A enfrentarlo y derrotarlo en las calles.
En su peor crisis, Milei vetó el financiamiento a las universidades y al Garrahan.
La ley educativa establecía el aumento de financiamiento para el funcionamiento y los salarios en las universidades. La Ley de Emergencia Pediátrica buscaba incrementar financiamiento a los hospitales pediátricos. Tras la derrota electoral del Gobierno y en su momento más débil, es necesario impulsar asambleas y movilizaciones masivas junto con todos los sectores atacados para tirar abajo el veto y derrotar el ajuste.
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La derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el pasado domingo, dejó en crisis al gobierno expresando el descontento con la situación económica que está sufriendo la mayoría trabajadora en el país y el doble discurso “contra la casta” tras los escándalos de corrupción que involucran hasta a Karina Milei.
Aún así el Gobierno profundiza su rumbo de ajuste planteando que no se moverá “ni un milímetro” de la política económica, anunciando hoy el veto a la ley de financiamiento universitario que fue aprobada en el Senado por una amplia mayoría: 58 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. El decreto está firmado por todo el gabinete. Además de esta ley, el Gobierno también vetó la ley de emergencia pediátrica para el Garrahan y la ley de distribución de aportes del tesoro nacional que reclaman los gobernadores.
La ley que propone aumentar el presupuesto para la educación superior se logró tras más de un año de lucha, que incluyó paros y movilizaciones en las universidades e instituciones de ciencia y técnica. Propone una recomposición de fondos cubriendo la pérdida inflacionaria acumulada desde mayo-diciembre de 2024, incluyendo actualizaciones bimestrales durante 2025 según el IPC del INDEC. Establece que los salarios docentes y no docentes se actualicen con una periodicidad no mayor a los tres meses y que no sean inferiores a la inflación. Y a su vez, destina partidas especiales para investigación, becas postdoctorales, obras sociales universitarias y para el CONICET.
El ataque a las universidades viene siendo tan duro que el sueldo de un docente ayudante de primera hoy es de $280.000. Según lo que denuncian los gremios universitarios, para recuperar la pérdida salarial desde 2023 se requeriría un 45,8% de aumento contra el 7,5% en cuotas que ofreció el gobierno.
El Gobierno ya había vetado este mismo proyecto el año pasado, lo que derivó en tomas en decenas de universidades del país con movilizaciones masivas. Tras la derrota electoral, el gobierno se encuentra en su momento de mayor debilidad. Aún así insiste en profundizar el ajuste contra los trabajadores, contra la salud y la educación públicas, contra jubiladas y jubilados, así como en Discapacidad. No hay más tiempo que perder, las centrales sindicales y las federaciones estudiantiles están llamadas para ponerse a la cabeza para derrotar la política de ajuste del Gobierno.
Como lo demostró el colectivo de la Discapacidad logrando tirar abajo el veto en el Congreso, es necesario retomar esa pelea en la calle y con organización. Convocando a asambleas en cada casa de estudio incluyendo a estudiantes, docentes, trabajadores de las universidades y a la comunidad para discutir cómo enfrentar el nuevo veto e impulsar a una masiva tercera marcha universitaria, sumando a todos los sectores atacados que sufren la política de ajuste como las jubiladas y los jubilados, el colectivo de Discapacidad, trabajadores despedidos o el Garrahan.
