Los candidatos prometen subir la base imponible y corregir las distorsionespara devolverle equidad al impuesto
Es posible hoy en la Argentina que alguien cobre un salario mensual de 100.000 pesos y que no pague un centavo de impuesto a las ganancias. Y es también posible que ese ejecutivo tenga a su cargo a empleados que, con un sueldo equivalente a un tercio del suyo, no sólo tributen, sino que lo hagan con la alícuota más elevada, la que en su momento previó la ley para los bolsillos más favorecidos. El decreto 1242 que la presidenta Cristina Kirchner firmó en 2013 -y que derivó en que puedan darse esas y otras situaciones de desigualdad en el trato impositivo- fue una de las decisiones políticas que, por acción u omisión, determinaron que tras casi 14 años con inflación y reacomodamientos salariales, el impuesto a las ganancias que pesa sobre los ingresos personales termine el ciclo kirchnerista no sólo desactualizado, sino también con sus principios de equidad y progresividad seriamente dañados.
Referentes de los tres principales candidatos a presidente de la Nación coinciden en que una reforma es necesaria y urgente; dicen que corregir las distorsiones es la cuestión prioritaria; sostienen que deberían fijarse mecanismos de actualización en base a algún parámetro, y prometen mejorar la situación de los autónomos, que pagan a partir de ingresos mucho más bajos que los asalariados y jubilados.
La desactualización del esquema queda reflejada en el incremento del porcentaje que representa el descuento impositivo en salarios que no mejoraron en términos de poder adquisitivo. Según un estudio elaborado por el Ieral, un empleado que en 2013 tuvo un sueldo promedio mensual de $ 18.500, y este año uno de $ 31.700 (el ejercicio de comparación se hizo en base a ingresos de valor real equivalente), el descuento efectivo para el aporte al fisco fue dos años atrás de 7,6% de la remuneración bruta, en tanto que este año será de 13,8 por ciento.
En 2001, un salario que alcanzaba para lo mismo que hoy sirven $ 31.700 contribuía con un 3,7%, porcentaje que llegó a duplicarse hacia 2005, para caer luego hasta 2,7% en 2008 por efecto de una medida que alivió las cargas, y para volver a trepar después hasta este año, en que el impuesto se habría llevado un 16,6% del ingreso de no ser por la resolución anunciada en mayo pasado. Si se supone para este año un ajuste salarial de 30%, resulta que esta última medida -que enredó aún más el esquema al crear diferentes bases de cálculo para 12 grupos de trabajadores- no logra impedir que la carga sobre los ingresos alcanzados sea más alta que la de 2014. Los porcentajes mencionados muestran cuánto representa el tributo sobre el salario bruto de los 12 meses más el aguinaldo (no son las alícuotas legales, ya que el impuesto se integra con la suma de un monto fijo y un porcentaje de una parte del ingreso).
Un tema por resolver es el monto a partir del cual un empleado o jubilado queda alcanzado por Ganancias. Hoy eso está definido en función de lo que se ganaba dos años atrás y sin importar lo ocurrido después, o bien, en el caso de una incorporación posterior al mundo laboral, según el primer sueldo. La frontera dispuesta según esos criterios temporales (haber ganado más o menos de $ 15.000) es considerada baja por los candidatos, más allá de la maraña que se generó, porque algunos tributan aún cuando ganen menos que otros que están liberados de la carga. Incluso desde el sciolismo y según trascendió, se esperanzan con algún anuncio de la Presidenta que mejore el cuadro justo antes de las elecciones de octubre.
Para Miguel Bein, referente del candidato por el oficialista Frente para la Victoria Daniel Scioli, debe ser la capacidad de ahorro lo que determine si un ingreso esté gravado o no. Sin proyecto redactado, el plan del gobernador bonaerense es crear un grupo de trabajo para que defina los cambios al impuesto; mientras tanto, desde el equipo de asesores económicos trascendió que una cifra razonable de base para empezar a pagar podría estar en los $ 30.000 mensuales.
Un concepto general sobre Ganancias que se repite entre asesores de Scioli es que es un impuesto de los más progresivos (no lo es ahora, admiten, por los "parches" puestos por el Gobierno) y que no sólo se mantendrá, sino que la meta será ampliar su incidencia en el total de recursos fiscales. Un par de meses atrás, en un encuentro sobre impuestos de IDEA, Santiago Montoya, presidente del Grupo Provincia y ex jefe del organismo recaudador de la provincia, dijo que la participación de lo obtenido por gravar los ingresos personales podría pasar del 7 a1 17% en la estructura de ingresos según un plan de reformas de mediano plazo.
Desde Cambiemos, que lleva como candidato a presidente a Mauricio Macri, el economista Federico Sturzenegger afirma que la consigna del proyecto sobre Ganancias en el que se trabaja es "normalizar" el impuesto y evitar que la inflación sea el factor que defina quién paga y quién no paga. Esto implica establecer un parámetro y homogeneizar el sistema para que rija un ingreso base alcanzado por el tributo "que sea más alto que el actual, pero igual para todos". Junto al también diputado por el Pro Federico Pinedo, Sturzenegger presentó en 2014 un proyecto de ley que, entre otros puntos, contempla derogar el decreto de 2013.
La eliminación de esa medida -que haría pagar el impuesto a personas de ingresos altos ahora exentas- está también en los planes del Frente Renovador de Sergio Massa, según explica el economista Marco Lavagna. "Diría que hay que derogarlo de una única vez, pero como generó tantas distorsiones hay que ser cuidadoso", explica. En un proyecto de ley ya presentado se fijó un monto de salario inicial para tributar de $ 26.500 (para quien declara deducciones por cónyuge y dos hijos), un monto que se actualizaría todos los años según la evolución del Ripte, un índice elaborado según la suba de salarios de un grupo de convenios colectivos. Ese indicador estaba contemplado en el proyecto de Pro, aunque ahora el punto está en revisión. Una propuesta desde el sciolismo expresada por Bein es adecuar cada año la cifra según la movilidad jubilatoria, un índice que se movió a un ritmo similar al de los salarios.
El impuesto requiere una actualización no sólo de los pisos de ingresos para tributar, sino también de los valores tope de cada escalón de la tabla que, en función del ingreso sujeto a Ganancias, define cuál es la alícuota aplicable. Los efectos negativos de haber dejado congelados esos números en valores de 2000 se potenciaron por los cambios dispuestos dos años atrás. Por cuestiones técnicas, el controvertido decreto provocó que los que se ven alcanzados por el gravamen pasen muy rápidamente a pagar con las tasas más elevadas, con el efecto de una quita de progresividad.
Desde el equipo de Scioli admiten que debe tenderse a que los descuentos sean "socialmente aceptables y no confiscatorios", para lo cual habría que eliminar las inequidades creadas hacia adentro del esquema.
Para Sturzenegger, la falta de progresividad se corrige de inmediato con la adecuación de las escalas.
"La lógica es actualizar todo", dice por su parte Lavagna, que incluye en esa consigna el listado de deducciones (montos que se descuentan del ingreso sujeto al impuesto) que pueden declararse por gastos como seguros de vida o intereses de créditos hipotecarios, y entre las cuales hay algunas que tienen topes definidos como montos fijos, congelados desde hace 15 años. Lavagna propone sumar como deducción el alquiler de la vivienda, con un valor máximo de 5000 pesos al mes.
Los autónomos están también en la mira de los futuros cambios, al menos según las promesas de los economistas de las tres fuerzas políticas. La diferencia en el ingreso imponible está prevista en la ley y tiene como justificativo el hecho de que quienes trabajan por cuenta propia pueden declarar deducciones por más conceptos que los asalariados y jubilados. Pero esa brecha (rechazada por muchos tributaristas, sobre todo desde que el Estado ganó capacidad para controlar y detectar qué gastos corresponden a la actividad) se agravó por la decisión política de excluir a los autónomos del alivio a la carga que significó (más allá de las distorsiones) el decreto de 2013. Si se consideran ingresos netos de gastos, un autónomo soltero paga el impuesto con una facturación mensual promedio de $ 2592 mensuales.
Para Lavagna, además de las inequidades hacia adentro del esquema impositivo según se sea asalariado o autónomo, existe una brecha creciente, que debería reducirse, entre estos últimos y los monotributistas, que pagan mucho menos. "Eso incentiva la economía informal, porque quien está a punto de pasar el límite de facturación del monotributo deja de registrar operaciones para no ir al régimen de autónomos", apunta.
No es ese el único punto de contacto del impuesto con otros aspectos de la economía. El Gobierno ha entremezclado la política cambiaria con el sistema impositivo, y cobra recargos a los compradores de dólares o de bienes en el exterior como "pagos a cuenta de Ganancias" que en la práctica no son tales, porque por lo general sólo se generan saldos a favor de las personas, ya sea porque ni siquiera están alcanzadas porel impuesto, o porque pagan ya todas sus obligaciones con los descuentos mensuales del salario. Pero en este caso, la normalización estará atada a otras políticas económicas.
