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Según se desprende de un informe de la ANAC, tanto el aeropuerto internacional de Ezeiza como el aeroparque Jorge Newbery están funcionando al límite y existe temor sobre las consecuencias que podría provocar el ingreso de las aerolíneas de bajo costo
El desembarco de las líneas aéreas de bajo costo es una de las grandes apuestas del Gobierno, que espera desarrollar el sector gracias al impulso de inversiones tanto locales como internacionales.
Es que el bajo nivel de desarrollo actual de este mercado hacen que la Argentina sea "probablemente el último país donde hay una increíble oportunidad", según estimó Michael Cawley, el ex CEO de Ryanair y accionista de la low cost FlyBondi.
Pero el horizonte de las líneas aéreas de bajo costo ahora tiene un escollo por resolver: ¿la infraestructura de los aeropuertos metropolitanos Ezeiza y Aeroparque está en condiciones de sumar más vuelos?
Según la Justicia, la respuesta es incierta.
Por ello, el juez federal Sergio Torres intimó este lunes al Gobierno para que elabore un informe sobre qué gestiones se han concretado "tendientes a garantizar la seguridad del tráfico aéreo y el uso racional del espacio".
La medida tiene como efecto evitar lo que supone un "colapso" de operaciones por la llegada de las aerolíneas low cost.
La reacción del magistrado se originó luego de que recibiera un informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) donde se alerta que el aeropuerto de Ezeiza y el aeroparque Jorge Newbery están operando prácticamente al límite de su capacidad.
Ante ello, Torres remitió un oficio al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, para que informe "si se encuentran dadas las condiciones de seguridad, tanto en términos operacionales como en efectividad del sistema".
El juez cursó la intimación en el marco de una causa en la que se investiga la asignación de rutas aéreas a las empresas "Avián Líneas Aéreas", vinculada a la familia del presidente Mauricio Macri; y "Fly Bondi Líneas Aéreas SA", que tendría relaciones con Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial.
El requerimiento
La información que requirió Torres es sobre las actividades propias de aeronavegación a nivel nacional e internacional en todas las estaciones aéreas y, en particular, en aquellas que se desarrollan en el aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.
En el caso de aeroparque, el juez sostuvo que "viene presentando un incremento de las operaciones diarias, producto entre otros factores, del aumento de los vuelos regionales, agravando la situación de congestión a causa de la estacionalidad de dichas operaciones, generándose un lógico aumento de las operaciones aéreas en momentos determinados del año".
"Esta situación no sólo genera complicaciones operativas sino también de infraestructura al encontrar dificultadas para albergar la cantidad de usuarios dentro de sus instalaciones", advirtió el magistrado.
El aeropuerto internacional de Ezeiza no presenta un panorama más alentador. No sólo se incrementó la actividad con el arribo de las denominadas "low cost", sino que también allí se está acondicionamiento el nuevo hangar presidencial, "siendo que el ingreso de personal y vehículos afectados a tales menesteres necesariamente generará un mayor tránsito en la zona".
Frente a este panorama, Torres advierte que se debe tener "en cuenta la incorporación de nuevos operadores y rutas aéreas" por el impacto en "el incremento de operaciones que ocurrirá a partir del 2018 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza".
En ese sentido, Torres pidió a Dietrich y a las autoridades de la ANAC y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos la elaboración de un informe pormenorizado, relativo a las gestiones que se han concretado, se encuentran en curso o que en lo sucesivo se implementarán, tendientes a garantizar la seguridad del tráfico aéreo y el uso racional del espacio.
La requisitoria es a fin de saber "si se encuentran dadas las condiciones de seguridad, tanto en términos operacionales como en efectividad del sistema, en el marco de las actividades propias de aeronavegación a nivel nacional e internacional en todas las estaciones aéreas y, en particular, aquellas que se desarrollan en el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza".
Prácticamente, el magistrado se pregunta si la estructura de la aeronavegación nacional soporta la ampliación de su mercado con la llegada de las Low Cost. ¿Y si la respuesta es negativa?
Lluvia de rutas
El despliegue de las líneas low cost es ambicioso. Un total de ocho empresas pidieron 727 rutas aéreas de transporte de pasajeros, de cabotaje e internacionales, otras cuatro de carga y la autorización para ofrecer vuelos no regulares en la próxima audiencia ante la ANAC.
Norwegian, una de las empresas más esperadas por el Gobierno, pidió operar 74 servicios regulares de cabotaje: 34 desde Buenos Aires, 17 desde Córdoba, seis desde Mendoza, tres desde Rosario, cuatro desde Salta y otra decena desde otros aeropuertos.
Además, pidió 80 rutas internacionales. De ellas, planea operar 63 desde Buenos Aires, 13 desde Córdoba, tres desde Mendoza y una desde Rosario. Entre otros, solicitó un vuelo directo entre Buenos Aires y La Habana y rutas para unir Mendoza y Rosario con Miami.
Avian consiguió la habilitación para operar, luego de la investigación judicial por el traspaso de Macair Jet, la empresa de la familia Macri. La compañía pidió otras 38 rutas locales y regionales, para operar desde Córdoba, Buenos Aires y Tucumán.
La aerolínea Polar solicitó 44 vuelos de cabotaje, que operará, en su mayoría, desde aeropuertos de San Luis. También solicitó 31 rutas internacionales: tres de ellas saldrían desde un aeropuerto de La Plata, que deberá reacondicionarse. Se trata de rutas regionales.
La firma Servicios Aéreos Patagónicos SA (SAPSA) llegará a la audiencia pública con 41 destinos pedidos, que operará desde Buenos Aires, Resistencia, Rosario, Mar del Plata y otras pistas. Algunos son internacionales, como el que piensa unir Buenos Aires con Frankfurt (ruta que hoy solo hace la alemana Luftansa).
SAPSA es el sello de la compañía de micros de larga distancia Vía Bariloche, que ahora planea disputar el mercado aéreo.
Una vez celebrada la audiencia pública, el Ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich debe aprobar los pedidos. En cuanto lo haga, las empresas tendrán seis meses para comenzar a volar alguno de los destinos. En eso está Flybondi, la low cost que anunció hace semanas que, finalmente, consiguió su primer avión para empezar a operar desde Córdoba.
