"No sé qué buscan". Hugo Moyano repitió la frase varias veces anteayer, durante el encuentro de dirigentes sindicales que, en Mar del Plata, había organizado Luis Barrionuevo en el hotel Presidente Perón, que pertenece a los gastronómicos. Estaban Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña, Sergio Palazzo, Omar Maturano y Julio Piumato, entre otros. Moyano hablaba de la mutual de su gremio, que acababa de recibir una inspección de rutina del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Fantasmas que, de tanto en tanto, aparecen en el horizonte camionero. El sujeto tácito de ese "No sé qué buscan" es inequívoco: no tanto la Justicia como el Gobierno. En realidad, desde hace un tiempo, para los líderes gremiales, ambas cosas vienen a ser lo mismo. ¿Cree que va a salir la reforma laboral?, le preguntó LA NACION esta semana a uno de los más dialoguistas. "Si siguen estas embestidas, claramente no", dijo.
Están preocupados y divididos. "Vienen por nosotros", se oyó también en Mar del Plata. Ese convencimiento es por ahora, justo en momentos en que el Gobierno apuesta a una paritaria que permita por fin cumplir la meta anual de inflación, el único motivo que podría volverlos a nuclear. Es cierto que el encuentro del jueves no fue multitudinario. Al contrario: quienes estuvieron detectaron menos concurrencia que hace un año en el mismo lugar. Pero surgió, con todo, una yunta importante dadas las circunstancias: la lengua de Barrionuevo más el peso de Moyano. "Yo no coincido mucho con Luis, pero su discurso en este momento es muy importante", concluyó un miembro de la CGT. Y, más allá del poder de convocatoria, Moyano puede aportarle a su gremio lo que ningún otro de sus pares: sucesión, a través de su hijo Pablo. Serán vanos, por lo tanto, los recurrentes pedidos del Gobierno de que lo tranquilice. "Sin Pablo, el Negro es débil", evaluó otro jefe gremial.
Es el año que le espera a Macri. La primera conclusión de esta semana es que él y el sindicalismo no serán aliados. Y no solo por las decisiones de la Justicia. ¿Qué podría prometerle el Gobierno a un sector sobre el que avanzan causas que han facilitado las propias dependencias oficiales? Fue uno de los efectos de la política exterior del Presidente: no bien asumió, entes como la AFIP o la Unidad de Información Financiera (UIF), que investiga el lavado, empezaron a recibir de bancos y organismos internacionales información que hasta 2015 venía menos generosa. Cuestiones de aval internacional expresadas en casos concretos: la causa que involucra a Víctor Santa María, líder del sindicato de los encargados de edificio, se nutrió de información de organismos de control y lavado de Suiza y otros países; la detención de Juan Manuel "Pata" Medida se produjo gracias a reportes de operación sospechosa de bancos locales; la de Marcelo Balcedo, por datos de bancos locales e internacionales; la que involucra a los Moyano, con reportes de bancos e informes externos, y la de Omar "Caballo" Suárez, cuando se cumplieron pedidos de colaboración que la Justicia le había hecho a la UIF.
Aunque quisiera y pusiera un ejército de operadores judiciales, no sería tan sencillo para Macri frenar esas causas. Al menos en condiciones normales. Es cierto que la Argentina no siempre es normal. El 20 de octubre de 2006, por ejemplo, mientras Alberto Abad, jefe de la AFIP, estaba de viaje, se prendió fuego el tercer piso del edificio central del organismo, que acababa de iniciar la investigación del caso Skanska por supuesto pago de coimas y sobreprecios a través de facturas truchas. Al apagar las llamas, los bomberos encontraron en esas oficinas una lata con restos de combustible y papeles, por lo que determinaron que el incendio, que quemó varios expedientes, había sido intencional. Al año siguiente, en Santa Rosa, La Pampa, también por un combustible, ardió un depósito de caños de Skanska. La policía volvió a juzgarlo intencional. Y en 2014, en Barracas, en medio de una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sobre los bancos HSBC, BNP Paribas, Patagonia y JP Morgan, pasó lo mismo con un galpón de la firma Iron Mountain.
Moyano y Barrionuevo quieren que la iniciativa de Mar del Plata se transforme en un acto masivo en un estadio, probablemente en marzo, al que pretenden llenar como muestra de fortaleza y unidad. En la CGT no lo ven imposible: recuerdan la mañana del 10 de febrero de 2011, cuando el todavía juez Norberto Oyarbide detuvo a Gerónimo Venegas por la causa que investiga irregularidades con medicamentos, y esa decisión, tomada sobre un dirigente enfrentado con la presidenta Cristina Kirchner, bastó para congregar a todo el movimiento obrero en el sindicato de taxistas, que encabeza Omar Viviani. De ahí salió un enérgico comunicado que defendía a Venegas y a Juan José Zanola, otro de los detenidos. "Cuando tocan a uno, reaccionamos", dicen en la CGT.
Para el Gobierno será una prueba decisiva. Los primeros trazos empezarán a determinarse a mediados de febrero, cuando venza la prórroga de 40 días corridos que el Enacom, ente regulador del sector, le dio el 5 de este mes a la licencia de OCA, empresa de significativos vínculos con los Moyano. Los propios dirigentes sindicales admiten que en la Argentina, en términos de corrupción, el que busca encuentra: hay pocos capaces de salir indemnes de una inspección impulsada por una administración por la que se sienten atacados.
La sensación gremial es que se trata de una decisión tomada: por la razón que fuere, la Casa Rosada ha dejado de creer en un entendimiento con las viejas corporaciones gremiales e incluso se queda más tranquila pactando subsidios con las organizaciones sociales. El ejemplo más reciente es Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, a quien el Gobierno ha aceptado, por sugerencia de la Conferencia Episcopal Argentina y el Vaticano, como mediador en la relación con los pueblos originarios.
No está claro si estas sospechas alcanzarán para unir voluntades en el movimiento obrero. Lo que puede intuirse es que, a diferencia de Néstor Kirchner, que se jactaba de lo que llamaba "teoría del bloqueo" -la unción de Hugo Moyano como único y previsible interlocutor de los trabajadores-, Macri ha preferido interactuar con un frente sindical dividido. Son escenarios casi opuestos: Kirchner era peronista, venía de una megadevaluación que acababa de licuar el peso del Estado y la economía crecía al 7%; Macri, en cambio, tiene el ajuste pendiente y eso le reportará menor crecimiento. Disciplinar al sindicalismo tendrá entonces, además del objetivo eternamente incumplido de la transparencia, el de una paritaria racional. Es una tentación doble e irresistible, acaso la respuesta al "no sé qué buscan" de Moyano.
