Caputo le pide a las cámaras empresariales que celebren la reforma, pero la economía real impone un filtro sombrío

La media sanción de la reforma laboral en el Senado abrió un nuevo frente de debate. Mientras el proyecto avanza hacia Diputados, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en redes sociales la rebaja de cargas patronales y se quejó porque, según dijo, “ninguna cámara festeja” la reducción del 85% que el proyecto implica para los nuevos empleos. El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) promete llevar las contribuciones del 27% al 15% durante 48 meses para cada nueva contratación. Sin embargo, la pregunta que sobrevuela fábricas y obras paralizadas es otra: ¿quién va a aumentar sus plantillas en este escenario de constante caída de la actividad económica?

Los propios datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) muestran que el impacto estructural de la reforma es, sobre todo, fiscal. El costo directo inicial anual ronda los 0,47 puntos del PBI, con un recorte sensible en los recursos que financian la seguridad social. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) reduce aportes destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y desvía parte de esos fondos hacia cuentas individuales para cubrir indemnizaciones. La ingeniería de Caputo es clara: el fondo para el pago a jubilados contribuirá hoy a financiar nuevos despidos, con la excusa de que esto generará más empleo en el mediano o largo plazo. Una promesa que no parece tener ningún correlato con la realidad económica nacional que, en dos años de ajuste, flexibilización y reforma laboral de facto, solo perdió empleo, registrándose casi 300 mil puestos de trabajo formales menos.

La comparación internacional, bajo la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ubica a la Argentina en un rango intermedio de presión laboral. Con una carga tributaria del 34,6% para un trabajador formal sin hijos, Argentina incluso se encuentra por debajo del promedio OCDE (34,9%) y muy lejos de países desarrollados e industrializados como Bélgica (52,6%), Alemania (47,9%) y Austria (47,3%). Y, aun avanzando con la reforma, el país no saltaría a los puestos más bajos del ranking. El argumento del “costo laboral asfixiante” no encuentra asidero en datos reales y queda claro que la reducción de las contribuciones patronales solo apunta a mejorar los márgenes de ganancia empresariales, sin aportar nada en relación con la creación de empleo. Sin una economía dinámica, en la que la demanda y el aumento del consumo exijan más producción, no habrá nuevas contrataciones.

En ese punto coinciden incluso voces cercanas al oficialismo. El exministro Hernán Lacunza respaldó la reforma, aunque fue categórico: por sí sola no generará empleo; eso depende del crecimiento y la inversión. Y el crecimiento hoy muestra una geografía desigual. Sectores como energía y minería muestran buenos datos (pero son sectores con poca demanda de mano de obra), mientras que industria y construcción, grandes generadoras de empleo, atraviesan un presente crítico. Cierres de pequeñas y grandes empresas, suspensiones masivas, obras paralizadas y pymes que no llegan a pagar los salarios son parte de un paisaje real que no se modifica por la votación de una ley.

El frente inflacionario agrega presión a este panorama desolador y da pruebas de lo insostenible del proyecto económico del Gobierno. Consultoras privadas detectaron en febrero nuevas aceleraciones en alimentos, con la carne encabezando subas semanales de hasta 3% y acumulados cercanos al 5% en el mes. El asado, termómetro cultural y económico, volvió a tensar los bolsillos en un contexto donde el consumo interno sigue retraído. A la par, crecen las controversias por la postergación de la actualización metodológica del IPC del Indec, lo que multiplicó las críticas al ya menguado prestigio de las estadísticas oficiales.

Así, mientras el ministro expresa su asombro por la falta de aplausos empresariales, el escenario productivo luce más cercano a la crisis que al festejo. Con inflación en torno al 3% mensual, una actividad económica planchada y un mercado interno con desplome del consumo por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la rebaja de contribuciones aparece como una herramienta que podría mejorar algunos balances contables, pero que no modifica el pulso de la economía real. A dos años de una gestión que en sus inicios contó con un unánime apoyo empresarial, hoy el silencio de las cámaras sectoriales a las que Caputo les reclama festejos es mucho más elocuente que cualquier tuit.