Luis Ceriotto lceriotto@clarin.com
El próximo gobierno se encontrará, a los pocos meses, con que puede vender hasta 49% de Aerolíneas Argentinas y Austral sin cambiar una sola coma de la ley de reestatización de 2008, que en su artículo 9 sostiene: “En ningún caso el Estado nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma”.
En otras palabras, el Estado está obligado a retener la mayoría simple de ambas aerolíneas, pero no la totalidad de las acciones. La norma tampoco obliga taxativamente al Estado a ejercer el gerenciamiento de Aerolíneas, sino a mantener un férreo control sobre su estrategia.
¿Podría hoy mismo el Estado vender un 49% de Aerolíneas y Austral? No. La estatización de Aerolíneas yAustral se hizo en dos pasos: en septiembre de 2008, el Congreso sancionó la ley de “rescate”, que es la que contiene en su artículo 9 la posibilidad de reprivatizar el 49%. El segundo paso fue en diciembre de ese año, cuando el Congreso sancionó otra norma complementaria (la 26.466) que declaraba las acciones de Aerolíneas y Austral “sujetas a expropiación”.
Ese juicio de expropiación sigue en trámite: está en segunda instancia y, según fuentes del sector, podría tener fallo definitivo luego de la feria judicial de enero. Recién con la expropiación resuelta, el futuro Gobierno podría decidir qué hacer con las acciones de las aerolíneas.
Hay un segundo frente abierto: es la demanda del grupo Marsans contra el Estado argentino ante el CIADI. Ya terminaron las audiencias, ahora al tribunal le toca dictar sentencia. Hay otro juicio cruzado, en este caso del Estado argentino contra Marsans y Burford, a los que acusa de planificar una estafa tanto contra los contribuyentes argentinos como los de España.
Aunque Macri y Scioli prometieron dejar Aerolíneas en manos estatales, no hablaron sobre la posibilidad de sumar más socios.
