El informe que circula en la CGT y anticipa el rechazo a la reforma laboral de Milei

En medio del debate sobre la reforma laboral anunciada por el presidente Javier Milei durante un acto en Sidersa, un informe técnico comienza a circular entre algunos dirigentes sindicales de la CGT. Mundo Gremial tuvo acceso exclusivo a este documento, que analiza los posibles impactos de las medidas propuestas y podría servir de base para el rechazo al proyecto.

Reforma laboral: Flexibilización y despidos

El informe combina evidencia empírica de organismos como la OIT, la OCDE, la CEPAL y el Banco Mundial con indicadores macro-laborales locales del INDEC. Su enfoque integra dimensiones productivas, fiscales y sociales, concluyendo que reformas centradas en la reducción de costos laborales no garantizan mayor eficiencia ni creación sostenida de empleo formal, sino que tienden a aumentar la rotación, la informalidad y la desigualdad, afectando la recaudación previsional y debilitando la demanda interna.

Entre los puntos clave que se discutirán en el entorno cegetista, el documento destaca la flexibilización de la contratación y el despido, advirtiendo que, en contextos de bajo dinamismo económico como el actual, no genera empleo neto sino una sustitución de puestos estables por relaciones precarias. Cita estudios de la OIT (World Employment and Social Outlook, 2024) y la CEPAL (Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, 2024) para argumentar que esto incrementa la inestabilidad y la informalidad, sin expansión de la demanda agregada.

El ataque a las paritarias

Otro eje central es la descentralización de la negociación colectiva, que según el informe debilita el poder de negociación de los trabajadores, especialmente en sectores con baja organización sindical. Basado en el Global Wage Report 2024–2025 de la OIT y reportes de la OCDE, señala que esta medida produce caídas reales de salarios y aumenta la desigualdad interna entre empresas, rompiendo la función estabilizadora de la coordinación salarial a nivel sectorial.

El análisis también critica la reducción de cargas sociales y contribuciones patronales, argumentando que en economías estancadas no se traduce en más empleo sino en pérdida de ingresos fiscales y deterioro del financiamiento de la seguridad social. Evidencia del Banco Mundial (World Development Report 2024: Jobs and Economic Transformation) y la OIT (Informe sobre Protección Social 2024–2025) indica que tales recortes generan déficits previsionales estructurales, como se vio en experiencias argentinas de los noventa y 2016-2019.

Fondos de cese y jornada de trabajo

En cuanto a la reforma del sistema de indemnizaciones y fondos de cese, el informe sostiene que no resuelve la litigiosidad laboral —causada principalmente por incumplimientos en salarios y aportes— sino que debilita el poder disuasivo de la norma protectoria. Según la OIT y la CEPAL, estos fondos desplazan la responsabilidad al trabajador y resultan inadecuados para actividades con relaciones laborales continuas, planteando interrogantes sobre la intangibilidad del crédito laboral.

Respecto a la reducción de la jornada y organización del tiempo de trabajo, el documento reconoce resultados heterogéneos: puede elevar la productividad si se acompaña de rediseño organizacional, pero en sectores “hora-dependientes” deriva en horas extras no registradas o pluriempleo. Incorpora una mirada actualizada sobre riesgos climáticos, citando informes de la OMS y la OMM (2025) sobre estrés térmico, que exigen reforzar protecciones como pausas obligatorias y ajustes por calor para sostener la productividad y la salud laboral.

En sus implicancias macro-laborales, el informe enfatiza que la pérdida de poder adquisitivo reduce la demanda interna —principal motor del consumo en Argentina— y compromete la productividad agregada. Advierte sobre el incremento de la desigualdad, la fragilidad del crecimiento y riesgos fiscales, como la erosión de la base contributiva que amplía el déficit previsional y presiona el equilibrio presupuestario.

7 recomendaciones técnicas

Finalmente, el documento formula siete recomendaciones técnicas que podrían orientar la posición sindical: evaluación ex ante de impactos, protección del salario real, políticas integrales de formalización, sostenibilidad de la seguridad social, fortalecimiento del diálogo social, incorporación del cambio climático en la salud laboral y un enfoque de desarrollo productivo con transición justa. Estas sugerencias buscan equilibrar competitividad y equidad, argumentando que la productividad se logra con instituciones laborales fuertes, no con desregulación.

Aunque la CGT no ha emitido una posición oficial, fuentes consultadas indican que estos argumentos ya recorren las mesas de los dirigentes y podrían fundar el rechazo al proyecto de Milei, priorizando evidencia internacional sobre los riesgos de precarización en un contexto de estancamiento económico. El informe concluye que la competitividad no se alcanza mediante desregulación, sino mediante inversión en productividad, justicia social y adaptación ecológica.