Aportes patronales, discusiones por provincia o por empresa y convenios apuntados por el gobierno libertario, contra derechos laborales y conquistas sindicales

A pesar que va a ser tratado sobre tablas con los legisladores electos en las bancas de un Congreso Nacional, donde crecerá la representación parlamentaria de la administración libertaria, luego de las elecciones del pasado 26 de octubre; de esa fecha para acá, empezaron a circular los distintos «papers» de los proyectos que el oficialismo pretende hacer ley para flexibilizar las normas que rigen la ley de contrato de trabajo.

Si bien se utilizó como punta de lanza la iniciativa de la diputada santafesina Romina Diez, para dar a conocer algunos anticipos que llevaría La Libertad Avanza a la comisión de trabajo de la cámara baja, como la ampliación de la jornada laboral, la flexibilización de los convenios colectivos, las alternativas para el pago de las indemnizaciones por despidos, entre otras propuestas; existen documentados avances mucho más ambiciosos que podrían significar pérdida, tanto de derechos en los vínculos de relación dependencia, como de conquistas en lo que implica el ejercicio de la actividad sindical.

Así se sabe, que el Sindicato de Trabajadores de Edificio (SUTERH), que lidera Víctor Santamaría es uno de los convenios (ley 12.981), apuntados para su derogación, junto a cerca una decena de CCT mencionados puntualmente, como de los ámbitos periodísticos (ley 13.839), trabajadores de la comunicación (ley 14.954), choferes particulares (ley 12.867), entre otras actividades gremiales explicitadas específicamente.

Pero más allá de las normas que vinculan a los trabajadores con sus patrones, muchas incluidas en la primigenia ley base (DNU 70), frenada a partir del amparo presentado por la CGT, que tuvo el aval de Corte Suprema, que la declaró inconstitucional y suspendió su aplicación; ahora hay escritos a pedir de empresarios y funcionarios del área de desregulación, que sienten que este el el momento de «ir por todo», planteando negociaciones por empresa, o incluso por región. De ahí la importancia de la negociación con las provincias, exhibiéndose las posturas asumidas -apenas se conocieron los resultado de los comicios de medio término-, por muchos gobernadores, sumado también a la idea de echar mano sobre los aportes patronales, además de su función como agentes de retención de los porcentajes de los ingresos salariales que se destinan a coberturas sociales y beneficios para los trabajadores que garantizan sus derechos, frente a cualquier tipo de abuso de sus empleadores.

Mucho de todo esto, viene circulando desde hace tiempo en el Concejo de Mayo, que la central sindical integra con la participación del titular de la UOCRA, no siendo ya el único interlocutor, a partir de la renovación del Consejo Directivo de la confederación de la calle Azopardo, a partir de la conformación de un nuevo triunvirato de secretarios generales, que ahora integran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

De hecho, Sola y Jerónimo -de vínculo estrecho con Martinez-, ya debutaron oficialmente en sus cargos, advirtiendo a organismos internacionales -con la presencia de Veronica Nilsson, referente global de asuntos laborales y sociales en organismos como la OCDE y la Confederación Europea de Sindicatos (CES)-, «sobre el riesgo que implican las propuestas del gobierno nacional en el avance sobre el derecho a huelga», incluso impidiendo la realización de asambleas y protestas gremiales en los ámbitos de empleo.

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