Antihuelga: el gobierno copió el fragmento del DNU 70/23 frenado por la Justicia

Hay un dato que pone de manifiesto las intenciones del gobierno de Javier Milei de lograr, por la forma que sea, reducir al máximo las posibilidades de que los trabajadores hagan uso del derecho constitucional a huelga. Y es que en el decreto 340 publicado a mediados de semana hicieron un copy-paste de un fragmento del capítulo laboral del DNU 70/2023, suspendido por la Justicia y a la espera de una definición de la Corte Suprema desde hace más de un año.

La situación se explica en que el artículo 3 del decreto 340 difundido días atrás en el Boletín Oficial es una copia prácticamente total del artículo 97 del DNU 70 de diciembre del 2023. Un detalle no menor: el fragmento en cuestión integra el capítulo laboral del mega DNU que fue suspendido por decisión de la Justicia a instancias de la Cámara del Trabajo en diciembre del 2024. Un auténtico “si pasa, pasa”.

Como se mencionó antes, la copia es prácticamente total, y sólo se diferencia en que el transporte marítimo y fluvial pasó de estar entre las actividades de importancia trascendental en el DNU 70/23 a figurar entre los servicios esenciales del decreto 340. El resto es la misma redacción.

Tal vez la historia en torno a esta picardía del gobierno hubiera sido otra si la Corte Suprema se hubiera pronunciado en torno al capítulo laboral del DNU 70/23. Es que el fallo de la Cámara del Trabajo que hizo lugar al reclamo que había presentado la Confederación General del Trabajo (CGT) fue apelado por el Poder Ejecutivo en febrero del 2024 y los camaristas hicieron lugar a un recurso extraordinario federal con el objetivo de que el tema se resuelva en el Máximo Tribunal.

El objetivo de los representantes del Estado Nacional es que los supremos revoquen la sentencia de la Cámara que declaró la inconstitucionalidad del Título IV de ese famoso DNU y por ende el articulado laboral vuelva a tener vigencia.

El planteo está en la Mesa de Entradas judicial de la Corte desde el 12 de marzo del 2024, es decir, desde hace un año y dos meses. Si bien en la Corte no tienen plazos para emitir un fallo, en todo ese tiempo la causa no tuvo ningún movimiento.

Ola de planteos judiciales

Más allá de esa picardía del gobierno, al igual que como pasó con el famoso DNU 70, las centrales obreras decidieron dar la batalla judicial contra el tercer artículo del decreto 340 cuya puesta en práctica implica una fuerte restricción del derecho a huelga de los trabajadores y las trabajadoras. No hay que soslayar el contexto en el que la Casa Rosada reeditó sus intenciones: hoy el sector asalariado sufre de forma directa el castigo de la política económica libertaria, entre otros factores, a causa del atraso en los ingresos que genera el ancla salarial.

Al cierre de esta edición, desde la CGT le dijeron a Tiempo que aún se trabajaba en la redacción de un escrito para presentar en la Justicia durante la semana entrante.

Por otro lado, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores decidieron encarar una estrategia judicial en conjunto. Y es por eso que en los próximos días llevarán a la Justicia una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de la medida. Además, según supo Tiempo de parte de abogados de las centrales sindicales, las dos CTA y la CGT acordaron realizar una presentación ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar a violación al derecho a la huelga en Argentina. Buscan que el caso esté presente en la conferencia que se hará en ese organismo el 6 de junio próximo.

En tanto, el viernes por la tarde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Nacional) llevó a la Justicia Laboral el primer planteo en contra del decreto 340 firmado por Milei en Acuerdo de Ministros. Tal como dio a conocer este medio, presentaron una acción de amparo contra el Estado Nacional para que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la medida, al tiempo que pidieron el dictado de una medida cautelar que suspenda la vigencia del tercer artículo de la medida, que contiene los puntos anti-huelga.

La presentación tiene la firma del secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y de los apoderados Matías Cremonte y Mariana Laura Amartino. Con el patrocinio legal del abogado Pablo Barraza Guizzo, recayó en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 20, a cargo de la jueza Ana Alejandra Barilaro.

En su presentación, ATE cuestionó que el Ejecutivo «de ningún modo puede reglamentar el ejercicio de derechos constitucionales como el derecho de huelga, facultad que la Constitución sólo delega en el Poder Legislativo». Y que sólo podría hacerlo de forma excepcional, «en circunstancias que no se dan en este caso».

«De la lectura del listado (NdR: de actividades incluidas en el decreto restrictivo de Milei) se desprende el verdadero objetivo de esta conversión de la excepción en regla, por la cual ya no existen servicios esenciales, sino una abierta y profunda restricción prohibitiva del derecho de huelga», plantearon en el escrito.  «