En paralelo con la reforma laboral, La Libertad Avanza impulsa otro proyecto para impedir las huelgas
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La iniciativa propone restricciones a las huelgas al rescatar puntos del DNU 70/2023 y artículos que no quedaron en la Ley Bases. Su autora, una discípula de Florencia Arietto y Patricia Bullrich.
La Libertad Avanza, a través de la diputada Verónica Razzini, presentó en el Congresoun proyecto de ley que propone una fuerte restricción al ejercicio del derecho constitucional de huelga, al establecer nuevos requisitos casi imposibles de cumplir, sanciones severas y amplias prohibiciones sobre las medidas de fuerza sindicales. El proyecto, que toca aspectos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sumaría más limitaciones a las previstas en la reforma laboral.
La autora del proyecto es una empresaria con una fuerte impronta anti sindical producto de una pelea que protagonizó Camioneros, en 2020.
Ante esta situación, la empresa acudió a la Justicia y comenzó un juicio contra los cuatro dirigentes gremiales que estuvieron al frente de los bloqueos.
El recorrido político de Verónica Razzini: del PRO a LLA
Verónica Razzini empezó un recorrido político: con el respaldo de la abogada Florencia Arietto, fundó en 2022 el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) que, aunque nunca consiguió la personería jurídica, desde entonces asesora a pymes que denuncian ser afectadas por las protestas sindicales.
Patricia Bullrich, histórica enemiga de los colectivos sindicales, vio la escena y la sumó al PRO. Incluso, peleó para que fuese candidata a diputada nacional en 2023. Con el pase de la ex ministra a la fuerza violeta, Razzini ahora responde al partido de Javier Milei.
Con estos antecedentes redactó y presentó su iniciativa titulada “Protección Integral del Derecho a Huelga” que dio a conocer en este 2025.
Se trata de un texto que redefine el alcance del derecho consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y fija que solo los sindicatos con personería gremial podrán convocar huelgas, dejando fuera a cuerpos de delegados, agrupaciones informales o trabajadores autoconvocados.
Los puntos más controvertidos del proyecto
Entre los puntos más controvertidos, el proyecto impone un preaviso obligatorio de siete días hábiles, seguido de una conciliación obligatoria automática por diez días hábiles más, durante la que se prohíbe cualquier acción directa. De modo que desde la convocatoria a huelga hasta su realización efectiva pasarían 17 días hábiles como mínimo.
La diputada Verónica Razzini impulsa un proyecto antihuelgasEl incumplimiento de estos pasos convertiría a la medida gremial en “ilícita e ilegítima”, habilitando sanciones disciplinarias, acciones civiles y hasta penales.
Además, la iniciativa define como modalidades ilegales una amplia gama de prácticas sindicales históricas: ocupaciones de fábricas, bloqueos, piquetes, huelgas rotativas, trabajo a reglamento, quites de colaboración y asambleas sin autorización patronal, que podrían ser consideradas faltas graves y justificar despidos con causa.
Estos conceptos estaban en el fallido capítulo laboral del DNU 70/2023, que la Cámara Nacional del Trabajo suspendió y en los artículos de la Ley Bases que quedaron fuera de la sanción. Además, el texto de reforma laboral toca algunos aspectos para limitar la protesta gremial.
Pero en LLA dicen que eran necesario mayores “contornos”, como los que están plasmados en el proyecto de Razzini.
La eliminación del pago de salarios en protestas
Otro eje central del proyecto es la eliminación expresa del pago de salarios durante las huelgas, incluso cuando la medida sea declarada legítima o tenga origen en incumplimientos del empleador. El proyecto no da la posibilidad de no pagar salarios por los días de huelga sino que, directamente, dice que no se deben pagar.
Incluso, prohibe los acuerdos entre sindicatos y empresas establecidos en convenios colectivos según los cuales se contemple pagar remuneraciones en casos de medidas de fuerza.
En materia de servicios esenciales, la propuesta se solapa con el proyecto de reforma laboral de Federico Sturzenegger, eleva las exigencias de cobertura mínima hasta el 75% de la actividad, y crea la categoría de “servicios de importancia trascendental” —como transporte, educación, bancos y telecomunicaciones—, donde se exige un funcionamiento del 50% durante las huelgas.
Desde el sindicalismo advierten que el proyecto vacía de contenido el derecho a huelga, criminaliza la protesta laboral y consolida un modelo de relaciones laborales alineado con la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, priorizando la “seguridad jurídica empresarial” por sobre los derechos colectivos de los trabajadores.
