En apenas unas pocas horas, el director de Aerolíneas Argentinas, el camporista Mariano Recalde, se convirtió en precandidato del kirchnerismo para disputar la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y, casi al mismo tiempo, se conoció que avanza una investigación en su contra por irregularidades en contrataciones de la aerolínea de bandera argentina.
Recalde intuyó que su gestión al frente de Aerolíneas Argentinas iba a ser el flanco más visible por el que iba a recibir ataques, pero no imaginó que tan pronto. Es que la Cámara Federal decidió seguir adelante con una investigación que había archivado el juez federal Julián Ercolini. El fiscal Guillermo Marijuan había apelado ese fallo, sostenido por el fiscal Germán Moldes. Los camaristas de la Sala II Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun entendieron que restaban medidas de investigación. En esta causa se cuestionaba el envío a Brasil del avión Airbus A 340-300 -alquilado por Aerolíneas Argentina- para su mantenimiento.
Los camaristas dijeron que era prematuro archivar el caso y pidieron investigar por qué Aerolíneas contrató a la empresa brasilera Tapme para reparar aviones, si era capaz de concretar esos trabajos y tenía certificación de la Administración Nacional de Aviación Civil.
La denuncia original fue radicada en febrero de 2010 por el abogado Ricardo Monner Sans, quien pidió las declaraciones de Recalde y de otros 21 funcionarios de la empresa, sobre la base de una documentación que le suministró el ex subsecretario de Transporte Aerocomercial y dirigente sindical Ricardo Cirielli. Los responsables de Aerolíneas fueron denunciados por "defraudación a la administración pública" por el envío del avión matrícula LV-BIT a Brasil para mantenimiento que podrían haberse practicado en la Argentina como se hacía habitualmente, según declaró el jefe de mantenimiento, Omar Lindoro.
De las nueve empresas extranjeras consultadas para el trabajo entre octubre y noviembre de 2009 para repasar la aeronave antes de la temporada fuerte de verano, tres no tenían interés en hacer el trabajo, tres no tenían lugar en sus hangares y tres enviaron sus propuestas. La más conveniente fue la de IAI Bedek Aviation, que, sin embargo, como no cotizó algunos rubros fue más cara, por lo que se contrató a Tapme.
Pero los técnicos argentinos dijeron que el trabajo se demoró sin razón y para colmo la empresa no tenía ni las herramientas para sacar los motores del Airbus (que le pidió a Aerolíneas) ni la certificación de las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil, lo que se gestionó y obtuvo en diciembre de 2009, mientras duró el proceso de reparaciones.
El fallo judicial señala que Tapme tenía menos de un año de experiencia en esas tareas y había realizado sólo dos inspecciones de aeronaves. Además tuvo que contratar en Europa el alquiler de parte de las herramientas y el resto las proveyó Aerolíneas. Para entonces el plazo de entrega ya era el 23 de enero. Para colmo se detectó un proceso de corrosión en un ala, lo que motivó consultas con la fábrica de Airbus y nuevas demoras. El avión llegó listo a Buenos Aires el 28 de febrero, dos meses después de los pactado.
Los camaristas pidieron saber por qué se esperó a último momento para contratar el trabajo; por qué no lo hizo Aerolíneas, si era más barato hacerlo acá, y los motivos por los que se descartó la otra oferta inicialmente más conveniente. También quieren indagar a la dueña del avión, la empresa International Lease Finance Corporation, si recibió informes sobre el trabajo. Cuando se radicó la denuncia, Recalde dijo que no tenía "ningún fundamento, ya que, previo al envío de la aeronave al taller Tapme, se realizó un concurso de precios" y que acá no se podía hacer la tarea.
