Milei vuelve a la carga con la reforma laboral: no más horas extra, indemnizaciones ni negociaciones colectivas

gestionsindical.com
Un borrador de la reforma laboral, que el Gobierno dijo que presentará este viernes, ya circula en la CGT. También un informe para rechazarla.
En el 61° Coloquio de IDEA realizado en Mar del Plata, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció un que el Gobierno tiene armado un paquete de reformas para que sea discutido en el Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando cambie la conformación de los bloques. Y entre ellas se encuentra la reforma laboral que desea Javier Milei, de la cual el sindicalismo ya conoce el borrador y se prepara para rechazarla.
La explicación de Adorni fue que “el equilibrio fiscal es innegociable para el Gobierno. Le dedicamos estos dos primeros años a estabilizar el desastre económico heredado. En el segundo bienio debemos llevar a cabo las reformas estructurales que hacen falta”.
Y planteó la necesidad de modernizar el sistema de trabajo: “Necesitamos que las empresas, desde las más chicas hasta las más grandes, quieran contratar empleados. Desde hace 15 años en la Argentina, en términos netos, no se crea un solo empleo privado formal”.
Desde el Ejecutivo dijeron que este viernes se brindarán los detalles de la iniciativa, pero un informe técnico ya circuló entre dirigentes de la CGT advierte sobre impactos negativos que tendrían las medidas propuestas.
En IDEA, Adorni casi no dio datos precisos. Habló de la modernización de los convenios colectivos, la digitalización de los procesos registrales, la eliminación de lo que llamó “la nefasta industria del juicio laboral” y -en una de los pocas si no la única precisión la creación legal de un banco de horas «para atender necesidades puntuales de las empresas», es decir, la eliminación del pago de horas extras y, de hecho, del horario fijo de trabajo.
La CGT, preparada resistir -al menos, es lo que se dice puertas adentro-, se basa en un informe que ya circula internamente y colecta evidencia empírica de organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) y el Banco Mundial, con indicadores macro-laborales locales del INDEC.
El enfoque integra dimensiones productivas, fiscales y sociales, concluyendo que «reformas centradas en la reducción de costos laborales no garantizan mayor eficiencia ni creación sostenida de empleo formal», sino que tienden a «aumentar la rotación, la informalidad y la desigualdad», afectando la recaudación previsional y debilitando la demanda interna.
Entre los puntos clave, el documento destaca la flexibilización de la contratación y el despido, advirtiendo que, en contextos de bajo dinamismo económico como el actual, no genera empleo neto sino una sustitución de puestos estables por relaciones precarias.
Y cita estudios de la OIT (World Employment and Social Outlook, 2024) y la CEPAL (Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, 2024) para argumentar que esto incrementa la inestabilidad y la informalidad, sin expansión de la demanda agregada.
Los sindicatos, afuera
Otro eje del plan de Milei es la descentralización de la negociación colectiva: que los trabajadores tengan que proteger sus condiciones de trabajo de manera individual y no organizados internamente o respaldados por un sindicato.
Basado en el Global Wage Report 2024–2025 de la OIT y reportes de la OCDE, el informe señala que esta medida «produce caídas reales de salarios» y «aumenta la desigualdad interna entre empresas», rompiendo la función estabilizadora de la coordinación salarial a nivel sectorial.
El análisis también critica la idea de reducir cargas sociales y contribuciones patronales, argumentando que en economías estancadas no se traduce en más empleo sino en pérdida de ingresos fiscales y deterioro del financiamiento de la seguridad social.
En cuanto a la reforma del sistema de indemnizaciones y su reemplazo por fondos individuales de cese, el informe sostiene que no resolverá la litigiosidad laboral -causada principalmente por incumplimientos en salarios y aportes- sino que ocurrirá lo contrario, ya que debilita el poder disuasivo de la norma protectoria.
El informe concluye que la competitividad no se alcanza mediante la desregulación, sino a través de la inversión en productividad, justicia social y adaptación ecológica.
Aunque la CGT no ha emitido una posición oficial, estos argumentos ya recorren las mesas de los dirigentes y fundarían el rechazo al proyecto de Milei, priorizando evidencia internacional sobre los riesgos de precarización en un contexto de estancamiento económico.


