La procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, fue citada a declaración indagatoria para el 26 de marzo por el juez federal Luis Rodríguez, acusada de no adoptar las acciones correspondientes contra el grupo español Marsans por el presunto "vaciamiento" de Aerolíneas Argentinas. Así lo informó ayer el Centro de Información Judicial (CIJ) en su sitio web y precisó que la disposición del magistrado se dio en el marco de una causa en la que en principio también estaban denunciados el titular de Aerolíneas y el ministro de Planificación e Infraestructura, Julio de Vido.
La causa se inició por una denuncia del senador radical Gerardo Morales contra De Vido, Recalde y Abbona por haber presuntamente incumplido la Ley de Transporte Aerocomercial que los obligaba a denunciar los delitos cometidos en perjuicio del Estado y a presentarse en esas causas. En diciembre pasado, el juez Rodríguez les solicitó a distintos organismos nacionales copia de un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que daba cuenta de supuestas irregularidades cometidas en Aerolíneas y que recomendaba denunciar los hechos. Además, pidió los balances de la empresa a la Inspección General de Justicia (IGJ).
Morales sostuvo que la Facultad hizo un informe a pedido de Planificación que daba cuenta de que el Estado le pagó a Marsans, empresa que controlaba Aerolíneas, u$s 832.897.800 por la expropiación, le perdonó una deuda impositiva de $ 319 millones y que el Gobierno se hizo cargo de $ 500 millones de pasivo post concursal. Además, señaló que también detectó que cuando Aerolíneas fue administrada de manera conjunta por Marsans y el Estado, se agregaron u$s 310 millones de nueva deuda y que en 2011, cuando AA ya estaba estatizada, se pagaron otros 500 millones por un acuerdo preventivo del 2002, por lo que sugirió iniciar denuncias penales.
Morales también denunció que en la gestión de Recalde la empresa no presentó sus balances a la IGJ, lo que impidió controlar el destino de sus fondos. La causa se tramita por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y encubrimiento.
Abbona, de 62 años, oriunda de Mendoza, militante de la agrupación pro china Vanguardia Comunista en los años 70, y abogada graduada en la Universidad de Córdoba, es una funcionaria histórica del kirchnerismo y está muy vinculada al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. En los años 90 se desempeñó en las gobernaciones de Néstor Kirchner al frente de la Fiscalía de Estado. En 2004 pasó a ocupar la jefatura de la auditora interna en el Ministerio de Desarrollo Social, con Alicia Kirchner, y en 2007 volvió a la función pública en Santa Cruz al frente del tribunal de Cuentas de la provincia. En 2010, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner echó al procurador Joaquín Da Rocha, ella llegó a la función que ocupa hasta el día de hoy.
