Para entender cómo se las arregló para depauperarse un país que posee las ventajas naturales realmente extraordinarias de la Argentina, bastaría con echar una mirada al caso de la aerolínea de bandera nacional. Como el resto del sector público, Aerolíneas Argentinas ostenta un superávit de empleados que fueron contratados por razones políticas, no por su capacidad profesional. Administrada por Mariano Recalde con la ayuda de otros militantes de La Cámpora, la empresa consume una cantidad enorme de recursos sin por eso ser capaz de brindar un servicio competitivo, ya que con frecuencia los conflictos laborales han motivado cancelaciones y demoras. Los responsables del gasto excesivo se defienden con los argumentos políticos de siempre, atribuyendo las críticas a la mala voluntad de la oposición, a la que acusan de ser "privatista", lo que a su juicio es sinónimo de "antinacional", y de querer despedir a los empleados superfluos que se cuentan por miles. Parecería que, por tratarse de una empresa pública, para los encargados de Aerolíneas Argentinas detalles como la eficiencia son secundarios.
La Auditoría General de la Nación acaba de difundir un informe lapidario sobre el desempeño claramente deficiente de Aerolíneas luego de que la empresa fue estatizada y, en efecto, entregada a La Cámpora, concentrándose en lo ocurrido en el 2011 y el primer semestre del 2012. Para sorpresa de nadie, pero para incomodidad de Recalde y sus colaboradores, la AGN notó que en dicho lapso la empresa arrojó un déficit de casi 1.000 millones de dólares pero que así y todo aumentó el plantel incorporando a más de 1.000 empleados más. Entre los favorecidos por la política laboral de los administradores y, huelga decirlo, por las presiones de los sindicatos del sector, están los pilotos: mientras que en empresas comparables de otras latitudes se manejan con 13,2 por avión, Aerolíneas tiene 33,4. Como proveedora de fuentes de trabajo, pues, la empresa ha funcionado muy bien, pero de no haber sido por los subsidios abultados que recibe ya hubiera caído en bancarrota. ¿Ha mejorado la situación en la que se encuentra desde mediados del 2012? Hasta cierto punto, es innegable que sí, puesto que se han agregado más aeronaves a la flota y la empresa, perjudicada por la mala reputación que le suponía una serie de paros sorpresivos, se ha esforzado por respetar el horario de vuelos, pero aunque se ha incrementado el número de pasajeros transportados sigue siendo deficitaria y se prevé que este año pierda 400 millones de dólares. En vista de la magnitud de la crisis financiera que está experimentando el país, es probable que las dificultades se agraven mucho en los meses próximos al reducirse los subsidios.
Aerolíneas dista de ser la única empresa pública cuyos problemas se deben en gran medida a la politización. Si bien una proporción sustancial de la población del país suele manifestarse a favor de una mayor participación estatal en la vida nacional, parecería que no le gustaría que un gobierno tratara de profesionalizar los servicios públicos, discriminando entre los empleados más eficaces y quienes no lo son. Asimismo, tolera la acumulación de "capas geológicas" de personas que consiguieron puestos de trabajo por razones "sociales" o por militar en el oficialismo de turno, permitiendo así el crecimiento constante del sector público sin que mejoren los servicios que brinda. Desde que desembarcaron en Aerolíneas los camporistas con el apoyo ferviente de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la empresa se ha mantenido a flote gracias a los subsidios costeados por los contribuyentes. Es verdad que, por ser cuestión de una empresa estatal, tiene que cubrir algunas rutas que no son rentables. También lo es que el transporte aéreo es un negocio muy competitivo y que hasta en los países más ricos hay empresas, tanto privadas como públicas, que terminan quebrando. Con todo, aunque sería poco razonable suponer que con administradores más eficaces y menos politizados que los actuales Aerolíneas ya estaría aportando muchísimo dinero a las arcas estatales, está en lo cierto el auditor que afirmó que, de haberse tratado de una empresa privada, los accionistas no hubieran vacilado un solo momento en despedir a los responsables de perder todos los años centenares de millones de dólares.
