Con los gremios en la calle, la Marcha Federal Universitaria desbordó al Congreso
Contra el DNU 70 y el ajuste.
estadodealerta.com.ar
La masiva quinta Marcha Federal Universitaria confluyó en Plaza Congreso con otra gran cantidad de protestas sectoriales. Las demandas al Gobierno nacional por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, convocó a sectores diversos que plantean la defensa del sistema científico, el rechazo al DNU 70/23, la defensa de la ley de tierras, el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad. La consigna que más se repitió en toda la jornada fue “Milei, cumplí la ley”, en referencia a la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso y respaldada por la Justicia, pero que el Gobierno sigue sin aplicar.
La presencia sindical aportó gran volumen y diversidad a la convocatoria. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que acompañó un paro de 24 horas, estuvo lejos de ser el único convocante sindical. La jornada coincidió con un paro docente en la provincia de Buenos Aires, y hubo réplicas en Córdoba, Rosario, Entre Ríos y otras ciudades. También movilizaron muchos otros gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma), de la UTEP y otras organizaciones sociales, junto las organizaciones sindicales educativas (CTERA, SADOP, APUBA, AGD-UBA, Conadu Histórica, Fedun, Fatun y UDA, entre otros), además de trabajadores de Aduana, Camioneros, Sitraju, Bancarios y el SUTNA, entre muchos otros, junto con agrupaciones de jubilados, de inquilinos y del campo de la discapacidad.
Según AGD-UBA, un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva cobró en octubre un básico bruto de $561.659, cuando la ley le asignaría $741.111, lo que implica una deuda del 32%. Desde que asumió Milei, la inflación acumulada llega al 344,15% y los salarios docentes subieron 236,6%. El gremio denunció además un éxodo de más de 1.200 docentes e investigadores de la UBA. A eso se suma un Presupuesto 2027 que destina unos $7,3 billones a las universidades, frente a los $11 billones que el CIN considera necesarios para funcionar. El documento leído en todo el país reclamó un incremento del 33,4% sobre el proyecto del Ejecutivo y advirtió que las universidades corren el riesgo de no poder sostener sus funciones el año próximo y también cuestionó el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024.
En paralelo, el oficialismo logró su objetivo en Diputados, donde la sesión convocada por la oposición para derogar el DNU 70/23 se cayó por falta de quórum. Según las crónicas, las ausencias de legisladores alineados con gobernadores aliados fueron decisivas (dando cuenta de negociaciones previas contra reloj con los gobernadores), en un contexto en que el Gobierno había hecho concesiones a esos bloques en las semanas previas. Ahora el oficialismo pone el foco en la sesión del 21 de octubre, en la que buscará restablecer la ley de tierras y debatir proyectos sobre morosidad y discapacidad.
Cerca de las 16, mientras se desarrollaba el acto central, comenzó la represión de las fuerzas de seguridad respónsables del operativo, se desplegó una lluvia de gases lacrimógenos y balas de goma que, junto con los cañones de agua de los hidrantes, dejaron un saldo de decenas de heridos de diversa gravedad. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habló de “los mismos violentos de siempre”, mientras que el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, afirmó que hubo una provocación y que “toda manifestación termina con represión”. El diputado Esteban Paulón denunció que lo gasearon al salir de la sesión, en el hall del Congreso, y que los gases siguieron en la plaza.
La represión se extendió durante varias horas en Plaza Congreso y sus alrededores hasta el momento del cierre de esta nota. Muchos manifestantes de la movilización masiva y pacífica se retiraron ante la lluvia y la represión. Para el movimiento obrero y universitario, el cuadro es el mismo que denuncian hace meses, el de un Gobierno que desoye al Congreso y a la Justicia, que responde con la acción de las fuerzas de seguridad ante el reclamo para que se cumpla por fin el oficialismo responda a las demandas sociales y que se cumpla con la ley.
