Una jueza federal realizó el procedimiento tras denuncias de vecinos y organismos de derechos humanos. Se constató que se están realizando obras y la magistrada debe resolver si las suspende.
Martín Angulo
La justicia federal inspeccionó hoy la base aérea de El Palomar, en el partido bonaerense de Morón, donde se prevé la construcción de un aeropuerto comercial. La medida se hizo para constatar el estado de las obras ante las demandas de vecinos y organismos de derechos humanos que se oponen a la instalación de la nueva terminal.
La inspección ocular fue ordenada y encabezada por la jueza civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns que tramita las causas y participaron funcionarios del gobierno nacional y de la Fuerza Aérea, informaron a Infobae fuentes judiciales.
El operativo duró dos horas y media y se constató que se están realizando obras en el predio. "Son obras de reformas específica para el nuevo aeropuerto porque están creando un lugar nuevo, en un galpón. Allí van a funcionar los mostradores futuros del nuevo aeropuerto y hablan de mantenimiento por qué niegan que el proyecto esté aprobado, sostienen que está en estudio", le dijo a este medio Guillermo Iracheta, uno de los vecinos que participó de la inspección.
Transporte informó el viernes pasado que el nuevo aeropuerto tendrá tres etapas. La primera es de tareas de mantenimiento principalmente en la pista y la terminal. La segunda será en julio con la modernización de los hangares militares y la tercera es la construcción de una nueva terminal. Palomar será el primer aeropuerto con vuelos civiles y militares y se prevé una inversión de 1.600 millones de pesos.
A las puertas de la base aérea hubo una manifestación de vecinos de la zona y de integrantes de organizaciones de derechos humanos. "NO al aeropuerto trucho El Palomar", decía una de las banderas que llevaron. Otra retrataba las fotos de las personas detenidas y desaparecidas que estuvieron en el centro clandestino de detención que funcionó en la base aérea durante la última dictadura militar. Estuvo presente y participó de la inspección Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plazas de Mayo – Línea Fundadora.
El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, anunció en septiembre pasado que la base aérea de El Palomar se iba a transformar en el tercer aeropuerto de la zona metropolitana –después del de Ezeiza y Aeroparque– para ser utilizado por las llamadas empresas "low cost", de bajo costo. A fines de junio, Transporte le otorgó a la empresa Fly Bondi la concesión para volar desde la base en El Palomar y el 28 de diciembre el presidente Mauricio Macri firmó un decreto mediante el cuál creó el aeropuerto de El Palomar y lo incorporó al Sistema Nacional de Aeropuertos.
Fly Bondi es la primera empresa que tiene previsto operar desde El Palomar a partir del próximo 10 de febrero. La compañía anunció que solicitó la concesión por 15 años de una terminal propia con una inversión de 30 millones de dólares.
Todo dependerá de la causa judicial que iniciaron los vecinos.
Vecinos de la zona presentaron dos amparos para que se frene el inicio de las obras del aeropuerto. Los de Hurlingham reclamaron por la contaminación sonora que provocará la terminal y los de Morón por el impacto ambiental que las obras tendrá. Denunciaron que el gobierno nacional avanzó con el aeropuerto sin un estudio de impacto ambiental ni una audiencia pública.
A eso se sumó una denuncia penal de organizaciones de derechos humanos porque la base aérea de El Palomar está protegida por la ley 26.691 que declara sitios de memoria del terrorismo de estado a los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. Un oficio del Archivo Nacional de la Memoria le informó a la jueza Forns que en la base área funcionó un centro clandestino.
La magistrada le solicitó al juez Daniel Rafecas -quien tramitó la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires- que le informe qué sectores del predio militar de El Palomar se utilizaron como centro clandestino de detención.
Los vecinos de Morón, representados por el abogado Iracheta, denunciaron que no se realizó un estudio de impacto ambiental y piden que se frenen las obras hasta que esa medida se ordene y que se haga una audiencia pública. "En el aeródromo militar del El Palomar se iniciaron, sin autorización, ni estudio de impacto ambiental, trabajos de desmonte, quema de pastizales y trabajos de maquinarias en la zona contigua", denunciaron.
Señalaron que la base tiene 240 hectáreas, de las cuales 140 son conocidas como la Isla Verde, un sector de biodiversidad que tiene distintos tipos de ambientes, con alrededor de 200 especies de fauna silvestre y uno de uno de los últimos relictos de pastizales húmedos pampeanos esenciales para la regulación de las lluvias, según un estudio de 2009 del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales.
El gobierno contestó las demandas y dijo que el la base aérea fue autorizada para realizar vuelos nacionales e internacionales en 1968 por la dictadura de Juan Carlos Onganía mediante la resolución 721. Los funcionarios de Transporte le entregaron hoy a la jueza Forns esa resolución.
Antes de resolver el pedido, la magistrada ordenó la inspección ocular del lugar. Junto con ella participaron los bogados de los vecinos, funcionarios del Ministerio de Transporte, de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), de la Fuerza Aérea, del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) e integrantes de organismos de derechos humanos que fueron invitados.
Durante la inspección se constató que el ingreso a la base se está construyendo un galpón. En otro sector se vio el desmonte de tierra que los funcionarios explicaron que es para poner alambrados por proteger el lugar. Las obras la está realizando Aeropuertos 2000.
Ahora la jueza Forns tiene que resolver si acepta el pedido de los vecinos de frenar las obras hasta tanto se analice el impacto ambiental que pueden tener o si se afecta un lugar de la memoria de las atrocidades del terrorismo de estado.
Sobre Fly Bondi hay una causa penal que se investiga en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal federal Jorge Di Lello imputó el año pasado al vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, por su presunta vinculación con la empresa aérea a través de un socio del funcionario en otros emprendimientos comerciales.
