - Nota - Cuerpo Principal - Pag. 8
Según Idesa, el Congreso tendría que fijar reglas para “blindar” su gestión.
Los próximos gobiernos de la Argentina pagarán el 90 por ciento de la compensación acordada por la administración nacional con la española Repsol por la estatización de YPF, según un informe difundido ayer por el Instituto de Desarrollo Social Argentino ( Idesa).
Aunque se difundió como costo de la indemnización unos cinco mil millones de dólares, pagaderos en bonos, “computando los altísimos intereses implícitos en esos títulos, el costo superará los 10 mil millones de dólares. Además de lo elevado del monto, el grueso de los pagos serán afrontados por los futuros gobiernos. Se trata de otro testimonio de decisiones tomadas con criterios oportunistas y poco profesionales que hipotecan el bienestar de las futu ras generaciones”, sostienen los economistas de Idesa.
Opinan que, forzado por el aislamiento internacional y la profundización de la crisis energética, con este acuerdo el Gobierno trata de remendar la desprolijidad técnica y legal que caracterizó al proceso de estatización.
Según sus cálculos, las dos próximas gestiones ( los presidentes que gobiernen entre los años 2016 y 2023) serán las que deberán hacerse cargo de dos tercio del total de los costos Paradigma. que implican la estatización de YPF.
Las consecuencias económicas de la estatización se pueden evitar si YPF genera y distribuye dividendos que al menos equivalgan al f lujo de pagos comprometidos para los próximos 20 años, se analiza. Tratándose de una empresa petrolera, esto es factible, si en la administración se imponen criterios técnicos a lejados de las apetencias políticas. “En la región hay bueno s ejemplo s de empresas públicas manejad a s pr ofe sion a lmente como es el caso de Codelco en Chile o Petrobras en Brasil. Pero en Argentina prevalecen la improvisación y la falta de profesionalismo. El caso paradigmático es Aerolíneas Argentinas”, consigna el informe.
Ante los hechos consumados, dice Idesa, el Congreso Nacional tiene la posibilidad de evitar otra hipoteca para el futuro del país. En lugar de sumarse al triunfalismo, debería trabajar en generar reglas que “blinden” la gestión de YPF –y del resto de las empresas públicas– de las presiones originadas por el amiguismo, la militancia, el oportunismo electoral y la corrupción, sostiene el instituto económico. “Sólo con transparencia y buena gestión se podrá evitar que, además de pagar los bonos de la estatización, la sociedad tenga que afrontar los costos de la mala administración, como ocurre con las otras empresas públicas”, advierte.
