El RIGI es un plan maldito

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12/05/2024 Página 12 – Nota – Economía – Pag. 4

Pretende convertir el país en una economía de enclave

Por Alfredo Zaiat

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones va a contracorriente de la tendencia mundial de reindustrialización. No sirve como plataforma de desarrollo. No promueve la industria nacional. No mejora el perfil productivo ni la sustentabilidad fiscal y del sector externo. No deja ni un dólar de exportaciones en el país. No debería tener otro destino que el rechazo total en el Senado.

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), en caso de aprobarse en el Senado o con modificaciones luego en Diputados, acelera el camino de la colisión de la economía de Milei contra el muro de la restricción externa.

Una de las chances de relajar la escasez relativa de divisas, origen de grandes crisis en la economía argentina, se encuentra en la posibilidad de desarrollar áreas de explotación de hidrocarburos (Vaca Muerta, Palermo Aike en Santa Cruz y offshore en la Costa Atlántica en la zona de Mar del Plata) y de minerales (litio, cobre, potasio, oro, plata).

Existen investigaciones que estiman cuántos dólares adicionales pueden ingresar en la economía con una estrategia de de – sarrollo nacional con salida exportadora.

Uno de ellos, un trabajo colectivo e interdisciplinario, conducido por Daniel Schteingart, plantea la oportunidad de duplicar exportaciones hasta 2030. El plan elaborado en el gobierno anterior se llama Argentina Productiva 2030 con el objetivo de sumar un total de 180 mil millones de dólares hasta este año.

El incremento de las ventas al exterior nace de varios sectores.
Se destacan los de energía, servicios basados en el conocimiento, del turismo, de la minería, del agropecuario y de la industria automotriz, forestal y petroquímica.

La mitad de estos 94 mil millones de dólares adicionales de exportaciones corresponde a la energía, minería y agroindustria, tres actividades cuyas inversiones están en condiciones de ingresar en el RIGI.

La semana pasada se detalló en estas páginas como el RIGI convertirá a la Argentina en una guarida fiscal y que tendrá efectos casi irreversible por la cesión de la soberanía jurídica a favor del tribunal arbitral (parcial) del Ciadi dependiente del Banco Mundial. Ahora se avanza en otra faceta del RIGI referida a la transformación en una economía de enclave.

Dólares de exportación ¿Por qué el RIGI atenta con la meta de aflojar las presiones que vienen del sector externo por la falta de dólares? Porque los proyectos de inversión que adhieran a este régimen de promoción no tendrán la obligación de ingresar los dólares de exportación a partir del tercer año, plazo mínimo en el cual se estima empieza a madurar las inversiones. La obligación de liquidación de divisas en el Mercado Único Libre de Cambios es de 80% el primer año y 60% el segundo año, según el RIGI. Como se mencionó, el tiempo hasta que este tipo de proyectos de inversión generan dólares en cantidad es de varios años, por lo tanto resulta insignificante este requisito.

Ni un dólar de exportación de los nuevos proyectos de inversión ingresará a la economía argentina.
No servirán para abastecer de divisas a la plaza local ni aliviará las tensiones del crítico sector externo.
Santiago Liaudat y Gustavo Atencio escribieron en APU (Agencia Paco Urondo) un detallado artículo sobre el RIGI, y respecto a la cuestión de las divisas aseguran que «es posible prever efectos negativos sobre la balanza comercial y cambiaria».

Explican que el régimen favorece las importaciones y garantiza el acceso de las divisas en el merca- do de cambios local para pagarlas, mientras que las divisas producto de las exportaciones no tienen obligación de ser ingresadas al país. El resultado es que lejos de mejorar la balanza de pagos de la Argentina, el RIGI producirá su empeoramiento.

Ha sido mencionado en más de una oportunidad en estas páginas que sin el ingreso constante de dólares (comerciales y financieros) el proyecto de Milei enfrentará dificultades.

El ministro de Economía, Luis Caputo, todavía no pudo cumplir con la promesa de conseguir dólares en cantidad de fondos de inversión internacionales. No está convenciendo al FMI de cerrar un nuevo acuerdo que implique unos 15 mil millones de dólares adicionales. Los otros dos relevantes organismos financieros multilaterales (BID y Banco Mundial) no muestran vocación de ampliar la cartera de asistencia al país. El aporte millonario de capitales árabes, que en momentos de campaña electoral el entonces candidato presidencial Milei ofrecía como prueba en su celular, no ha aparecido.

Ni los dólares de la cosecha gruesa están siendo liquidados con la intensidad esperada por Caputo y Milei porque productores y protagonistas del complejo agroexportador desean un tipo de cambio real efectivo más elevado, devaluación y/o reducción de retenciones que fueron rechazadas en más de una oportunidad por el oficialismo. El RIGI se convierte entonces en la principal vía de seducción a capitales extranjeros para traer dólares al país para inversiones en condiciones privilegiadas para la explotación de recursos naturales.

Desesperación La apuesta del gobierno de Milei es que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones se transforme en la reforma estructural que permita destrabar esos flujos y, con esto, le otorgue el factor de estabilidad central al plan económico. El reciente informe de la consultora PxQ de Emmanuel Álvarez Agis ofrece un análisis demoledor sobre esta pretensión oficial. Dice que el RIGI entrega blindaje a los dólares nuevos respecto al control de cambios vigente. Las divisas involucradas en estos proyectos en tonces están excluidas de todas las restricciones para la cuenta capital.

Detalla que una de las importantes exenciones refiere a la obligación de ingresar los dólares provenientes de nuevos financiamientos externos por el mercado oficial de cambios. Si los dólares involucrados en los nuevos financiamientos externos no deben ser vendidos al Banco Central y si, además, las actividades involucradas son capital-intensivas con requerimientos de importación de bienes de capital de magnitud, entonces ¿de dónde surgen las divisas que van a reforzar las reservas con un horizonte de mediano plazo y que permitan la estabilización económica? La respuesta que brinda es contundente: «de ningún lado». Para agregar que la falla de diseño del plan oficial apoyado en el RIGI es que, al eliminar la obligatoriedad de liquidar las divisas al Banco Central, ni los dólares del financiamiento externo ni los futuros dólares de las mayores exportaciones permitirán cerrar la brecha externa, por la sencilla razón de que esos dólares nunca ingresarán a la economía argentina.

Es un escándalo Martín Reydó, director ejecutivo de Fundar, escribió en el portal Cenital que lo más relevante de la ley Bases no son las reformas impositiva, laboral o el blanqueo.

Afirma que el núcleo de la propuesta oficialista se encuentra en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Consiste en un programa, por un período de 30 años, de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, para atraer inversiones extranjeras en los sectores minero, petrolero y gasífero. También están incluidas inversiones agropecuarias.

El plan consagra un patrón de especialización productiva del pías como exportador de recursos naturales, con multinacionales dominando «la crema del negocio y sin ninguna articulación con el entramado productivo nacional o el sistema de innovación».

Para definir que se marcha de este modo a una «economía de enclave pura y dura».
El régimen ofrece una ventana de oportunidad de dos años, con la posibilidad de prorrogarlo por dos más a criterio del Poder Ejecutivo, para proyectos de inversión mayores a 200 millones de dólares. Sentencia que «ata al Estado argentino de pies y manos durante 30 años para capturar rentabilidades extraordinarias y hacer política de desarrollo productivo.

Una combinación de privilegios al capital y de restricciones al bien colectivo que no hace ningún país serio del mundo».
Los beneficios son:

■ Reducción de la alícuota de ganancias de 35% a 25%.
■ Amortización acelerada.
■ Retenciones cero a todas las exportaciones que surjan de las inversiones.
■ Arancel cero a la importación de maquinarias (nuevas y usadas) y bienes de capital.
■ Ningún requisito de compre nacional ni ahora ni nunca.
■ Requisitos de liquidación de divisas en el Mercado Único Libre de Cambios de sólo el 80% el primer año, 60% el segundo año y cero en el tercer año de la inversión.

Reydó concluye: «Es el régimen más generoso de la historia del país. Con una novedad absoluta: sin ninguna condición a cambio. Ni hoy ni nunca. Porque los treinta años de estabilidad prohíben cualquier cambio tanto a nivel nacional como provincial y municipal. El pacto Roca-Runciman se sonrojaría».

A contracorriente los economistas de CEPA elaboraron un documento sobre el RIGI. Uno de los aspectos mencionados es que Milei no tiene plan productivo y, si bien dice ser anarcocapitalista, «su plan económico tiene similitudes con las premisas del Consenso de Washington, el paradigma económico que se impartió desde los organismos multilaterales de crédito a fines de los años ?80 con eje en el fundamentalismo del mercado».

Ese mundo hoy no existe y la irrupción de China y los satélites asiáticos como potencias industriales, la interrupción en la cadena de suministros con la pandemia y el reordenamiento de la geopolítica con la guerra de Rusia y Ucrania, han reactualizado debates y desafíos de la política industrial a nivel global.

Hasta el FMI se está ocupando del tema con un sesgo crítico pero sin desconocer el giro de las estrategias nacionales de Estados Unidos, Unión Europea y China.

En el blog del organismo los economistas Anna Iliyina, Ceyla Pazarbasioglu y Michele Ruta publicaron «La política industrial está de vuelta, pero acertar con ella no es fácil».

El RIGI va a contramano de lo que están haciendo países que están promoviendo el desarrollo nacional de la mano de la reindustrialización de cadenas de valor o de fortalecimiento de las existentes.

El informe del CEPA destaca el caso de Estados Unidos con la política industrial, que se ha convertido en política de Estado.
Antes Donald Trump y después Joe Biden han implementado medidas de política industrial con las leyes «CHIPS Act», «Bipartisan Infrastructure Law» y «Inflation Reduction Act» con el objetivo de hacer frente a la competencia de China y robustecer el entramado industrial estadounidense.

Estas leyes brindan importantes incentivos fiscales a cambio de que las empresas se radiquen en suelo estadounidense.
Alcanzan tecnologías como el hidrógeno, la manufactura de baterías, la energía nuclear y la electromovilidad.

El reporte del CEPA también menciona la Unión Europea que ha lanzado la política industrial con el Pacto Verde, que busca mantener la capacidad industrial en Europa y preservar empleos manufactureros. El plan es por 225.000 millon

es de euros del fondo de recuperación y resiliencia y 72.000 millones de euros del fondo de cambio climático.
Alcanza tecnologías renovables (con foco en la energía eólica), el hidrógeno, la manufactura de baterías y la electromovilidad. El informe indica otros casos de políticas industriales desplegadas en el mundo:

■ Digital New Deal de Corea del Sur.
■ Industria Conectada de España.
■ Impresa 4.0 de Italia.
■ Next Wave of Manufacturing de Australia.
■ Make in India de India.
■ New Industrial Strategy de Reino Unido El Brasil de Lula está realizando inversiones públicas masivas para impulsar su política industrial.

A través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil otorgará créditos subsidiados por 271 mil millones de reales, aportes no reembolsables por 21 mil millones y realizará inversiones de capital por otros 8 mil millones. A diferencia de las escasas inversiones en proyectos de movilidad sustentable en Argentina, las empresas BYD, Stellantis, Toyota y Great Wall Motors (China) acumulan más de 15.000 millones de dólares entre inversiones finalizadas, en ejecución y anunciadas en Brasil Nuevo Consenso No deja de sorprender la escasa capacidad del gobierno de Milei de observar los cambios que se están produciendo a nivel global, incluso en la estrategia de Estados Unidos, país al que se ha abrazado en forma incondicional en términos geopolíticos. Sigue repitiendo los postulados del Consenso de Washington de la década del ?90 cuando ha habido un cambio en la visión estadounidense para su economía doméstica como también acerca de la expansión hacia el exterior.

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, describió la política económica internacional de la administración estadounidense, en una presentación del 27 de abril del año pasado, a la que denominó el «Nuevo Consenso de Washington».

Uno de los aspectos destacados refiere a que el retroceso relativo de Estados Unidos en relación a China se originó en sostener los lineamientos del anterior Consenso de Washington, cuyo resultado fue desindustrialización y deterioro acelerado de las clases medias (trabajadores), al tiempo del incremento acelerado de las fortunas de los ricos.

Sullivan afirmó que había un conjunto de ideas que defendía la reducción de impuestos y la desregulación, la privatización y la liberalización del comercio como un fin en sí mismo. Señaló que el supuesto era que los mercados siempre asignan el capital de manera productiva y eficiente, sin importar lo que hicieran otros países.

Aquí aparece una revisión importante de la mirada estadounidense, que lo hace fundamentalmente por el avance de China: «En nombre de la eficiencia del mercado simplificada en exceso, cadenas de suministro completas de bienes estratégicos, junto con las industrias y los empleos que los producían, se trasladaron al extranjero. Y el postulado de que una profunda liberalización del comercio ayudaría a Estados Unidos a exportar bienes fue una promesa que se hizo pero no se cumplió».

No hay cambios útiles Este nuevo consenso deja atrás el libre comercio y flujos de capital, y la no intervención del Estado en la economía. Lo reemplaza con la idea de una «estrategia industrial».

Esta consiste en que los gobiernos subsidian la reconstrucción industrial (la de punta, tecnológica y de energía limpia).
Los recursos para hacerlo se obtienen de una mayor carga impositiva sobre las grandes empresas (combate a la evasión y guaridas fiscales), para así cumplir con «los objetivos nacionales».

Algunos legisladores y economistas proponen realizar cambios al RIGI en el Senado al evaluar que la Argentina necesita de un plan de atracción de inversiones para impulsar la productividad y el crecimiento. Pero el RIGI no lo es desde la concepción hasta cada una de las condiciones, y cualquier maquillaje no podrá ocultarlo.

El RIGI va a contracorriente de la tendencia mundial. No sirve como plataforma del desarrollo económico. No promueve la industria nacional. No mejora el perfil productivo ni la sustentabilidad fiscal y del sector externo.

No debería tener otro destino que el rechazo y archivo como muestra de la pretensión de Milei de convertir el país en una economía de enclave.

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