79 años después: de los derechos proclamados por Perón a la reforma laboral de Milei

En una fecha cargada de simbolismo para el movimiento obrero argentino, este martes se cumplen 79 años de aquella jornada en el Teatro Colón donde Juan Domingo Perón institucionalizó la Declaración de los Derechos del Trabajador. Aquel acto no fue un hecho aislado, sino la consolidación de un vínculo estratégico entre el Estado y la Confederación General del Trabajo (CGT), que permitió transformar las emergencias sociales de la época en conquistas legales permanentes.

Mientras el calendario marca este aniversario, el escenario actual en el Congreso de la Nación presenta un contraste absoluto. La gestión de Javier Milei impulsa un proyecto de Reforma Laboral que, bajo el rótulo de «modernización», propone desarmar la estructura protectora que nació, precisamente, con aquel decálogo de 1947, cuando se cumplia un año de la primera victoria electoral de Perón.

De los derechos del trabajador a la reforma «regresiva» de Milei

La filosofía de 1947 ponía al ser humano como «centro e interés de todos los esfuerzos de los pueblos y de los gobiernos», entendiendo al empleo como una herramienta para el bienestar espiritual y material de la comunidad. En contraposición, los referentes sindicales actuales denuncian que la reforma de Milei busca tratar al trabajador como una «cosa» o un «engranaje» al servicio de la especulación financiera y los grandes grupos económicos y volver a un estado de esclavitud en la República Argentina.

Mientras que Perón promovía la defensa de los intereses profesionales para fortalecer a los sindicatos, el proyecto actual apunta a debilitar la negociación colectiva y limitar el derecho a realizar asambleas o medidas de fuerza. Asimismo, frente al histórico derecho a condiciones dignas, hoy se discuten jornadas de hasta 12 horas y hasta se intentó discutir la modificación de las licencias por enfermedad.

Pese a que el gobierno sostiene el carácter “modernizador” y en beneficio de la creación de empleo genuino, todas las centrales sindicales argentinas, así como diversos especialistas jurídicos y académicos, advierten sobre el carácter regresivo de la reforma que llevaría la legislación laboral a un estado de “preperonismo”, dejando de lado la mayor parte de las conquistas laborales conseguidas el último siglo, y violando tanto la Constitución Nacional, en particular el artículo 14 bis, sobre los derechos del trabajador, como los pactos internacionales asumidos por el país durante las últimas décadas.

El Decálogo de los Derechos del Trabajador (1947)

Aquel documento histórico presentado por Perón estableció diez pilares fundamentales para la justicia social:

• Derecho al trabajo: El empleo como medio de realización personal y social.
• Derecho a una redistribución justa: Salarios acordes al esfuerzo realizado.
• Derecho a la capacitación laboral: Formación para el progreso profesional.
• Derecho a condiciones dignas de trabajo: Ambientes saludables y respetuosos.
• Derecho a la preservación de la salud: Protección física y mental del operario.
• Derecho al bienestar: Acceso a la cultura y el esparcimiento.
• Derecho a la seguridad social: Cobertura ante contingencias de la vida.
• Derecho a la protección de su familia: El salario como sustento del núcleo familiar.
• Derecho al mejoramiento económico: Posibilidad de ascenso social constante.
• Derecho a la defensa de los intereses profesionales: Libertad de organización sindical.

Aspectos regresivos de la Reforma Laboral de Milei 

En la vereda opuesta, los dirigentes sindicales alertan sobre los puntos más polémicos que se debaten hoy en el recinto:

• Eliminación del Fuero Laboral: El traspaso de la justicia nacional al ámbito de CABA, lo que se denuncia como un intento de desmantelar la protección especializada.
• Modificación de indemnizaciones: Implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que reduce el costo de los despidos para las empresas y carga las indemnizaciones sobre el sistema previsional.
• Jornadas extendidas y Banco de Horas: Posibilidad de ampliar la carga horaria de la jornada laboral a doce horas.
• Blanqueo laboral «hacia abajo»: Incentivos que condonan deudas patronales pero no garantizan la estabilidad de los trabajadores informales.
• Menor poder sindical: Restricciones a la tutela de representantes y debilitamiento de los convenios colectivos por actividad.
• Debilitamiento de paritarias: Fomento de negociaciones por empresa que rompen los pisos salariales de la actividad.