Contra el Parlamento y la Justicia: el Gobierno «suspende» la ley de Discapacidad y avanza con el desguace del INTI

Finalmente, al borde del límite legal, este lunes el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad pero, como lo había anticipado el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, afirmó que la norma quedará “suspendida” hasta que el Congreso defina de dónde van a salir las partidas específicas para financiarla. También, contra lo decidido en el Parlamento y las cautelares judiciales, las autoridades del INTI impulsan el vaciamiento y la continuidad de los despidos. Pero se le aumentó el presupuesto a la AnDis, denunciada en las últimas semanas como un foco de millonarios negociados ilegales.

Tras fracasar con el veto, que fue rechazado por el Congreso, y habiendo retrocedido en lo que hace a las amenazas de “judicialización”, esta decisión oficial busca por medio de una maniobra evitar la aplicación efectiva de una ley que combatió hasta el último momento. La cuestionable decisión se oficializó por medio del decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, donde se plantea que la ley «queda suspendida en su ejecución» hasta que el Congreso «determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé».

Ante esta decisión de la administración de Javier Milei, numerosas críticas plantearon la “inconstitucionalidad” de la misma, que incluso abriría las puerta a un posible pedido de expulsión para Francos y al pedido de juicio político contra Milei. El diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón explicitó sus críticas, planteando desde redes sociales: “La Constitución es clara. Ley aprobada y vigente se cumple. No existe tal cosa como ‘devolver al Congreso’”. En este sentido, se remarcó la “creatividad legislativa” que aplica el oficialismo para evitar cumplir con el mandato legislativo, considerando que esto “es causal de denuncia penal, moción de censura y pedido de juicio político», tanto para Milei como para Francos. El diputado también amplió en Tribunales la denuncia que ya había realizado previamente en relación con esta “maniobra inconstitucional del poder Ejecutivo”.

Confirmando su afán por desobedecer al Parlamento y la Justicia, el Gobierno también busca avanzar con la reforma regresiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Desde la Asamblea Multisectorial del organismo se denunció que, pese al freno judicial y parlamentario contra el decreto de reorganización del organismo, las nuevas autoridades nombradas por el Gobierno avanzan con un plan de despidos, cierre de diversas sedes y suspensión de becas, en lo que define como un «vaciamiento encubierto” y un “desmantelamiento de facto”. En un comunicado, explicaron que la Secretaría de Industria y Comercio busca imponer la centralización de hecho y amenaza con el despido de numerosos trabajados monotributistas con contratos a vencer en estos días, en un marco de creciente violencia laboral y violación del convenio colectivo vigente.

En contraste, en la Decisión Administrativa 24/2025 (también publicada este lunes en el Boletín) se reasignaron partidas para reforzar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde el 1° de octubre, con el objetivo de actualizar pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas (Ley 24.901), aumentando el presupuesto de la agencia que se encontró en el centro de graves denuncias de corrupción en $121.363.881.238.