CAMBIO DE DECISIÓN GUBERNAMENTAL: LOS PASAJES DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS PAGARÁN EL IMPUESTO DEL 30%

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LOS CIELOS SIGUEN SIN SER PARA AEROLÍNEAS ARGENTINAS.

Por resolución de la AFIP, conducida por la economista Mercedes Marcó del Pont, los pasajes de Aerolíneas Argentinas al exterior deberán pagar el 30% de recargo por el impuesto al dólar, incluidos los vuelos a países limítrofes. Sin embargo, ese impuesto no se paga si el traslado es en empresas de transporte que van vía terrestre. Una flagrante discriminación en perjuicio de las compañías aéreas. La AFIP decidió incentivar el negocio del transporte automotor de pasajeros, en desmedro del que brinda nuestro transporte aerocomercial. Creerá que así se cumple el objetivo del impuesto de, “fomentar el desarrollo nacional con equidad”. El valor del dólar para la venta de pasajes al exterior (internacional y limítrofe), es hoy para nuestra línea aérea estatal de $81,90.

La resolución desmiente lo afirmado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a fines de diciembre de 2019. Quien declaró que los pasajes de Aerolíneas Argentinas no estarían alcanzados por el recargo del 30%. Ésta no es solo una decisión de política fiscal, lo es también de Política Aerocomercial. La cual permanece sin revisión, modificaciones o “reperfilamiento”, de los parámetros y objetivos fijados por el gobierno anterior.

Su aplicación solo se explica, porque se pretende convalidar la Política Aerocomercial de los últimos cuatro años; o, se desconoce absolutamente el daño y el vaciamiento económico ex profeso provocado por el gobierno de Macri y su brazo ejecutor el ministro Dietrich, a Aerolíneas Argentinas y Austral, tanto por su política aérea como por la administración de ambas compañías. Denunciado durante cuatro años por APTA, y, ampliamente confirmado y ampliado por el actual Presidente del Grupo AR, licenciado Pablo Ceriani, en los últimos días. Ese perjuicio, fue extensivo al menos a todas las empresas aerocomerciales privadas, cuyos propietarios sustanciales o finales son argentinos.

Todos los que hoy claman y hacen lobby (desde el país y el exterior), exigiendo competencia leal para las empresas extranjeras, callaron y apoyaron cuando el gobierno anterior fijaba una Política Aerocomercial desleal, totalmente a favor de las empresas aéreas extranjeras, en especial las Low Cost, y en contra de las nacionales públicas y privadas. Convirtiendo en ganadoras a las primeras y perdedoras a las segundas, mediante la desregulación y la apertura indiscriminada de nuestros mercados aéreos. Esa política, era “juego limpio” para los voceros y lobistas de los negocios de las compañías aerocomerciales foráneas. Solo hubo denuncias constantes por parte de los sindicatos aeronáuticos.

No hubo quejas similares, por competencia desleal hacia las empresas aéreas nacionales, cuando se autorizó a empresas extranjeras a captar pasajeros desde nuestro mercado interno hacia el exterior, sin reciprocidad para Aerolíneas Argentinas y Austral. Ni cuando se autorizó a operar una abrumadora cantidad de nuevas compañías, muchas sin la capacidad técnica ni financiera para ser habilitadas. Tampoco, cuando se construyó con fondos públicos (USD 80 millones) el Aeropuerto Comercial del Palomar, tres fiscales federales pidieron su cierre definitivo, ante el peligro que haya que lamentar centenares de muertos; sin embargo, un ministro actual opinó que debe seguir operando), fue habilitado al solo efecto que las Low Cost, Flybondi y Jet Smart, ahorren un 70% en sus costos aeroportuarios, dándoles un insuperable subsidio nacional. Nadie se quejó, cuando distintas provincias y municipios otorgaron grandes subsidios públicos y aportes directos, en pesos y en dólares, a las empresas Low Cost, los cuales los exigían para volar a destinos rentables. Los únicos subsidios que se condenan, son los que reciben nuestras líneas áreas estatales, cuyos accionistas y dueños son todos los argentinos; es decir, es dinero de argentinos para sus propias empresas. Nunca, los que ahora protestan, hicieron críticas cuando Macri y Dietrich eliminaron la banda tarifaria mínima en cabotaje -que aseguraba una explotación rentable del negocio-, para posibilitar el dumping por parte de las empresas extranjeras en perjuicio de las nacionales, con el fin de quebrarlas y controlar nuestros mercados aéreos. A las Low Cost, la ANAC nunca les exigió el cumplimiento de la normativa aeronáutica de seguridad aérea, ni la de la calidad en la prestación de sus servicios, como lo hizo con las empresas aéreas tradicionales, otorgándoles de esa forma otro excepcional subsidio público. Todas esas prácticas económicas deshonestas, causaron el cierre de compañías nacionales como Avian y Lasa; que Andes haya tenido que devolver cuatro aviones y atraviese una muy complicada situación; que LATAM transfiriera operaciones locales y aviones a su holding, en desmedro de LAN Argentina; y, que Aerolíneas Argentinas y Austral debieran vender pasajes por debajo del costo para poder llenar aviones, con lo cual, cuanto más pasajeros llevaban más aumentaban su déficit. Desde el 2016 Aerolíneas Argentinas y Austral perdieron más de 10 puntos de participación en el mercado de cabotaje, y 8% en el internacional. Mientras tanto, en solo dos años la participación en cabotaje de las empresas Low Cost creció en forma exponencial, alcanzando el 20%.

Esa es la real y devastadora competencia desleal, ilícita y engañosa, que impuso el anterior gobierno y que aún continúa. Sus prácticas denigrantes, son las que ha hundido a nuestras empresas aéreas nacionales públicas y privadas. Sus víctimas finales serán los pasajeros o consumidores.

Tal vez la titular de la AFIP, como algunos miembros del Poder Ejecutivo, desconozcan la importancia y auténtica dimensión de la actividad de Aerolíneas Argentinas y Austral. Su relevancia estratégica para integrar económica y socialmente nuestro país, sobre todo, luego de la desaparición del sistema ferroviario nacional en los 90. Su inigualable contribución para generar riqueza y decenas de miles de trabajos genuinos, directos e indirectos. Si no lo comprenden correctamente, el destino de ambas (nuestro sistema de transporte público aerocomercial), puede ser el mismo que el de los ferrocarriles.

Solo Aerolíneas Argentinas y Austral vuelan a provincias cuyas rutas no son rentables. Solo Aerolíneas Argentinas y Austral, según un estudio de la universidad de Oxford, por cada puesto de trabajo directo generan 2,7 de trabajos indirectos, además de sostener las decenas de miles asociados al turismo internacional; en el 2014 el Estado le destinaba 0,06% del presupuesto nacional, mientras las empresas aportaban el 0,85% del PBI. Solo ambas, según información oficial de la anterior gestión, tienen un 87% de proveedores en el país que corresponden a Pymes, distribuidas en servicios, materiales generales y aeronáuticos. La existencia de esas Pymes depende de nuestras aéreas públicas. Únicamente Aerolíneas Argentinas y Austral, poseen Áreas Técnicas dedicadas al Mantenimiento y Reparación aeronáutica de magnitud muy superior a la de cualquier otra empresa aérea que opera en nuestro país; las que tienen Áreas Técnicas similares están ubicadas en el exterior. Esos centros de mantenimiento y reparación, emplean a la gran mayoría de los Técnicos Aeronáuticos que, en sus distintas especialidades, se gradúan anualmente en las escuelas de la Argentina. Son, además, centros receptores de tecnología aeronáutica de avanzada, y generadores de nuevos conocimientos técnicos nacionales. Solamente Aerolíneas Argentinas, podría y debería desarrollar una unidad de negocios de Carga General, la cual transporte nuestros productos hacia el exterior y traiga otros hacia nuestro país. Un negocio millonario de alta rentabilidad asegurada, que hoy se regala a empresas extranjeras. Además, si la carga aérea fuera transportada por nuestra línea aérea estatal, se podrían controlar los costos de los fletes aéreos desde y hacia nuestro país. Haciendo más competitiva nuestra producción y bajando los precios internos. Aerolíneas Argentinas y Austral, como todas las empresas nacionales cuyos propietarios últimos son argentinos, tienen otra ventaja, no remiten utilidades en dólares o euros al exterior, profundizando nuestra crítica restricción externa.

Por lo tanto, si no son iguales todas las compañías aerocomerciales que operan en nuestro país, en cuanto a lo que aportan a la Argentina y los argentinos, lo correcto, leal, sano y justo, es que no todas sean tratadas económicamente y fiscalmente igual. Todos los países del mundo desarrollado han protegido y protegen lo propio, muchísimos más ahora, en esta época de neoproteccionismo mundial creciente. La Argentina, la mayor parte de su historia, ha protegido lo ajeno.

Según el actual presidente del Grupo AR, Aerolíneas Argentinas y Austral fueron durante cuatro años desfinanciadas y descapitalizadas, y estaban en proceso de vaciamiento. El cobro del 30% para la venta de sus pasajes al exterior, reducirá a mínimos irrelevantes las ventas de esos pasajes y, en igual medida, sus ingresos en divisas. La mayoría de los costos de una empresa aérea son en dólares.

Consecuentemente, su necesidad de subsidios públicos aumentará (en proporción mayor a la potencial recaudación pública por aplicar el impuesto del 30%) y, será nuevamente demonizada por ello. Cuando las causas principales de esos subsidios exceden a su control: son por razones de una pésima situación macroeconómica y una peor política aerocomercial aún vigente.

Es imprescindible y urgente, que se “reestructure” la Política Aerocomercial heredada del gobierno de Macri – Dietrich. A los efectos de “emparejar la cancha”, de manera equitativa y positiva para los derechos e intereses nacionales.

Es una tarea del gobierno nacional, a concretar a través del Ministerio de Transporte. La nueva Política Aerocomercial, debe ser implementada y fiscalizada por un ente especializado, perteneciente a dicho ministerio. La ANAC, tiene otra misión y competencias.

La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, reitera su vocación y compromiso para colaborar con el actual gobierno, no como meros aplaudidores, sino como esforzados participantes. La presente crítica constructiva y fundamentada, es una de las formas para hacerlo. La única posible hasta el momento.

 

 

Ciudadela, enero 23 de 2020.

 

Ricardo CIRIELLI
Secretario General

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