En diciembre de 2009, durante el primer gobierno de Cristina Fernández, se encendía una nueva luz de esperanza en la siempre esquiva intención de enderezar el destino de la emblemática Fábrica Militar de Aviones, con asiento en la ciudad de Córdoba.
En el epílogo de aquel año, una ley sancionada por el Congreso de la Nación facultó al Estado a comprar las acciones de Lockheed Martin Aircraft, con lo cual se creó la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (Fadea).
En verdad, a poco más de seis años de aquellos anuncios, las luces esperanzadoras jamás se activaron y Fadea continúa hoy en estado de inoperancia y cruzada por las sospechas de graves hechos de corrupción que golpean a funcionarios de sus anteriores directorios.
La empresa se reconfiguró en una sociedad anónima de capital estatal, pero lejos de cumplir con la misión fundacional de producir aviones, derivó en un refugio de militantes y punteros políticos del kirchnerismo.
Inclusive, viejos operarios de Fadea llegaron a denunciar que muchos cargos de responsabilidad fueron ocupados por personas muy bien remuneradas pero carentes de la indispensable capacitación técnica y profesional que demanda un ambicioso proyecto industrial aeroespacial.
Esta y otras cuestiones de dudosa legitimidad han salido a la luz en estos días, en virtud de una auditoría preliminar encargada por la nueva conducción de la empresa.
El estudio determina que sólo en 2015 Fadea tuvo una pérdida operativa superior a los 1.400 millones de pesos, pero si se contabilizan los últimos tres años (2013, 2014 y 2015) el rojo trepa a la friolera de 1.763 millones de pesos.
El monumental derroche amerita averiguaciones que vayan más allá de una auditoría interna; es decir, el tema debe ser llevado a la Justicia para que en ese ámbito se diluciden las responsabilidades y las eventuales sanciones.
De hecho, la nueva titular de Fadea, Cristina Salzwedel, ya anticipó que elevará una denuncia penal ante la Justicia Federal de Córdoba que involucraría a todos los miembros de los últimos dos directorios que operaron en la empresa.
Lo penoso de este cuadro de dispendios radica en que durante los últimos años Fadea se limitó a exhibir aviones de utilería en los actos oficiales, pero las metas de producción fueron módicas en relación con lo prometido. Además, los casi 1.600 operarios que tiene la firma siguen sin tareas y en estado de virtual parálisis.
Con actores militantes antes que profesionales, no podía esperarse nada novedoso para una fábrica tantas veces vapuleada.
La Justicia debe investigar a fondo los actos de corrupción denunciados. También, es hora de que el Estado promueva acciones transparentes que salven el buen nombre y honor de esta empresa aeronáutica nacida en Córdoba en 1927.
