Si lo que se quiere es una apertura del mercado aerocomercial interno a firmas extranjeras, hay que brindar a los inversores una estructura jurídica sólida
El servicio de transporte aerocomercial en la Argentina se encuentra frente a un momento crítico. Tanto en lo que respecta a la conexión de nuestro país con el exterior como al servicio de transporte aéreo de cabotaje, la política aerocomercial es un eje estratégico del desarrollo. Su vinculación con el turismo, con el comercio, con la cultura, con el traslado continuo y ágil de hombres de negocios y, en general, con la conexión de nuestro extenso territorio y el mundo hace que las decisiones en la materia sean muy importantes para el progreso nacional.
Esto es indiscutible. Justamente el hecho de que lo sea requiere el respeto de la ley, que constituye la base, precisamente, de una política aerocomercial sólida que permita la inversión y el crecimiento. En tal sentido, se han dado en los últimos meses una serie de hechos que van en contra del respeto estricto de las normas aplicables, los que no pueden ser soslayados, ya que su rectificación hace a la seguridad jurídica de la República.
En primer lugar, la noticia de que una de las empresas más importantes que continúan operando en nuestro país, Lan Argentina, hoy Latam, de capitales chilenos esencialmente, haya reconocido ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la US Securities and Exchange Commission haber pagado coimas en la época de su ingreso en el mercado nacional. Tal reconocimiento trajo la lógica consecuencia de ser sancionada en aquel país: la empresa y hasta uno de sus ejecutivos y accionistas más importantes debieron pagar más de 21 millones de dólares como multa por tal inconducta. El segundo hecho que llama la atención es que ninguna autoridad regulatoria argentina (Ministerio de Transporte, ANAC), ante tal reconocimiento de un delito, haya realizado ni instado ninguna investigación para determinar los hechos y aplicar las sanciones que correspondieran, tarea que sí iniciaron autoridades chilenas. En nuestro país, además de existir una investigación abierta en la Oficina Anticorrupción, un fiscal imputó al ex presidente chileno Sebastián Piñera, al ex ministro Julio De Vido y al ex secretario Ricardo Jaime por el pago de coimas por parte de LAN, denuncia que quedó radicada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral.
En tercer término, quizá lo más grave por las consecuencias futuras, es que sorprende que los vicios del caso LAN Argentina, es decir, el cohecho y los distintos negociados reconocidos por los empresarios chilenos, que motivaron un decreto de 2006 firmado por Néstor Kirchner, Alberto Fernández y De Vido, puedan ser utilizados por el gobierno actual como instrumento para permitir el acceso al mercado local de otras líneas aéreas extranjeras que ahora anuncian que muy pronto vendrían al país.
Aquel decreto declaró la continuidad de la emergencia del transporte aerocomercial y plasmó un error jurídico grave al modificar una norma superior, el Código Aeronáutico argentino. Así, esa norma derogó una superior, la ley, permitiendo que líneas extranjeras cuyo control está fuera de la Argentina puedan ingresar a realizar vuelos domésticos y superar la llamada "reserva de cabotaje" dispuesta en el código citado.
Lo más irónico es que la corrupción que se verificó en el caso LAN sea hoy la puerta de acceso que permitiría a Avianca compañía aérea colombiana que está gestionando las autorizaciones respectivas la compra de la empresa McAir, propiedad del padre del presidente Macri, para operar en el transporte aéreo interno de nuestro país. Todos estos hechos están demostrando que está sucediendo una cadena de errores graves que hacen imprescindible una rectificación por la salud de las instituciones.
Al inaugurar la audiencia pública para conocerse las propuestas de cinco compañías que planean operar o ampliar operaciones en el país, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, descartó de plano la política de "cielos abiertos" y aclaró que lo que se impulsa es el crecimiento del sector aeronáutico con firmas que tienen que radicarse en el país y contratar personal argentino.
Dietrich, a pesar de sus diferencias con la renunciante Isela Costantini y con quien fue su segundo en Aerolíneas Argentinas, Manuel Álvarez Trongé, reconoció el gran trabajo realizado por la administración anterior, un reconocimiento merecido, basado, entre otras cuestiones, en el récord histórico de pasajeros transportados, la mejor puntualidad, el aumento de frecuencias y la disminución del déficit a la mitad.
Si lo que se pretende es una apertura del mercado aerocomercial interno a empresas extranjeras, política que podría ser beneficiosa si se instrumentara correctamente, lo recomendable es que se modifiquen las normas que fuere menester, pero no basar esta apertura en decretos que nacieron mal concebidos, producto de conductas corruptas. Hacerlo de este modo no puede ser una solución. Sería brindar una estructura jurídica endeble a las ingentes inversiones que esta industria supone y sería más de lo mismo: basar la inversión en inseguridad jurídica. Los argentinos somos conscientes de los daños que tal camino implica. Puede que la modificación de las normas necesarias sea más larga y trabajosa, pero es indiscutible que las consecuencias de la corrupción no pueden ser base sólida de una administración que prometió la transparencia como eje central de su gobierno.
Con la salida de Prat-Gay, el oficialismo profundiza su percepción de que las soluciones deben provenir de equipos y que la decisión final es del Presidente
