Dos gobernadores y 36 empresas importaron aviones pese a las trabas
18/10/2024 La Nación – Nota – Política – Pag. 17
Camila Dolabjian LA NACION
aduana. Se otorgaron permisos especiales durante la gestión de Unión por la Patria a pesar de las dificultades para acceder al SIRA; los casos de Santiago del Estero y Santa Cruz.
Son cerca de 30.000 los argentinos que dependen de diálisis para sobrevivir y los que, en noviembre del año pasado, temían que se interrumpieran sus tratamientos o se los redujera a cada dos o tres días cuando escuchaban, en los hospitales o en la televisión, que había decenas de asociaciones médicas en reclamo de carácter urgente por la falta de insumos médicos. El Gobierno admitía una crisis, pero aseguraba que se aprobaban todas las solicitudes de importación de insumos. Carla Vizotti, exministra de Salud, culpaba a la «especulación financiera» de las empresas encargadas de hacer llegar estos insumos al país. Para explorar una salida, el 8 de noviembre se reunieron las autoridades nacionales con el sector para encontrar una solución provisoria de «priorización».
No ingresaba una aguja, pero a tan solo días de ese encuentro, el sistema oficial daba por oficializada la llegada al país de un avión ATR- 42600 0 km, una aeronave privada de US$18.936.842,84, equivalentes a un quinto de lo que las empresas de salud demandaban del gobierno para solventar la escasez de insumos.
La aeronave es de propiedad de la empresa petrolera Chevron. Hoy la usa para volar a ejecutivos y directivos de las operadoras de Vaca Muerta para facilitarles los traslados, particularmente desde El Trapial a Neuquén capital. La fecha de oficialización de la llegada del avión fue el 21 de noviembre de 2023, según la base de datos de la Aduana, a la que accedió la nación, que ya se encuentra en manos del juez en lo penal económico Javier López Biscayart, que investigará el escándalo de importación de aeronaves en la gestión anterior.
La hipótesis sobre el negocio de la brecha cambiaría, de por sí no delictivo, se combina potencialmente en las operaciones, algunos ilícitos entre los que se contemplan contrabando por sobrefacturación, lavado de dinero e infracciones aduaneras. Pero en 2023 la sospecha es distinta, por la dificultad de acceder al dólar oficial: ¿cómo hicieron ciertas personas o empresas para que se las autorizara a traer bienes suntuarios y lujosos cuando hasta los esenciales se encontraban con trabas para llegar a destino? Entre mediados de 2022y fines de 2023 se acumularon miles de millones en deuda comercial. Se estiman US$50.000 millones. Entre julio y agosto del año pasado, la mayor limitación estaba en el otorgamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), el paso oficial de autorizaciones inaugurado por Sergio Massa como ministro de Economía que reemplazó a las SIMI, que a su vez habían reemplazado a las DJAI, y así sucesivamente.
El nivel de discrecionalidad en el otorgamiento, que involucraba principalmente a la Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, disparó innumerables sospechas de pago de sobornos. A su vez, se sumaron restricciones para acceder a los dólares oficiales. Es decir que, además de complicarse la aprobación de las SIRA, luego se ampliaron los plazos y/o no se respetaban las fechas pautadas para que los importadores accedieran al MULC (mercado único y libre de cambios) para hacer pagos al exterior. Quienes podían asumir el costo o tenían casas matrices que avalaban la operación, pagaban al dólar contado con liquidación.
2023 fue el año de menor cantidad de importaciones de aviones y helicópteros, con 149 operaciones concretadas, contra más del doble en 2021. Hicieron compras Aerolíneas Argentinas y otras empresas comerciales, como Flybondi, JetSmart y Aviaser. Al excluir a las grandes compañías y a los organismos de seguridad o defensa, o empresas públicas, el total de importaciones terminadas suma cerca de US$152 millones y 38 importadores distintos. Fuentes de la gestión anterior anotaron números un tanto distintos: dijeron que fueron US$185 millones los solicitados en SIRA, de los cuales US$99 millones fueron anuladas, US$44 millones no tuvieron acceso al mercado del dólar oficial y US$42 millones sí lo hicieron, pero con autorizaciones para el MULC de 360 días, es decir, pateadas a este año.
El caso de Chevron no es el único en esa época, aunque sí es el más caro. Unos meses antes de la importación de este avión, y contra todo pronóstico, dado el contexto político y cambiario, la compañía anunció una inversión de más de US$500 millones con los mismos beneficios que les otorgó Cristina Kirchner en 2013. Bajo ese régimen, se les permitía exportar un 20% de la producción que resultara del proyecto sin retenciones y disponer libremente de las divisas generadas, sin obligación de liquidarlas en el país. Dos fuentes de la industria contaron a la nación que se trató de una importación que estaba trabada, pero que logró salir a flote. Lo llamativo de esta importación es que, de acuerdo con el CUIT reportado a la Aduana, la aeronave llegó bajo titularidad directa de la filial local de Chevron, pero en decenas de páginas de aviación se reporta que la operación se encuentra bajo American Jet SA, que también lo publicita en sus redes. Se trata de una empresa de taxis aéreos que, además, es de las pocas que lograron importar otro avión en 2023: un Beechcraft 1900, matrícula LV-KKQ, por US$2.825.000, oficializado el 19 de septiembre de 2023.
Tampoco fueron solamente empresas las que importaron en esos meses. Dos provincias pudieron hacerse de nuevos aviones: Santa Cruz y Santiago del Estero o, en términos de sus gobernadores, Alicia Kirch- ner y Gerardo Zamora.
El gobernador del norte trajo dos, desde Estados Unidos. Adquirió un Beechcraft Super King Air 200, para pasajeros (matrícula LQ-KKX) por US$2.950.000, y un AT 802, un avión hidrante anunciado en 2022 luego del escándalo de la compra millonaria de un Boeing 737 para el mismo propósito por cerca de US$15.000.000, para luego darse cuenta de que para apagar incendios no podía utilizarse debido a que no puede operar cerca de zonas urbanas. El AT 802, comprado por US$2.642.080 y oficializado el 5 de julio de 2023, llegó a cubrir ese desperfecto de planificación.
La provincia sureña importó, también desde Estados Unidos, un avión sanitario Pilatus PC-24, 0 km, matriculado LV-KJY, que Kirchner nunca pudo usar. Fue oficializado el 19 de septiembre de 2023 y «bautizado» dos días después «La Cruz del Sur». Actualmente se lo ve en idas y vueltas a Río Gallegos, como «medevac» (evacuación médica). La gobernación aclaró que se pagó con fondos del tesoro, que la necesidad surgió del desgaste en la pandemia de los otros dos aviones y que se hizo una licitación internacional que resultó en un valor final de US$14.671.000.*
Alicia Kirchner, al recibir el avión, en Santa Cruz
