JAVIER CARRODANI
Como un paso más en su propósito de incentivar la competencia en el mercado del transporte aéreo de pasajeros, el gobierno autorizó desde ayer a las empresas a ofrecer pasajes de cabotaje por debajo de la tarifa mínima de referencia, para boletos de ida y vuelta que se compren con 30 días de anticipación. Era una decisión esperada especialmente por las empresas low cost como Flybondi o Norwegian.
La medida generó una suerte de furor, ya que Aerolíneas Argentinas concretó la venta de 32.949 tickets ida y vuelta (un total de más de 65.000 tramos) durante las primeras 18 horas de vigencia de una promoción que ofreció descuentos del 50% promedio para pasajes en sus más de 60 rutas. También Flybondi lanzó una oferta de tickets rebajados (con impuestos y tasas incluidos) a todos sus destinos, y otro tanto hizo la línea aérea Latam Argentina.
Más allá de esta explosión comercial, sigue la polémica en torno a los distintos y sucesivos incidentes registrados por Flybondi en sus pocos meses de funcionamiento. A esto se suman los serios cuestionamientos al aeropuerto de El Palomar, utilizado exclusivamente por esa línea low cost. Días atrás, el fiscal federal Jorge Di Lello le pidió al juez Sergio Torres que suspenda los vuelos de la empresa y cierre la aeroestación -originalmente una base aérea militar- hasta que se evalúe si están en condiciones de garantizar la seguridad de los pasajeros. El magistrado se declaró incompetente en la causa, pero Di Lello apeló y debe resolver la Cámara.
La advertencia planteada en su momento en este espacio estaría plenamente justificada.
