Como si no tuvieran otra cosa de que preocuparse, la provincia de Buenos Aires y Flybondi se demandan mutuamente. Esta semana será el turno de la aerolínea
A fines de enero, el gobierno que encabeza Axel Kicillof, a través de su subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, dispuso una sanción a la aerolínea Flybondi “por haber detectado una conducta sostenida en perjuicio de los derechos de las y los consumidores bonaerenses».
Esta semana fue la aerolínea quien contraatacó al anunciar el inicio de una demanda contra la provincia por el mismo valor – 300 millones de pesos – por considerar “ilegítimo el reclamo”, además de solicitar que se declare nula la sanción.
La historia se inició a fines de enero cuando el Ministerio de Producción bonaerense informó a través de un comunicado que «la aerolínea había sido sancionada tras confirmarse sus infracciones a la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor.
Si bien la demanda no era muy específica, se entendía que la misma estaba relacionada con cancelaciones y demoras de la línea aérea. El argumento de las autoridades provinciales era que la aerolínea era sancionada por infracciones a la Ley N° 24.240“ a partir de 2400 reclamos y denuncias realizadas por usuarios de la provincia de Buenos Aires».
Flybondi, además de señalar que la imputación “no era precisa ni concreta”, pidió la intervención de la ANAC que, a diferencias de la dirección provincial, es el organismo regulador de la actividad aerocomercial en la Argentina.
Sin embargo, para poder iniciar ahora la demanda, la aerolínea estaba obligada a pagar la multa, lo que fue considerado “injusto e incompatible con el principio de inocencia en tanto obliga al supuesto infractor a cumplir con la sanción antes de que esta hubiera sido confirmada por sentencia firme”. Esto llevó a Flybondi a sostener “que exigir el pago de una multa inusitada y desproporcionada afecta garantías constitucionales que aseguran la defensa en juicio».
Esta semana la aerolínea anunció que presentará una demanda contra la provincia de Buenos Aires para pedir que se declare la nulidad de la multa que le impuso, “debido a los supuestos vicios que presenta la resolución” y la “forma arbitraria” en que la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios realizó todo el procedimiento, además de insistir con que la provincia “no es autoridad competente para entender cuestiones vinculadas a la actividad aeronáutica”.
En su argumentación la empresa sostiene, además, que la Dirección provincial no realizó ningún análisis de las denuncias supuestamente involucradas, ni notificó la totalidad de reclamos. Además, sostiene la compañía, “no se probó en ningún momento la veracidad y/o procedencia de dichas denuncias y/o si las supuestas cancelaciones contaban con justificación y respaldo legal previsto en las propias regulaciones aeronáuticas”.
