La reforma laboral incluye un profundo golpe al sistema de obras sociales, por la reducción de aportes patronales
Por Redacción EDA – 9 de febrero de 2026 – Fuente/imagen
Casi sin debate público ni discusión mediática, el proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno incorpora un cambio sensible en el financiamiento del sistema nacional del seguro de salud: la reducción de un punto porcentual en la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales. La medida baja el aporte empresario del 6% al 5%, lo que reduce el financiamiento total del sistema del 9% al 8% lo que, según especialistas y dirigentes gremiales, implica un traslado directo de costos desde los empleadores hacia los trabajadores y afiliados, que deberán hacerse cargo de pagos para estudios y tratamientos.
De acuerdo con estudios sobre el impacto de la medida, la baja de aportes patronales implicaría una pérdida de 994 mil millones de pesos por año. El recorte, además, llega en un contexto ya crítico para el sistema de obras sociales. A la caída del poder adquisitivo de los salarios, con haberes que quedaron rezagados frente a la inflación, se suma el proceso de “descreme” derivado de la libre derivación de aportes, que debilitó la intermediación obligatoria de las obras sociales sindicales. Desde el sector alertan que el efecto será desigual pero profundo: las entidades más pequeñas, con menos afiliados y costos fijos elevados, podrían entrar en una crisis terminal y ver seriamente comprometida la prestación de sus servicios.
Las proyecciones coinciden en que el ajuste terminará impactando en el bolsillo de los trabajadores. Entre las alternativas que se barajan para compensar la pérdida de ingresos figuran el deterioro de la calidad de los planes de atención, el aumento de las cápitas en sistemas desregulados y la generalización de copagos más altos y extendidos. En el caso de quienes combinan obra social con medicina prepaga, el menor aporte patronal implicaría un mayor gasto mensual para sostener el mismo nivel de cobertura.
Otro punto crítico es el golpe al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que financia los reintegros del Sistema Único de Reintegros (SUR), las prestaciones de alto costo y el Mecanismo de Integración para personas con discapacidad. La reducción de sus recursos limitará su capacidad para compensar asimetrías entre obras sociales, generando además demoras en los reintegros, y desfinanciamiwento de prestaciones de alto costo. El FSR es clave para sostener prestaciones vinculadas a discapacidad, medicamentos oncológicos, tratamientos de HIV y otros servicios esenciales.
Frente al avance del proyecto, que el oficialismo buscaría llevar aprbar en el Senado en los próximos días, las organizaciones sindicales se mantienen en estado de alerta. Desde la CGT reiteraron su disposición al diálogo, pero advirtieron que no descartan medidas de fuerza, incluido un paro nacional, si se mantiene la redacción actual. Los gremios sostienen que la reducción de aportes patronales no solo pone en riesgo la sustentabilidad del sistema solidario de salud, sino que constituye un nuevo retroceso en derechos que impactará de lleno en la vida cotidiana de los trabajadores y jubilados.
