La jueza Martina Forns hizo lugar a una demanda de organismos de derechos humanos
El ministro de Transporte presentó el plan de obras para transformar el lugar en un aeropuerto para vuelos low cost. La jueza pidió precisiones sobre el uso del sitio como centro clandestino de detención y analiza un amparo ambiental.
Mientras el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, presentó oficialmente el plan de obras para transformar la Base Aérea de El Palomar en un aeropuerto internacional para vuelos low cost y regulares; la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns convocó a una inspección ocular en la brigada militar para el próximo lunes como paso previo a resolver el amparo ambiental interpuesto por un grupo de vecinos de Hurlingham. Además, el fallo de Forns hizo lugar a una demanda de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y solicitó con carácter “urgente” una respuesta del juzgado de Daniel Rafecas para determinar el “uso criminal” de la base que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar, por lo que está reconocida como Sitio de memoria.
La primera parte del fallo de Forns refiere al amparo ambiental presentado por los abogados y vecinos Lucas y Leandro Marisi y convoca para el lunes a las 11 a los denunciantes y a los apoderados del Ministerio de Transporte y de la Administración Nacional de Aviación Civil “conforme el principio precautorio” de la Ley General del Ambiente, norma que el amparo vecinal sostiene se incumpliría en caso de instalarse un aeropuerto comercial en la zona.
La inspección que será encabezada por la jueza buscará “constatar la obra o actividad que se está realizando en dicho aeropuerto” antes de resolver la medida presentada por Marisi, que advierte sobre una serie de perjuicios: ruidos, riesgo para la salud, riesgo de accidentes fatales al aterrizaje o despegue y daños patrimoniales. “Seguramente va a tener que hacer lugar porque no hay estudios de impacto ambiental y la construcción es ilegal y clandestina”, confió Marisi.
Por su parte, Dietrich continuó con el plan trazado en el decreto 1092, con el que el Gobierno confirmó que pasaba el aeródromo militar el Sistema Nacional de Aeropuertos, y confió en que el aeropuerto pueda comenzar a operar en las primeras semanas de febrero. El plan de obras, que consta de tres etapas y una valor total de 1600 millones de pesos, estará a cargo del Aeropuertos Argentina 2000, del grupo Eurnekian.
La primera aerolínea low cost en operar sería FlyBondi -firma de Richar Guy Gluzman, exsocio del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en el fondo de inversión Pegasus- y le seguiría Norwegian Air para en próximas etapas estar preparado para recibir 1 millón de pasajeros al año. “El impacto en el desarrollo local que genera un aeropuerto es abismal, porque genera más seguridad y más oportunidades laborales y comerciales”, celebró Dietrich distanciándose del reclamo hecho por los vecinos de la base aérea.
La segunda parte del fallo de Forns hace lugar a la denuncia penal hecha la semana pasada Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham, radicada en Juzgado Criminal y Correccional Nº3 de Morón, contra el propio Dietrich y el presidente Mauricio Macri por incumplir con la Ley 26.691, que protege a la base aérea como Sitio de Memoria, ya que el la brigada funcionó como centro clandestino de detención y como base de operaciones del G100 para los vuelos de la muerte.
Forns solicitó al juzgado de Rafecas, a cargo la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército, que informe “si a partir de las pruebas reunidas en las causas en curso se han podido determinar los sectores del predio perteneciente a la I Brigada Aérea de El Palomar, que tuvieron uso criminal o si aún restan medidas para probar que conduzcan a dicha comprobación”.
La jueza resaltó que se trata de información de “urgente importancia para la resolución” de la causa y recordó que también habían corrido aviso ante el juez el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que reconoció que la brigada está protegida como Sitio de Memoria. Iris Pereyra de Avellaneda –co presidenta de la Liga, ex detenida y madre del “Negrito” Floreal Avellaneda, detenido en Campo de Mayo, torturado y lanzado al Río de La Plata– es una de las impulsoras de la demanda que desde la semana pasada también había solicitado una reunión con el juez federal.
Por su parte, el titular de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, confirmó a PáginaI12 que recibieron la invitación de Marisi para participar de la inspección ocular del próximo lunes y destacó que “el pueblo defienda las conquistas de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia y no permita que se naturalice el despojo ni la apropiación de los lugares que sean constituido como sitios de memoria para que no sea oculte la historia que tienen”. El ministerio de Transporte no respondió la consulta de este diario sobre la decisión judicial.
