Gabriel Morini
Mauricio Macri arribó a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso con la sexta imputación en una causa penal sobre sus espaldas desde que asumió el Gobierno. La medida, adoptada por el fiscal Jorge Di Lello -apenas de regreso del feriado de carnaval y cronológicamente difundida en la previa a su discurso-, cristalizó un conflicto que se preveía en Tribunales por el otorgamiento de rutas aéreas de Aerolíneas Argentinas a la empresa Avian, que consolidó su posición en el rubro de las "low cost" tras la compra de MacAir, la aerolínea de la familia presidencial. Impulsada por diputados kirchneristas, la denuncia desparramó delitos que impactaron en funcionarios vinculados al sector y en empresarios aeronáuticos, entre los que se destacó Carlos Colunga, que continuó al frente de la empresa luego de la adquisición por parte de un directivo de Avianca de la firma perteneciente a Franco Macri.
Puntualmente, Di Lello, impulsó la acción penal contra Macri, y contra su padre, pero también contra el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis y contra responsables de la línea aérea Avianca por la posible comisión de los delitos de "asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias" en el marco de irregularidades vinculadas con la explotación del espacio aéreo argentino, en detrimento de Aerolíneas. El expediente tiene varias aristas: la operación que habría beneficiado a las low cost (en especial a Avian); las contrataciones de la flota presidencial; y la asignación del espacio aéreo a esas empresas.
La imputación también alcanzó al director general de Logística de la Presidencia, Carlos Cobas, al titular del grupo de empresas que conforma la línea aérea Avianca, Germán Efromovich, y al CEO de Avian Líneas Aéreas, Colunga. Como informó Ámbito Financiero, Efromovich compró MacAir a Sideco a través del Grupo Sinergy Speed, que controla Avianca Holding y Avianca Brasil (sin desvincularse del directorio) y mantuvo al frente a Colunga, uno de los principales asesores del Presidente en materia aeronáutica, al que incluso, aconseja en la licitación internacional por la renovación del Tango 01. En la causa penal que tuvo sucesivas ampliaciones por parte de Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, se consignó además al titular de Únicos Air SA, Diego Martín Colunga (la empresa fue utilizada para los viajes de funcionarios al comienzo del mandato, algo que habría sido contratado de forma directa). Di Lello alcanzó con su requerimiento al Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, al titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) Juan Pedro Irigoin y al director nacional de Transporte Aéreo de ese organismo Hernán Gómez. A este último grupo, se los imputó por haber infringido el Código Aeronáutico en materia de seguridad.
Di Lello retomó a trazos gruesos la denuncia por las lagunas en la operación de compra de MacAir y la posibilidad de que "comprar a la familia de un presidente una compañía aérea, con perspectiva de crecimiento intenso en el país, representa un beneficio extra a la hora de destrabar autorizaciones, ampliar rutas y desplegar un plan de negocios", según afirmaron los denunciantes.
Además, subrayó el fiscal que "que el pasado lunes 13, la ANAC, oficializó la entrega de rutas aéreas a ´Avian Líneas Aéreas´ (AVIANCA), a través de los dictámenes de la Junta Asesora del Transporte Aéreo de la Audiencia Pública nro. 218, autorizando la concesión por 15 años de todas las rutas solicitadas, en las que actualmente opera Aerolíneas Argentinas". Ese dictamen arrojó como resultado que "de las 26 rutas solicitadas por Avian le fueron aprobadas el 100%, y de las 99 que pidió Fly Bondi, se le aprobaron 69, es decir un porcentaje de casi el 70%". En la denuncia se apuntó a que esta última "en los papeles" es explotada por FB Líneas Aéreas, propiedad de Richard Guzmán, pero quien sería su socio es Mario Quintana, actual secretario de Coordinación Interministerial.
El fiscal federal solicitó una serie de medidas de prueba al juez Sergio Torres, entre las que se encuentra la declaración testimonial de la exCEO de Aerolíneas, Isella Costantini. Y la del Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, para que explique el procedimiento en la contratación de los aviones que utilizaron los funcionarios de Cambiemos.
Macri, acumula desde ayer seis expedientes abiertos que lo involucran de manera directa: Panamá Papers; el fallido acuerdo entre Correo Argentino (del Grupo Macri) y el Estado; la firma del decreto que permitiría a familiares de funcionarios acceder al blanqueo; la firma del vidrioso Memorándum con Qatar (por el que quedó imputada también Gabriela Michetti y Susana Malcorra); y por la emisión de Lebac y deuda externa, causa que está archivada pero cuya apelación se encuentra en Cámara.
