El gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de Nucleoeléctrica y hay más de 3.000 empleos en riesgo

A través del Decreto 695/2025, el gobierno de Javier Milei impulsa la privatización de Nucleoeléctrica, empresa estatal clave en la producción de energía nuclear. y aseguran que hay más de 3.000 empleos en riesgo. Se trata de la firma a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país, Atucha I, Atucha II y Embalse.

La normativa, enmarcada en la Ley de Bases 27.742, establece que el 44% de las acciones será licitado a capitales privados nacionales e internacionales, un 5% se destinará al Programa de Propiedad Participada para trabajadores y el 51% permanecerá en manos del Estado.

Rechazo a la privatización de Nucleoeléctrica

La decisión ha desatado críticas, especialmente desde Unión por la Patria. La diputada provincial Soledad Alonso señaló que la privatización amenaza la soberanía energética, el desarrollo científico y más de 3.000 empleos altamente calificados. “Ningún país que aspire a ser soberano entrega de esta manera su sector nuclear. ¿Qué se esconde detrás de privatizar una empresa que no da pérdidas, que genera divisas y produce energía accesible?”, cuestionó.

Nucleoeléctrica, que en 2024 alcanzó un récord de 10,4 millones de MWh generados con un factor de carga del 73,3%, es una empresa superavitaria. A pesar de que el propio decreto reconoce su capacidad técnica y operativa, el gobierno argumenta que la incorporación de capitales privados es “imprescindible”.

Alonso alertó que la medida implica una pérdida de autonomía estratégica, abre la puerta a la extranjerización de decisiones sensibles y genera incertidumbre regulatoria.

Privatización de Nucleoeléctrica: 3.000 empleos en riesgo

Además, pone en riesgo a más de 3.000 trabajadores calificados, que enfrentan la posibilidad de despidos o peores condiciones laborales. “Esto ya se vivió con la dictadura y el menemismo. La falta de valoración de nuestros profesionales lleva a que se vayan del país”, afirmó, recordando que en los 90 la actividad nuclear ya fue declarada sujeta a privatización, con resultados negativos.

La privatización también podría encarecer el servicio eléctrico, ya que los privados priorizarán la rentabilidad, según Alonso. “Los inversores extranjeros priorizaban llevarse el dinero en lugar de invertir para mejorar los servicios”, agregó. La diputada llamó a frenar esta política: “Estamos a tiempo de ponerle un freno a este desguace del Estado el 26 de octubre”, instando a rechazar una medida que, según ella, beneficia a intereses privados y compromete la independencia nacional.