Trabajo rechazó el plan de crisis de Latam

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22/07/2020 Página 12 – Nota – Economía – Pag. 9

La empresa deberá pagar la doble indemnización a los despedidos

Javier Lewkowicz

La firma aérea adelantó que esa decisión será apelada entendiendo que la presentación original constituye un caso claro de fuerza mayor. Los gremios apoyaron a Trabajo.

El Ministerio de Trabajo rechazó el pedido de apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por parte de Latam Argentina. Esto implica un revés para la estrategia de la empresa de levantar las operaciones del país y despedir a 1715 personas pagando la mitad de las indemnizaciones previstas por ley. En cambio, la empresa deberá afrontar la doble indemnización que está vigente hasta fin de año. Latam ya adelantó que «la determinación será apelada por la Compañía entendiendo que la presentación original constituye un caso claro de fuerza mayor».

«Se impone el rechazo a la apertura del Procedimiento, toda vez que la única medida objeto del mismo resulta de las expresamente prohibidas por el ordenamiento legal vigente al momento de su presentación como así también a la fecha de la elaboración del presente», justificó la cartera laboral el rechazo al pedido de PPC de parte de la filial local de Latam.
En un comunicado emitido conjuntamente, los titulares de los gremios aeronáuticos celebraron la decisión de Trabajo y recordaron otro reciente dictamen de esa cartera exigiendo a la empresa que pague la totalidad de los salarios de los últimos meses, ya que la empresa viene pagando la mitad de los mismos.

«El Ministerio de Trabajo, ratifica la obligación legal por parte de Latam Argentina, de abonar el 100 por ciento de los salarios adeudados. Los cuales comprenden los meses de abril, mayo y junio, sumado al aguinaldo correspondiente.
Como, así también, la prohibición de efectuar despidos tal cual lo establecen los decretos 329 y 487 del 2020», indicaron Ricardo Cirielli (APTA), Edgardo Llano (APA), Rubén Fernández (UPSA), Pablo Biró (APLA) y Natalia Fenchuk (ATCPEA). Entendemos que no es la solución definitiva pero por lo menos ubica a la empresa en el marco de las leyes y decretos que amparan los derechos laborales.

Está claro que va a ser un capitulo más del proceso del reacomodamiento del mercado aerocomercial en la Argentina y la región?, ampliaron a este diario desde APA.

La historia del pedido del PPC comienza el 17 de junio pasado, cuando la empresa presentó al Ministerio de Trabajo un escrito en donde atribuye a los trabajadores de la filial local «la productividad más baja y los sueldos más elevados de la región» a causa de la supuesta cerrazón de los gremios para aceptar cambios en el modo de producción. En el pedido de PPC, Latam advierte que ?el resultado operacional al cierre de 2019 para la filial argentina implicaba una acumulación de pérdidas en los últimos tres años por 291 millones de dólares y de 300,9 millones de dólares si se toman los últimos cuatro años? y atribuye ese resultado a la devaluación del peso, la inflación y la desregulación y apertura del negocio aerocomercial practicada durante la gestión anterior.

Tal como adelantó este diario, desde la cartera laboral evaluaban que el PPC es una herramienta que ofrece el Estado para las empresas que necesitan achicarse para evitar el cierre, pero que éste no era el caso. La empresa ratificó su «decisión de cese y cierre de operaciones en el país, tal como lo anunció el pasado mes y confirmó el 8 de julio en la audiencia virtual mantenida con los gremios en el Ministerio de Trabajo de la Nación». «En tal sentido, la Compañía ratifica que ha cumplido cada uno de los procedimientos legales y administrativos que corresponden a esta situación y reafirma su voluntad de apelar la decisión del Ministerio de Trabajo, en tanto la solicitud del PPC está claramente justificada por una causa de fuerza mayor, constituida por el brutal impacto de la pandemia en las operaciones aéreas», dijo Latam Argentina.

Ante la negativa de apertura del PPC, es esperable que LATAM refuerce su discurso de salida del país y de la supuesta imposibilidad de pagar las indemnizaciones para afianzar el plan de retiros voluntarios, que hasta ahora habrían aceptado al menos unos 500 trabajadores. El buen resultado del plan de retiros voluntarios es proporcional al miedo que tienen los trabajadores de que la situación derive en la quiebra y que así la posibilidad de cobrar sea más remota.

Trabajo exige que la empresa pague el ciento por ciento de los salarios adeudados.  

 

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