La UTA, que parará en marzo, condiciona la negociación a la ayuda estatal; toma como referencia la inflación de la CGT oficialista y la CTA opositora
Por Nicolás Balinotti | LA NACION
El reclamo que planteó el gremialista Roberto Fernández por un aumento salarial del 50% cayó en saco roto. Hasta sus pares de los sindicatos del transporte, con quienes orquesta un paro nacional del sector para marzo, bajaron sus pretensiones y unificaron su estrategia camino a las paritarias: exigirán un piso del 35%, en línea con las mediciones de la inflación anual relevadas por la CGT opositora de Hugo Moyano y la CTA oficialista de Hugo Yasky.
Fernández, jefe de los colectiveros de la UTA, insiste en su pedido de un 50%, a pesar de los sofocones económicos que atravesó durante 2014 el transporte de pasajeros, un rubro cuya supervivencia depende casi directamente de la asistencia estatal.
En el servicio urbano, el subsidio estatal se percibe directamente en el precio del boleto, cuyo valor -sin esa ayuda- podría triplicarse, según estimaron fuentes del sector. En los servicios de media y larga distancia, en cambio, el Estado inyecta mensualmente millones de pesos para afrontar subas salariales y evitar despidos y suspensiones. Entre 2013 y 2014, los ómnibus de larga distancia recibieron más de $ 250 millones en aportes, según publicó LA NACION el 27 de agosto pasado, cuando la UTA resolvió a último momento no adherir a un paro convocado por Moyano y Luis Barrionuevo.
Pero hay otro dato oficial que refleja la crisis de la actividad: hasta noviembre del año pasado 17.647 choferes de 71 empresas fueron beneficiados por los fondos de Recuperación Productiva (Repro), un plan de contingencia para sostener el empleo que consiste en un auxilio del Estado de $ 2000 por trabajador.
La UTA no es ajena a la situación. La participación de los gremios en el reparto de los Repro es determinante. Cada empresa que se declare en estado de crisis y que aspire a obtener el auxilio financiero que distribuye el Ministerio de Trabajo deberá presentar, entre una serie de requisitos, la conformidad de la asociación sindical que represente a sus trabajadores. Es decir, deberá primar un trato de antemano entre el empleador y el sindicato.
"Si sacan los subsidios, se traslada a las tarifas. A nadie le conviene el boleto a $ 10. Nosotros queremos recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Lo que exigimos [el 50% de aumento] no es mucho", se plantó un dirigente de la UTA que participó la semana pasada de las reuniones preliminares de la paritaria.
El sindicato de los colectiveros buscará imitar el acuerdo del año pasado: negociar una suma puente no remunerativa para sellar el porcentaje del aumento anual en abril, con un escenario tal vez más claro. Una definición recién podría asomar el miércoles próximo, durante el primer encuentro oficial entre las cámaras empresarias, el gremio y los fiscalizadores del Ministerio de Trabajo.
El ministerio que encabeza Carlos Tomada tiene una postura definida sobre el pedido del 50% que hizo Fernández. "Es demencial", dijo seco y tajante un jerárquico de la sede de Alem 650. Aunque la misma fuente abrió una posible salida para resolver la pulseada salarial: "Habilitar los acuerdos puentes garantizan la paz y es una atajo para no ser los primeros en firmar".
Los acuerdos puente fueron una tendencia durante el primer trimestre de 2014 a partir de la escalada inflacionaria que se desató en el cierre de 2013.
Hoy la situación es diferente, aunque los gremios aspiran en esta paritaria a recuperar lo perdido por la suba de precios. Para las centrales oficialistas y opositoras la inflación anual fue del 35%, entre dos y tres puntos menos al porcentaje que midieron la consultoras privadas. El cálculo del Indec, en cambio, fue de 23,9%.
Hasta ahora, se cerraron de manera anual dos acuerdos paritarios: el del Sindicato de los Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada (38% en dos cuotas) y el de Utedyc (30% en tres pagos). El resto de los tratos fue parcial, con sumas puente, como pretende conseguir la UTA.
Todavía sin una pauta salarial demasiado clara, el metalúrgico Antonio Caló, el jefe de la CGT oficialista, mantiene la misma postura que al cierre del año pasado. "Si no hay empleo, no hay paritarias. Todavía es prematuro hablar de porcentajes", se lo escuchó decir hace unos días durante un encuentro con colegas metalúrgicos. Pateó la pelota para adelante.
En algunos gremios barruntan que el temor a perder el empleo y la baja de producción en algunas actividades podría disminuir las pretensiones salariales. Algo de esto podría pasar en la negociación de la UTA, un sindicato clave que es parte de una intrincada red de subsidios estatales y que su reclamo del 50% parece no tener destino.
Referencias para el acuerdo
38% aumento
Es el incremento firmado por los empleados de enseñanza privada; Utedyc acordó un 30 por ciento
$ 250 millones
Es el subsidio que recibieron los ómnibus de larga distancia entre 2013 y 2014.
