Las irregularidades que motivaron la clausura de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) por parte de la Municipalidad muestran que el Estado suele ser el primero en incumplir sus normas.
5 oct 2014
Seccion A
Las irregularidades que motivaron la clausura de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) por parte de la Municipalidad muestran que el Estado suele ser el primero en incumplir sus normas.
En un país habituado a la sospecha, lo sucedido la semana pasada en Córdoba con la clausura de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) llevaría a cualquiera a pensar en lo oportuno que resultan ciertos gestos cuando la gestión municipal se encuentra cuestionada. Cierto, tanto como lo es que los motivos de la clausura exceden por mucho las razones que siempre se alegan para explicar estos casos.
El simple dato de que se trata de una empresa que integra el ya largo listado de las nacionalizadas en los últimos años debería alcanzar, si no existieran otros motivos, como lo son el destino incierto de los cuantiosos fondos que cada año se destinan a la fábrica, como el detalle de que no fabrique, valga la paradoja, casi nada. A un costo muy alto, eso sí.
Quedarán para el anecdotario de los fracasos nacionales las explicaciones debidas para que no se haya podido poner en línea la fabricación del IA 63 Pampa, que no pasó de un prototipo armado para la foto; la modernización de los Pucará; la fabricación de helicópteros chinos, y otros proyectos anunciados y presupuestados.
Pero, por el momento, deberíamos conformarnos con comprender cómo un emprendimiento que cubre 148 mil metros cuadrados tiene un tercio de dicha superficie sin declarar. Quizá un simple olvido administrativo, podría alegarse.
Pero ocurre que el olvido impide establecer planes de seguridad como el sistema de evacuación, sin el cual, obviamente, se carece de habilitación de bomberos. Ello haciendo generoso caso omiso de las cañerías con fugas de gases, líquidos inflamables manejados sin demasiado rigor y faltas de seguridad diversas para con el personal. Que suman, recordamos, algo así como 1.300 almas.
Cualquier propietario de una modesta vivienda en un barrio cordobés sabe de las intimaciones de Catastro, cuyos relevamientos aerofotogramétricos le permiten detectar la humilde piecita de tres por tres que propietario y esposa levantaron durante los fines de semana con la ayuda de familiares y amigos.
Ni hablar de otros menos acuciados por urgencias económicas que pasaron por alto informar sobre la erección del quincho o la construcción de la pileta. Sobre ellos, caerá algo parecido a la ira de los dioses.
Pero no sobre el primer empresario del país, dueño del holding más poderoso, el mismísimo Estado. Al más grande creador de empleo de la última década le está permitido obviar sus obligaciones, las mismas que representan un calvario para no pocos particulares, lo que habla de un doble estándar casi esquizofrénico.
En ese sentido, poco es lo que puede exigirse a los ciudadanos en materia de cumplimiento, cuando quien incumple es el mismísimo encargado de velar por la estricta aplicación de las normas. Paradojas argentinas.
