Cheque en blanco para reprimir: las compras obscenas de Patricia Bullrich
contraeditorial.com / Por Carlos Romero / 22 abril, 2025
La ministra de Seguridad lleva gastados más de 56 mil millones de pesos en armas, municiones, gases lacrimógenos, equipo antidisturbios y vehículos. No hay ajuste para pertrechar a las fuerzas federales que son su brazo armado ante la protesta social.
Con la ministra Patricia Bullrich como brazo ejecutor, quizás la única política pública de Javier Milei desde que llegó a la Casa Rosada es la represión. Lejos del vaciamiento que aplica a toda otra área del Estado con un sentido social, en el aparato de policía inyecta con gusto recursos varias veces millonarios. No habrá plata para los remedios de los jubilados, los comedores infantiles, el CONICET, las universidades o las pensiones por discapacidad, pero sí para toneladas de municiones, pilas de escudos, escopetas, bastones y gases lacrimógenos. Con criterio previsor y como reaseguro del ajuste que recae sobre los sectores más golpeados de una sociedad en jaque, Milei y Bullrich fueron pertrechando para la refriega a sus fuerzas de seguridad. En total, llevan gastados más de 56.000 millones de pesos en un arsenal desmesurado, mucho del cual pudo verse últimamente cada vez que policías, gendarmes y prefectos entraron en acción, no combatiendo al crimen organizado, sino violentando, persiguiendo y llevándose detenidos a quienes protestan contra los recortes y el avasallamiento de sus derechos.
Plomo y fierros
En marzo, agosto y diciembre de 2024 el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de su Dirección General de Administración y por contratación directa, realizó compras centralizadas de municiones para distribuir entre la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal. De acuerdo a los tres expedientes que constan en el Portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR), se desembolsaron con ese fin más de 7.800.000 dólares. Es decir, tomando la cotización oficial previa a la devaluación de abril, por arriba de los 8.500 millones de pesos.
El proveedor fue Fabricaciones Militares SE, que le entregó a Bullrich un gran número y variedad de municiones: 5.373.000 balas plomo calibre 9×19 mm, para las pistolas reglamentarias que usan las fuerzas de seguridad en la Argentina; 416.070 balas de plomo calibre 12/70 mm, para escopetas; y de igual calibre, 349.200 balas de goma y 251.100 balas de estruendo. A eso se sumaron 91.800 cartuchos de balas de 7,62×51 mm, el calibre que emplean fusiles y ametralladoras.
Repasar la lista de compras de Bullrich suma más elementos para entender que nada de lo que viene ocurriendo en materia represiva es casual.
En total, son 6.481.170 municiones, una cifra que casi duplica la que precisó en septiembre pasado el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, en su informe ante la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, Francos adjuntó una tabla confeccionada por Seguridad donde lo comprado ya alcanzaba las 3.386.320 balas.
Pero Bullrich también acumuló otro tipo de cartuchos. Por casi un millón de dólares –expediente 28513523–, en marzo de 2024 encargó a Fabricaciones Militares SE una gran cantidad de “disuasivos químicos”, como se denomina en la jerga armamentista a los distintos tipos de gases lacrimógenos con los que las fuerzas de seguridad buscan desactivar manifestaciones. Justamente, uno de esos “cartuchos de hostigamiento”, lanzado por un gendarme durante la represión del 12 de marzo pasado, puso al borde de la muerte al reportero gráfico Pablo Grillo. Con esta contratación directa, el arsenal represivo de la ministra incorporó 3.895 cartuchos y 1.980 “granadas de mano de hostigamiento”. En total, son cerca de 6.000 unidades de gases antidisturbios, cada una con un precio de 169 dólares. Es decir, no muy lejos de la mínima fijada en abril para los mismos jubilados que son gaseados frente al Congreso.
El grueso de esa compra fueron “candelas” –cartuchos– para ser lanzadas con escopetas calibre 38,1 mm. Son tubos de aluminio de entre 190 y 300 gramos de peso, que en su interior llevan gases CS (clorobencilo-malononitrilo) y CN (cloroacetofenona), los componentes irritantes más utilizados por las policías de todo el mundo, en formatos de alcance mediano y largo. El prospecto los describe como un “elemento de disuasión” que permite, mediante un compuesto químico, la emisión de un gas en forma de nube continua y densa, o la dispersión de un polvo en un área extensa, que provocan un “efecto lacrimógeno altamente irritante sobre las vías respiratorias y piel, y ataque al sistema nervioso”. En el caso de las granadas de hostigamiento, junto con las de humo blanco (HC) –un “elemento de disuasión psicológica”, no irritante–, se adquirieron otras que, mediante un compuesto químico, emiten un gas (CS o CN) en forma de nube que, a los efectos antes mencionados, le suman “aturdimiento e imposibilidad de acciones coordinadas”.
El Ministerio de Seguridad avanzó, a la vez, en la compra de armamento. En julio de 2024, tras un proceso de licitación pública, le pagó a Bersa SA 8.295.480 dólares por 9.720 pistolas calibre 9 mm semiautomáticas de doble acción; 1.080 pistolas calibre 9 mm de doble y simple acción (compacta); y 2.000 escopetas semiautomáticas calibre 12/76. Cuatro meses después, por 2.045.250 dólares, recibió de Bersa SA otras 4.050 escopetas semiautomáticas calibre 12/76. En total, más de 10.340.000 dólares en “fierros”.
De shopping antidisturbios
Un mes después, llegó el turno de los equipos antidisturbios, el dress code represivo con el que en los últimos meses se pudo ver en las calles de la Ciudad de Buenos Aires a policías, gendarmes y prefectos. Por licitación pública, el Ministerio de Seguridad contrató por más de 2.835 millones de pesos a siete proveedores: Tecnología Antibalas SA, Carols SA, Fundas Argentinas SRL, Cooperativa de trabajo del Centro LTDA, Alberto Petersen SRL, Red Impact SA y Percles SA.
Según las condiciones del pliego de licitación (ver imágenes), entre diciembre de 2024 y abril de 2025, Bullrich fue recibiendo 3.645 unidades de distintos tipos de cascos antidisturbios; 4.060 guantes, entre tácticos y de protección antidisturbios; 607 escudos antidisturbios rectangulares y 1.350 tipo burbuja; 2.430 equipos de protección corporal antidisturbios; y 1.485 bastones (tonfas) largos y 1.080 cortos. La lista de encargo es extensa y diversa, pero sin dudas la ministra viene amortizando el gasto. En junio pasado, también había cerrado una licitación pública con Tecnología Antibalas SA para el envío de 19.700 chalecos de protección balística RB3, por 14.763.019.300 pesos.
Al margen de estas compras centralizadas, cada fuerza federal puede llevar adelante sus propias contrataciones. Por ejemplo, así lo hicieron la Policía Federal y la PSA, que también se pertrecharon con más elementos antidisturbios.
A la vez, como se ve en cada operativo, el parque automotor policial también se preparó con una inversión multimillonaria. En julio de 2024 –expediente N° 33234509–, Bullrich autorizó la compra por más de 12.140 millones de pesos de 175 camionetas 4×4 tipo patrullero, doble cabina, “con equipamiento de serie y accesorios básicos”; 13 vehículos de iguales características “para traslado de internos” y otros 13 “para el apoyo de los traslados de internos de alto riesgo”; junto a 101 camionetas 4×2 tipo patrullero, doble cabina, “con equipamiento de serie y accesorios básicos”. En la decisión administrativa que aprobó la “contratación directa por urgencia” de las firmas Igarreta SACI (un concesionario de Ford, por 8.356.531.600 pesos) y Toyota Argentina SA (por 3.784.319.914 pesos), se puso como argumento “la situación de emergencia en seguridad” en la ciudad de Rosario.
Hacia fines de 2024, junto con las fiestas, el parque vehicular de la policía y del resto de las fuerzas federales sumaron 81 nuevas motos de alta cilindrada –modelo KTM 890 Adventure–, adquiridas a la firma Grupo Simpa SA por 1.605.096 dólares. Por la misma época, hubo casi 3.000 millones de pesos para una adquisición centralizada de minibuses para traslado de personal y detenidos. La compañía Automotores Haedo SA proveyó 13 camionetas tipo minibus con capacidad 19+1, y otras 13 con capacidad 12+1.
Bullrich no se privó de contratar por 16.146.000 pesos los servicios durante 12 meses de una consultora para el monitoreo de medios de comunicación.
Bullrich tampoco descuidó el rubro innovación e invirtió 551.685 dólares de fondos públicos para incorporar una flota de vehículos aéreos no tripulados (VANT), los famosos “drones”. Adquirió de la empresa Automation Systems SA 69 de estas “plataformas aéreas robóticas con características de diseño aptas para aplicaciones profesionales de seguridad pública”.
Con el cheque en blanco para gastar, Bullrich no se privó de contratar por 16.146.000 pesos –expediente Nº 99667868– los servicios de una consultora para el monitoreo de medios de comunicación. Por 12 meses –desde diciembre de 2024 y hasta diciembre próximo–, le encargó a Ejes SA el seguimiento de “menciones al Ministerio de Seguridad, su ministro y funcionarios”, así como “toda información sobre las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio”. En concreto, Bullrich estaba interesada en “toda información referente a seguridad, justicia y derechos humanos”.
Lo dicho: la ministra estaba preparada. Sabía exactamente lo que iba a pasar, porque ella misma iba a provocarlo. Y usó miles de millones de pesos de fondos públicos para hacerlo.
Imagen: archivo
