El 25 de enero de este año el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos e Inversiones (Ciadi), dio inicio al plazo de seis meses establecido para que el tribunal emita sentencia sobre la disputa iniciada en 2010 por el grupo Marsans -luego vendió el juicio- contra el Estado argentino. La discusión, básicamente, es si Aerolíneas y Austral fueron bien expropiadas o se trató, como es el reclamo, de una confiscación. En la demanda los empresarios españoles utilizaron reiteradamente los términos “hostigamiento” y “confiscación” para explicar la situación vivida en 2008. El reclamo, como se recordará, era de valor 0 por Aerolíneas pero de entre U$S 600 y 800 millones por Austral. En caso de recibir la Argentina un fallo desfavorable, el Gobierno, que obviamente heredó la disputa, podría verse obligado a desembolsar, según estiman los profesionales, entre U$S 400 y U$S 600 millones.
