Aerolíneas, el capricho del Coloso y un acuerdo opo-dialoguista para otro show del veto

31 de octubre de 2024 – 07.42

«No tuvieron el coraje los funcionarios de decir en esta comisión lo que sí nos comunicaron, telefónica o personalmente, para tratar de destrabar este tema (…) acá hay una decisión tomada, nos fue comunicada, de liquidar la compañía».

La frase la deslizó el diputado de Encuentro Federal (EF) Nicolás Massot este martes, en el plenario de comisiones en el que un pacto de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y el bloque de la UCR funcional al Gobierno, el que preside Rodrigo de Loredo, se alzó con el dictamen de mayoría para avanzar con un proyecto para avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas. Hablaba Massot de una reunión privada que se dio en la Cámara de Diputados, a fines de septiembre, luego de que expusieran los funcionarios del Ejecutivo que iban a defender el plan privatizador. La organizó la radical Pamela Verasay, brazo ejecutor en la Cámara de Diputados de los deseos del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. La voz principal la llevó el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, pero también estaban el secretario de Transporte, Franco Mogetta, el titular de Aerolíneas, Fabián Lombardo, otros funcionarios y no menos de una decena de diputados y diputadas. Fue en ese contexto donde «Cochi» Rolandi y Mogetta dejaron en claro que, para ellos, la compañía está en quiebra, que no tienen forma de escaparse de los convenios colectivos con los aeronáuticos y que lo único que se puede hacer es mandarla a la quiebra y liquidar los activos de Aerolíneas. Una de las salidas que propone nada menos que Mauricio Macri.

El costo penal de la liquidación.

Al clarificarse esa posición del Ejecutivo, algunos diputados les respondieron que para eso no necesitaban ninguna ley. Que bastaba con que el Tesoro cierre la canilla de recursos y esperar que Aerolíneas se desangre. «Ningún funcionario va a firmar un papel para autorizar una cosa así», fue la respuesta. Y tienen razón. «(el titular de Aeronavegantes, Pablo) Biró ya no está más en el directorio, pero hay otro representante de la cuota parte de los trabajadores. Si desvalorizás o malvendés la compañía, terminás en una causa penal», sugirió un ex alto directivo de Aerolíneas, que conoce como nadie el funcionamiento de la aerolínea de bandera. La figura sería la de incumplimiento de deberes de funcionario público. El dictamen del oficialismo y sus aliados establece una privatización en el marco de la menemista ley de Reforma del Estado. En su artículo 11 establece que para privatizar, concesionar o liquidar una empresa del Estado se requiere, primero, que el Congreso la declare «sujeta a privatización». Si consiguen este aval parlamentario, el vaciamiento y la liquidación de activos gozaría de un paraguas legal.

La obsesión del Coloso.

La idea de insistir con la privatización de Aerolíneas Argentinas fue, naturalmente, del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Quienes lo frecuentan lo ven más envalentonado que nunca. Nadie en el oficialismo tenía el tema en radar. Menos los jefes parlamentarios, que le pusieron el cuerpo a la guerra por la ley Bases, donde terminaron sacando a Aerolíneas de la lista de empresas privatizables, los mismos que ahora están en otra guerra, la del Presupuesto 2025. Nadie veía margen para relanzar esa disputa. Nadie, excepto el «Coloso». En una de las reuniones habituales para la coordinación entre el Gobierno y el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le dejó en claro que no podía garantizar los votos para la privatización. En el bloque de LLA piden, en privado, seleccionar mejor las batallas, ya que están rascando votos para sostener con un tercio los vetos presidenciales, y que debería haber más lugar para los proyectos del PRO, parte del ecosistema oficialista. Si lo que buscan es esto último, Aerolíneas igualmente cierra perfecto. De hecho, el primero en sugerir el desguace de la empresa aérea como una salida posible fue el mismísimo Macri.

Privatizar o liquidar, esa es la cuestión.

Uno de los diputados que estuvieron en contacto con los funcionarios del Gobierno sostiene que, en privado, en la Casa Rosada reconocen que Aerolíneas está muy cerca de ser superavitaria. Destacan dos problemas centrales: hablan de un problema con el valor del combustible y un «desfasaje salarial», en torno al 20%. Les pidieron los números, pero dicen que no los tienen. Les enviaron algunos informes, «pero no tienen los balances o no los quieren largar», confió la fuente. La narrativa es la defensa del equilibrio fiscal pero, en definitiva, es una decisión de carácter ideológica y de modelo de negocios. En esas reuniones, incluso les preguntaron si tenían alguna oferta concreta por la empresa, pero la respuesta fue negativa. Alguien consultó allí por el «Armenio», en referencia indirecta a Eduardo Eurnekian, el dueño de Aeropuertos Argentina 2000, pero les dijeron que por ahora no hay nada. Según fuentes del sector, por la única empresa de Aerolíneas que habría interés hasta el momento es por Aerohandling, la de rampas.

El desmembramiento como salida.

En los encuentros que hubo entre el Gobierno y los bloques oficialistas de LLA y el PRO, en los que se acordó relanzar la privatización, un funcionario puso sobre la mesa una idea. Armar tres «hubs» o centros de operación, uno en alguna provincia de la Patagonia, otro en Salta y otro en Córdoba, y usar los Embraer de Aerolíneas para operar vuelos locales con tres empresas distintas, que hagan base en aeropuertos de esas provincias. Otra de las ideas que dejó Macri en su extenso tuit del 19 de septiembre. Incluso para esto, convertir Aerolíneas en varias unidades de negocios (con activos que van de los aviones a los simuladores, pasando por las rampas o el callcenter), necesitarían un pronunciamiento del Congreso. La expectativa es tan baja que hasta en el propio oficialismo admiten que no ven que el dictamen llegue al recinto este año. Y que, además, el objetivo era tener proyectos propios con dictamen, para «jugarlos cómo y cuándo queramos». Sobre todo, entienden, cuando aparece una voluntad opositora de tomar las riendas de la agenda parlamentaria, como ocurrió con jubilaciones o universidades.

Otro pacto para otro veto.

Dentro de los marcos de alianzas que se empiezan a dar en el Congreso, hay uno que viene funcionando bien. Lo integran Unión por la Patria (UxP), el sector del radicalismo que se escindió de la bancada de De Loredo y armó su propio bloque, Democracia para Siempre (DpS) y Encuentro Federal, quienes consiguieron sacar la ley de recomposición salarial para jubilados y la de financiamiento universitario, ambas vetadas por el presidente Javier Milei. Estos mismos bloques llegaron ahora a otro acuerdo interno que se encamina a un mismo final. Este miércoles emitieron dictamen para modificar la ley que regula el trámite de los DNU. Es un proyecto sencillo que establece tres cosas:

1. Si a los 90 días de haber sido publicado un DNU no consigue ser aprobado por ambas cámaras del Congreso, automáticamente se cae;
2. Alcanza con el rechazo de una sola de las cámaras para derogarlo.
3. Cuando un DNU sea dictado en periodo de receso parlamentario, el Congreso podrá abocarse en forma inmediata a su tratamiento.

El Presidente ya avisó que, en caso de que este proyecto se convierta en ley, va a volver a usar la herramienta del veto presidencial. Y el tercio de hierro que construyó entre los bloques oficialistas, los radicales «Peluca» y la complicidad de varios gobernadores ya fue puesto a prueba dos veces, con el mismo resultado.