La Justicia puso el ojo en la niña mimada del Gobierno: las rutas aéreas low cost. Días atrás, la gestión de Mauricio Macri terminó de enviar a Comodoro Py una serie de documentos que habían sido requeridos por el juez federal Sergio Torres. El magistrado le había ordenado al Poder Ejecutivo que detalle las medidas tomadas para garantizar la seguridad del tráfico aéreo y el uso racional del espacio, a raíz del plan que Cambiemos bautizó como la revolución de los aviones. El Ministerio de Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil (Amac), el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) debieron responder a los oficios enviados por Torres, que requerían informes pormenorizados con las gestiones para afrontar la incorporación de nuevos actores en el mercado aéreo. El juez Torres y el fiscal federal Jorge Di Lello tienen en sus manos la causa Avianca, uno de los expedientes que más incomodan al Gobierno porque investiga al Presidente por presuntas incompatibilidades con negocios de su familia. La génesis del caso fue la concesión de rutas aéreas a Avian, la continuadora de Mac Air, de la familia Macri.
